Frente al despotismo urbano, comunalizar la ciudad

Frente a la emergencia habitacional y a la inexistencia de un parque de vivienda social en Barcelona, distintas entidades sociales de la ciudad han impulsado una moción en el Ayuntamiento para ampliar el parque de vivienda asequible en la ciudad. Esta moción se ha aprobado con un amplio consenso en el pleno municipal de febrero del 2018. Sin embargo, en las últimas semanas la presión ejercida por los promotores inmobiliarios ha puesto en peligro la modificación del Plan General Metropolitano que garantiza la aplicación real de esta medida.

Gracias al liderazgo de los movimientos sociales, finalmente se ha aprobado el pasado 18 de junio la obligación de dedicar un 30% de las nuevas construcciones y rehabilitaciones a viviendas sociales. Esta aprobación demuestra que frente a los lobbies inmobiliarios y a las lógicas partidistas la ciudadanía organizada puede transformar las reglas del juego y responsabilizar los sectores privados cómplices de la emergencia habitacional que vivimos. ¿Quién es legítimo en la ciudad para tomar decisiones? ¿Es posible legislar y crear nuevas leyes garantistas desde afuera de las instituciones políticas? ¿Qué ciudad queremos, por quien está hecha y para quién?

En los últimos días, los representantes de los promotores inmobiliarios han expresado en distintos medios su inquietud frente a esta moción: la medida paralizaría el sector y el país y tendría un efecto negativo sobre el precio de las viviendas. Otra manera de considerar el asunto es estimar que los promotores ya se pueden dar por más que satisfechos con el 70% de las nuevas construcciones que les queda para poder especular. Podríamos así considerar que en realidad el 100% de las nuevas construcciones pertenece a la ciudad en su conjunto. Pertenece a las obreras y a los obreros que construyen las obras, a las mujeres que sostienen la reproducción de la vida, a las familias que menos recursos tienen y ni siquiera pueden acceder a una vivienda digna.

Los promotores inmobiliarios no son actores económicos neutros que trabajan para el interés general, sino que generan rentas de monopolio especulando con nuestras ciudades. Que no nos engañen: la captación de la plusvalía inmobiliaria no se puede confundir con la propiedad legítima. La historia reciente de las burbujas inmobiliarias en Catalunya y en España, con sus consecuencias sociales desastrosas, nos recuerdan que los intereses privados de los promotores y el interés general del bien común de la ciudad no son solo distintos, si no radicalmente opuestos. Co-responsabilizar el sector privado es ante todo regular sus actividades especulativas para garantizar la función social de la propiedad del suelo urbano.

Pero los promotores inmobiliarios no son los únicos que quieren acapararse del poder de decisión sobre la vida urbana común. En los últimos días, algunos grandes medios de comunicación y grupos municipales han cantado al unísono la misma canción: la destinación de un 30% de las nuevas construcciones a vivienda protegida sería una medida “de la Colau” y del Gobierno Municipal. Estas declaraciones no son solo falsas, sino que tienden a deslegitimizar la ciudadanía organizada como sujeto político en la ciudad. Lo que no pueden aceptar es que entidades sociales que no son partidos políticos puedan legislar directamente y tomar decisiones que nos afectan a todas.

Sin embargo, la realidad tiene una historia diferente que contar. En realidad, sí que se pueden cambiar las reglas del juego desde afuera de las instituciones estatales. La historia de la “moción para ampliar el parque de vivienda asequible de la ciudad” empieza hace un poco más de año, en una asamblea de coordinación de la PAH de Barcelona. De esta lluvia de ideas y de algunos post-it de colores colgados en las paredes del local de Lleiva 37 nacen unas propuestas reales, concretas, para que Barcelona por fin tenga viviendas dignas para sus ciudadanos. Estas medidas nacen de la inteligencia colectiva, asamblearia, de las personas directamente afectadas por la ausencia de un parque de vivienda social en la ciudad. Las propuestas así esbozadas fueron después consensuadas durante meses de trabajo conjuntamente con otras entidades sociales de la ciudad, como el Observatori DESC, la FAVB (Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona), l'ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible) y el Sindicat de Llogaters i Llogateres.

Despotismo: se dice de aquel sistema político en el que el soberano decide solo de la vida de todos los demás. Es el imperio de las decisiones arbitrarias de algunos pocos sobre la vida cotidiana de todos. Pero todo indica que el despotismo no solo es la forma de gobierno pasada de algún monarca megalómano. La campaña de deslegitimación de esta moción ha revelado el escenario actual del despotismo urbano. Porque no se trata solamente de determinar qué porcentaje de las nuevas construcciones será destinado a vivienda social, sino de decidir quién hace la ciudad y para quién. De un lado, los partidos políticos y los lobbies inmobiliario y del otro la ciudadanía organizada, y también aquellos ciudadanos que ni siquiera tienen el poder de organizarse. Frente al imperio propietario, la potencia de los usuarios de la ciudad. Frente a las lógicas partidistas, la potencia del autogobierno ciudadano. Frente al despotismo urbano, la comunalización de la ciudad.

Que la ciudad sea nuestra implica que sus usos cubran necesidades tan básicas como tener una vivienda digna. Con más de 400 familias esperando un piso en la mesa de emergencia, la ciudad de Barcelona necesita de manera urgente ampliar su parque de vivienda asequible. Pero que la ciudad sea nuestra también significa que nosotras somos legítimas para decidir democráticamente de los usos de la ciudad. Que ni los poderes privados ni los poderes estatales puedan acapararse de las decisiones políticas. Que las 400 familias de la mesa de emergencia y todos otros los miles de familias afectadas por la emergencia habitacional puedan decidir soberanamente qué uso del suelo urbano queremos, qué ciudad queremos. Que la ciudad sea nuestra significa que no solamente la ciudad nos afecta, si no que nosotras también afectamos a la ciudad.

Frente a la emergencia habitacional y a la inexistencia de un parque de vivienda social en Barcelona, distintas entidades sociales de la ciudad han impulsado una moción en el Ayuntamiento para ampliar el parque de vivienda asequible en la ciudad. Esta moción se ha aprobado con un amplio consenso en el pleno municipal de febrero del 2018. Sin embargo, en las últimas semanas la presión ejercida por los promotores inmobiliarios ha puesto en peligro la modificación del Plan General Metropolitano que garantiza la aplicación real de esta medida.

Gracias al liderazgo de los movimientos sociales, finalmente se ha aprobado el pasado 18 de junio la obligación de dedicar un 30% de las nuevas construcciones y rehabilitaciones a viviendas sociales. Esta aprobación demuestra que frente a los lobbies inmobiliarios y a las lógicas partidistas la ciudadanía organizada puede transformar las reglas del juego y responsabilizar los sectores privados cómplices de la emergencia habitacional que vivimos. ¿Quién es legítimo en la ciudad para tomar decisiones? ¿Es posible legislar y crear nuevas leyes garantistas desde afuera de las instituciones políticas? ¿Qué ciudad queremos, por quien está hecha y para quién?