La invasión a Irak es un crimen

La invasión a Irak liderada por EE.UU. y Gran Bretaña a inicios del año 2003 es un crimen. Durante más de trece años de conflicto armado han muerto cientos de miles de personas. Todos los actores involucrados, incluyendo a EE.UU. y Gran Bretaña, han cometido crímenes de guerra, masacres, torturas y otros delitos. No esperamos ninguna autocrítica por parte del ex primer ministro británico Tony Blair y el informe publicado el pasado miércoles por la comisión investigadora británica (Irak Inquiry) –presidida por Sir John Chilcot– tampoco cambia para nada las cosas. No obstante, las conclusiones de Chilcot son muy claras: la decisión de Gran Bretaña de participar en la invasión fue prematura pues no se habían agotado todas las otras opciones. El Gobierno de Blair actuó sobre la base de información falsa; no sólo en cuanto a la información manejada por la inteligencia, sino que la guerra misma carecía de justificación jurídica.

Al mirar en retrospectiva la decisión de ir a la guerra, hay que recordar que tanto Saddam Hussein como su vecino sirio Baschar al-Assad cometieron gravísimas violaciones de los derechos humanos. Hussein es responsable por crímenes de lesa humanidad cometidos contra los kurdos y el pueblo chiíta en su país, además de la tortura sistemática en la cárcel de Abu Ghraib, décadas antes de que lo hiciera EE.UU. De modo que sería injusto culpar sólo a las potencias occidentales por la inestabilidad de la región. Pero de todos modos, la guerra e invasión de Gran Bretaña y EE.UU. ha contribuido mucho al debilitamiento de Irak y al surgimiento del “Estado Islámico”.

El informe de Chilcot no puede ser lo único

Es importante y está bien que Gran Bretaña –a diferencia de muchos otros– discuta y enfrente los errores políticos cometidos en este período y las violaciones de los derechos garantizados por la carta de las Naciones Unidas. En este sentido, el largo informe requerirá de una cuidadosa evaluación. Uno esperaría que luego de estas violaciones y delitos, los políticos y militares responsables fueran llevados ante la justicia, pero el problema es que el informe de Chilcot no es vinculante jurídicamente. La única opción sería –tal como dice el propio Chilcot– constituir un tribunal reconocido internacionalmente para juzgar y aplicar sanciones.

Podríamos pensar en la Corte Penal Internacional de La Haya que es la continuadora de los tribunales militares de Nuremberg, creados para juzgar a los criminales nazis responsables por la guerra de agresión alemana, llamada “la madre de todos los crímenes”. Pero la verdad es que sólo a partir de 2017 será posible conducir investigaciones o presentar demandas contra estos delitos en La Haya, además las investigaciones no serán aplicadas retroactivamente y sólo regirán para los países que decidan someterse a la corte.

Hoy en Gran Bretaña, los políticos y juristas piensan en aplicar una antigua ley para hacer una acusación pública (impeachment proceedings en inglés) contra Blair. Pero siendo sinceros, creemos que falta sustento jurídico para eso.

El trabajo de mi organización, el European Center for Constitutional and Human Rights, se limita a los casos de torturas y malos tratos cometidos por los militares británicos y agentes de inteligencia contra los prisioneros de guerra iraquíes. A inicios del año 2014 las autoridades de la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya iniciaron investigaciones preliminares al respecto y esperamos que el secretario de defensa de Blair, Geoff Hoon, sea citado a declarar. Pero para saber si Blair es responsable penalmente por las torturas se requerirían más diligencias de investigación. Se debiera ejercer presión para realizar mejores investigaciones en La Haya e idealmente también en Londres, pues hasta ahora, la impunidad reinante en relación con la invasión a Irak nos deja insatisfechos. Del informe de Chilcot se pueden tomar bastantes lecciones políticas para evitar una nueva guerra, lo mínimo sería reformar el derecho penal.

La invasión a Irak liderada por EE.UU. y Gran Bretaña a inicios del año 2003 es un crimen. Durante más de trece años de conflicto armado han muerto cientos de miles de personas. Todos los actores involucrados, incluyendo a EE.UU. y Gran Bretaña, han cometido crímenes de guerra, masacres, torturas y otros delitos. No esperamos ninguna autocrítica por parte del ex primer ministro británico Tony Blair y el informe publicado el pasado miércoles por la comisión investigadora británica (Irak Inquiry) –presidida por Sir John Chilcot– tampoco cambia para nada las cosas. No obstante, las conclusiones de Chilcot son muy claras: la decisión de Gran Bretaña de participar en la invasión fue prematura pues no se habían agotado todas las otras opciones. El Gobierno de Blair actuó sobre la base de información falsa; no sólo en cuanto a la información manejada por la inteligencia, sino que la guerra misma carecía de justificación jurídica.

Al mirar en retrospectiva la decisión de ir a la guerra, hay que recordar que tanto Saddam Hussein como su vecino sirio Baschar al-Assad cometieron gravísimas violaciones de los derechos humanos. Hussein es responsable por crímenes de lesa humanidad cometidos contra los kurdos y el pueblo chiíta en su país, además de la tortura sistemática en la cárcel de Abu Ghraib, décadas antes de que lo hiciera EE.UU. De modo que sería injusto culpar sólo a las potencias occidentales por la inestabilidad de la región. Pero de todos modos, la guerra e invasión de Gran Bretaña y EE.UU. ha contribuido mucho al debilitamiento de Irak y al surgimiento del “Estado Islámico”.