La hora de la desrepresentación política

Imagínese usted que para ir a comprar un kilo de tomates tiene que elegir a un alguien que efectúe la transacción en su lugar, o que no pueda matricularse en la universidad sin que lo haga su representante, o que necesita un intermediario para abrirse una cuenta bancaria, cambiar de domicilio, pagar sus impuestos...

Uno supone que, al alcanzar la mayoría de edad, tiene la capacidad suficiente para obrar en cualquier aspecto vital, pero no es cierto. Existen ámbitos de la vida en comunidad que nos exigen actuar por medio de representante, como si fuésemos menores y necesitáramos un complemento a nuestra voluntad y capacidad de obrar. Generalmente, estas representaciones forzosas requieren de una ley o de una sentencia judicial que las determine. Es el caso de la representación mediante abogado y procurador en un proceso judicial, de la representación tras una declaración de incapacidad o en caso de ausencia. Pero también en la vida política.

Pensamos que la representación política es un derecho, y esto sucede porque la confundimos con el derecho de sufragio, de elegir a las personas que nos representan en distintas instituciones (el Congreso, un Parlamento autonómico o el Ayuntamiento). Pero la representación política es forzosa, una obligación. Si usted no participa en unas elecciones o si el candidato por el que apostó no resulta elegido, seguirá estando representado por la composición final de la institución de turno. Es decir, que los cargos electos que resulten de unos comicios electorales decidirán sobre aspectos que afectarán a su vida, sí o sí.

Da igual que el artículo 23.1 de la Constitución diga que tenemos derecho a participar en la vida política directamente o a través de representantes pues, de facto, sólo se contemplan vías de participación del segundo tipo. Ni siquiera la Iniciativa Legislativa Popular o el Referéndum son herramientas de participación directa, pues necesitan del visto bueno o de la convocatoria, respectivamente, de órganos copados por representantes políticos.

La representación política es forzosa y es una situación de inicio, desde que se nace y hasta que se muere. Vivimos tutelados por nuestros representantes como si fuésemos menores de edad, como si no tuviésemos la suficiente capacidad para decidir sobre cuestiones fundamentales que nos afectan, como una reforma laboral, el derecho a interrumpir el embarazo, el de decidir la forma de la jefatura de estado o si queremos tener un estado propio, diferente.

Como he dicho anteriormente, en el ordenamiento jurídico se regulan diversas formas de representación forzosa, pero todas ellas tienen una justificación, que suele relacionarse con la ausencia -no se puede actuar por uno mismo si no se está presente-, o con la capacidad de obrar -caso de los menores, de los discapacitados mentales o de procesos especiales como un juicio-. Pero, ¿cuál es el motivo para que no podamos actuar sin representación en lo político? Desde luego, y viendo algunos de los especímenes que ejercen de políticos, no se puede justificar esa representación por incapacidad. Además, habría que realizar tests de capacidad individuales para determinarlo y, quizás, Andrea Fabra o Ana Botella no los pasarían.

La explicación con más sentido sería la de la ausencia, es decir, que no cabemos todos en las habitaciones donde se discute y se toman las decisiones, ya sea el Congreso o un salón de plenos de un Ayuntamiento. Pero eso ya no es verdad. Gracias a los avances en las tecnologías de la comunicación, cualquier persona puede hacer llegar su parecer sobre cualquier cuestión en décimas de segundo. Hoy en día podemos entrar millones en cualquier habitación que disponga de las maquinitas adecuadas, y el Congreso dispone de ellas, puesto que los propios diputados pueden votar desde su casa si están indispuestos para acudir a trabajar.

La representación política es necesaria, no podemos estar todo el día deliberando y votando, pero no hay razón alguna para que sea forzosa. Si sospechamos que los representantes electos van a tomar una decisión que nos afecta y con la que no estamos de acuerdo, tenemos los medios y la capacidad suficientes para manifestar nuestra voluntad política de forma directa, desrepresentada, algo que está consagrado en la Constitución y para lo que ya no hay excusas, ni jurídicas, ni técnicas, ni éticas.

Como en toda relación humana, sea comercial, social, cultural o política, el rol de la intermediación forzosa otorga al representante un excesivo poder, que aumenta el riesgo de que se abuse de él. En lo político ya lo hemos visto y sufrido demasiado. Es el momento de compensar y distribuir ese poder, de erigirnos en una sociedad madura, que no necesita de tutelas, con deseo y capacidad de actuar por nosotros mismos siempre que queramos. Es hora de la desrepresentación política.

Imagínese usted que para ir a comprar un kilo de tomates tiene que elegir a un alguien que efectúe la transacción en su lugar, o que no pueda matricularse en la universidad sin que lo haga su representante, o que necesita un intermediario para abrirse una cuenta bancaria, cambiar de domicilio, pagar sus impuestos...

Uno supone que, al alcanzar la mayoría de edad, tiene la capacidad suficiente para obrar en cualquier aspecto vital, pero no es cierto. Existen ámbitos de la vida en comunidad que nos exigen actuar por medio de representante, como si fuésemos menores y necesitáramos un complemento a nuestra voluntad y capacidad de obrar. Generalmente, estas representaciones forzosas requieren de una ley o de una sentencia judicial que las determine. Es el caso de la representación mediante abogado y procurador en un proceso judicial, de la representación tras una declaración de incapacidad o en caso de ausencia. Pero también en la vida política.