¿Cuándo toca prevenirse contra la extrema derecha?

Desde hace tiempo, pueden leerse noticias y análisis frecuentes sobre el crecimiento exponencial de la extrema derecha en Europa. En lo que hace a España, el goteo de atropellos contra los derechos y bienes de personas y colectivos por parte de grupos fascistas parece no cesar.

Con amenazas y agresiones, se revientan actos públicos en reconocimiento de la nacionalidad catalana. Locales y sedes de partidos de izquierda y de asociaciones que denuncian el racismo aparecen con destrozos y pintadas intimidatorias. Son numerosas las personas que por su orientación sexual o política, o por su condición nacional o económica, han sufrido coacciones, vejaciones, lesiones o incluso han sido asesinadas por el terrorismo ultraderechista. Dadas estas dosis regulares de violencia y contemplado el contexto europeo de crecida fascista, ¿hasta cuándo hay que esperar para recordar que el derechismo integrista es un peligro de primer orden para la sociedad?

El problema entre nosotros -y en países como Grecia- cuenta con un punto más de gravedad, pues de ser una corriente política deleznable seguida por cada vez mayor número de fanáticos, puede que se esté infiltrando o se encuentre directamente viva entre efectivos de cuerpos policiales y militares, al menos en lo que hace a su núcleo vital racista, jerárquico, ultranacionalista y ajeno a la humanidad de quien es considerado como enemigo. Suele pasarse por alto que un Estado constitucional y democrático debe contar con fuerzas de seguridad imbuidas de respeto escrupuloso a los valores cívicos del constitucionalismo y la democracia, no adoctrinadas en prejuicios patrioteros o en convicciones primarias excluyentes.

Desde posiciones liberales, se sostiene que la misma sociedad se basta y se sobra para generar los mecanismos morales y culturales necesarios para marginar el fascismo. Quienes secundan este parecer olvidan que justamente el pretendido desenvolvimiento “espontáneo” de la sociedad liberal es el que está creando las condiciones propicias para el resurgimiento fascista.

Otros creen que el hecho de ser el Partido Popular la formación absorbente de toda la derecha española nos salva de posibles despeñaderos ultraderechistas. Varios son los descuidos en este diagnóstico tranquilizador. No solo existen ya formaciones de extrema derecha, que, visto el hondo desprestigio del partido en el Gobierno y la celeridad de los tiempos de crisis, bien pueden ver multiplicados sus apoyos en breve lapso. También existe el notorio peligro de que, para evitar esa posible fuga de adhesiones, el sector más extremista concluya por marcar la agenda popular, algo patente en engendros legislativos como los que preparan sobre el aborto o la seguridad ciudadana.

En definitiva, ambas lecturas coinciden en recetar la inacción, actitud muy poco recomendable en este escenario europeo y dada nuestra situación particular, de falta persistente de condena unánime de la dictadura franquista.

En círculos más conscientes del peligro se exige represión. Como potenciales terroristas que son, se trataría de prohibir sus publicaciones, disolver asociaciones, liquidar partidos, suspender actos, perseguir a miembros y condenarlos por profesar creencias funestas para la sociedad.

Esta salida no lleva a solución alguna. No solo se cuenta con el peligro de extender el mal, incitando posibles reacciones compensatorias que vengan a legitimar lo que se pretende erradicar. También se corre el riesgo de pagar la persecución del fascismo con la inoculación en el propio Estado de prácticas fascistas. Por ahora, al Estado le basta para combatir los exabruptos ultraderechistas con los recursos penales disponibles, entre los que figura la agravante general aplicada a los delitos cometidos por motivos discriminatorios de toda índole (art. 22.4 del Código penal).

El problema hay que combatirlo en su origen, que no es sino cultural y, fundamentalmente, económico. Empieza por ayudar muy poco la representación espacial y circular del espectro político que, de manera simplista, identifica “los extremos populistas” de uno y otro signo. Basta recorrer los idearios ultraderechistas y ultraizquierdistas para apercibirse de que muy poco tienen que ver el racismo y la multiculturalidad, las jerarquías con la igualdad absoluta, las fobias violentamente excluyentes con el discurso de la inclusión total, o el fundamentalismo nacionalista con el más abierto de los internacionalismos. Equiparar fascismo y antifascismo puede parecer una estrategia neutral y equidistante que redunde en favor del borroso centro político, pero en la práctica solo termina beneficiando a la extrema derecha. Podría aducirse que tanto unos como otros se abrazan en su común justificación de la violencia, pero las diferencias siguen siendo insalvables entre su ejercicio efectivo contra minorías y su alusión retórica en proclamas revolucionarias, o su recurso defensivo precisamente contra la amenaza fascista.

Que combatir de raíz el virus ultraderechista sea asunto cultural conecta con una de las dimensiones fundamentales de la “memoria histórica”. Ha de concebirse ésta como la debida justicia y reparación a las víctimas del fascismo, pero también como el recuerdo socializado permanente de la barbarie, pues solo una conciencia colectiva despierta en este particular, transmitida entre generaciones, nos puede salvar de tropezar de nuevo con tan abominable error. De hecho, el creciente olvido entre los más jóvenes de lo que supuso el terror fascista es directamente proporcional a la intensidad de su reaparición. Por eso deben celebrarse disposiciones como la incluida en el anteproyecto de ley andaluza de memoria histórica, que inserta en el currículum educativo de la enseñanza no universitaria la materia de “memoria democrática”.

Arrostrar a la extrema derecha en el plano cultural implica otra obligación de mayor envergadura. En su valioso opúsculo sobre Educar después de Auschwitz, Theodor Adorno identificaba como la «condición psicológica» fundamental del Holocausto «la incapacidad de identificarse» con el otro. Solo un sentimiento extendido de indiferencia hacia qué ocurría en los campos de concentración explica que en éstos se pudiera aniquilar burocráticamente a centenares de miles de personas. El predominio absoluto del interés propio, la deshumanización ulterior de nuestros semejantes y el consiguiente desprecio hacia su suerte son las bases culturales que conducen al fascismo, y deben contrarrestarse a través de la educación, promoviendo los valores opuestos de la igualdad, la cooperación, la solidaridad y el humanismo.

El problema es que tales bases son las propias de la antropología capitalista. La acostumbrada afirmación de que los camisas pardas, azules o negras fueron la infantería del capital tiene una carga de profundidad mayor de la esperada. No es que el capitalismo se defienda a través del fascismo; es que lo produce de forma ineluctable. Tanto es así que vuelve a resucitar sin contar con el “enemigo comunista” enfrente, desmintiendo con ello el canon interpretativo según el cual el fascismo fue el morboso antídoto segregado de forma natural por la sociedad burguesa para defenderse del veneno comunista. Aun sin presencia probable de revolución social, el ultraderechismo vuelve a crecer, mostrando que su esencia no radica en su función contrarrevolucionaria sino en participar del desenvolvimiento del propio capitalismo.

Los testigos más perspicaces de la opresión lo vieron claro. El gangsterismo nacionalsocialista fue una consecuencia natural de la concentración de poder característica del capitalismo de monopolio. El aislamiento individualista y la enajenación respecto de la propia vida que conlleva la integración capitalista contribuyen, por necesidad, a añorar la pertenencia a un cuerpo colectivo místico y la protección (dominio) de un líder omnipotente. Por su parte, los que asistieron a la fundación del Estado social y democrático fueron conscientes de que sus exigencias de homogeneidad económica y distribución del poder eran ante todo un medio para prevenir la recaída en el fascismo.

Por eso, combatirlo es también una tarea económica, consistente en la desoligarquización de la sociedad, en el reparto del poder político y social. Justo lo opuesto de lo que hoy marca las prioridades, condenándonos a que sea demasiado tarde para sacrificar a la serpiente que descuidadamente incubamos.

Desde hace tiempo, pueden leerse noticias y análisis frecuentes sobre el crecimiento exponencial de la extrema derecha en Europa. En lo que hace a España, el goteo de atropellos contra los derechos y bienes de personas y colectivos por parte de grupos fascistas parece no cesar.

Con amenazas y agresiones, se revientan actos públicos en reconocimiento de la nacionalidad catalana. Locales y sedes de partidos de izquierda y de asociaciones que denuncian el racismo aparecen con destrozos y pintadas intimidatorias. Son numerosas las personas que por su orientación sexual o política, o por su condición nacional o económica, han sufrido coacciones, vejaciones, lesiones o incluso han sido asesinadas por el terrorismo ultraderechista. Dadas estas dosis regulares de violencia y contemplado el contexto europeo de crecida fascista, ¿hasta cuándo hay que esperar para recordar que el derechismo integrista es un peligro de primer orden para la sociedad?