El proyecto de ley alemana de control de la marihuana: control frente a prohibición

La denominación Ley de Control de la Marihuana (Cannabiskontrollgesetz) es un nombre elegido conscientemente por el grupo del Partido Verde en el Parlamento alemán, ya que con este proyecto de ley no se propone una liberación total de la marihuana, en un sentido hedonista libertario, ni su legalización completa. Tampoco se contempla una despenalización absoluta. En su lugar, el proyecto plantea un sistema de estricto control orientado a la salud y la prevención; en especial, para la protección de los niños y adolescentes. Dicho de manera más concisa, se trata de una prevención criminal aseguratoria y no de una continuación de la actual política criminal de prohibición. En favor de este planteamiento hay una serie de buenas razones expuestas por 122 catedráticos alemanes de Derecho penal en un manifiesto en el que demandan una evaluación de la eficiencia de la politica actual de prohibición penal, poniendo énfasis en los “costos” de una prohibición total: la exagerada criminalización de los consumidores, el aumento del mercado negro y el incremento de riesgos para la salud, ya que la calidad de la droga que se consume no puede ser controlada.

Ya en 1994 el Tribunal Constitucional alemán había calificado como desproporcionada la persecución penal de la tenencia de una pequeña cantidad de marihuana. Sin embargo, la decisión no condujo a ningún cambio en la ley sobre estupefacientes (Betäubungsmittelgesetz), sino tan solo a una -muy variada- aplicación en el nivel de los Estados federados alemanes. Cultivo, posesión y pequeño comercio siguen siendo punibles, al igual que antes, de manera que estas conductas están sujetas a persecución de conformidad con el principio de obligatoriedad de la acción pública del Derecho procesal penal. Unos policías y fiscales demasiado rígidos se encargan del resto. Sin embargo, esta política compromete los recursos del sistema de justicia penal; recursos que serían mejor utilizados en otras áreas, como por ejemplo en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo.

La persecución penal también puede destruir vidas y crear con ello problemas adicionales, porque las personas afectadas viven en el seno de nuestra sociedad. Todo esto hace más que necesaria la evaluación exigida por los catedráticos en su manifiesto, pero -claro- ésta debe ser ejecutada de manera abierta al resultado.

Este proyecto de ley es un primer paso cauteloso hacia una nueva política de drogas. En esencia, el proyecto diferencia entre menores (niños y adolescentes), los cuales continúan sometidos al antiguo régimen (penal) de prohibición, y adultos que, bajo el nuevo régimen de control, pueden cultivar, poseer, comprar y consumir marihuana legalmente. La línea divisoria recorre, por un lado, el límite de edad de 18 años y, por otro lado, la pequeña cantidad. En la práctica, esto significa que cada adulto podría poseer y consumir hasta 30 gramos de marihuana, mientras que la prohibición (penal) sigue vigente para los menores. Esto implica que quien proporcione marihuana a niños o adolescentes puede estar sujeto a una pena de prisión de hasta tres años. En casos especialmente graves, como los que serían el suministro reiterado a un niño o la asociación para traficar, la pena privativa de la libertad puede ser elevada hasta un máximo de cinco años.

Esta parte penal del proyecto contrasta con el régimen de estricto control al acceso a la marihuana para adultos, el cual prevé asimismo multas en caso de incumplimiento de las múltiples reglas administrativas. La marihuana no puede ser vendida en supermercados o farmacias, sino solamente en tiendas especializadas, sujetas a una estricta supervisión. Así, solo personas “confiables” pueden manejar este tipo de comercio, de manera que los empleados de las tiendas deben estar especialmente capacitados.

Por otro lado, los productos derivados de la marihuana deben ir acompañados de numerosas advertencias. De manera general debe advertirse que el “consumo de marihuana” puede “llevar a la adicción y a otros problemas de salud” y que “niños y adolescentes” pueden “verse afectados por el consumo de marihuana en su desarrollo”. También se debe advertir expresamente sobre el impacto de la marihuana en la conducción de vehículos. A este respecto, el consumo está prohibido bajo imposición de multa, a partir de la introducción de un nuevo límite de tolerancia basado en los límites referentes al alcohol y en consonancia con los nuevos descubrimientos científicos. Asimismo, para protección del consumidor se establece que solamente se podrá comercializar marihuana pura. También se insiste en la necesidad de obstaculizar el aumento del consumo no solo a través de los mecanismos de control ya mencionados, sino en especial mediante una prohibición general de publicidad.

Además de todo lo anterior, los establecimientos especializados de venta deben cumplir con un concepto social estricto, necesariamente dirigido a la prevención de la adicción y la protección de los jóvenes, del mismo modo que deben “enfrentar el arriesgado consumo de marihuana”. Así, el proyecto se diferencia claramente de la práctica de algunos Estados de los Estados Unidos, donde se pone el acento en la rentabilidad de la comercialización de la marihuana. No obstante, el régimen de control estricto previsto en el proyecto de ley podría ir demasiado lejos si todos los controles hicieran imposible un comercio suficientemente rentable.

Con relación a esto último, surgen también cuestiones referentes al impuesto sugerido a la marihuana. Con este impuesto se debe mantener (de manera inducida) un precio elevado a la marihuana legal para así evitar el aumento del consumo. Los ingresos percibidos se deben reinvertir para financiar el fortalecimiento de la prevención. Pero, ¿cómo evitar el mercado negro existente si la marihuana legal es tan cara como la droga prohibida? Por supuesto que un régimen legal de marihuana saca a clientes del mercado negro, porque la droga se puede adquirir legalmente sin el riesgo que implica la persecución policial. Sin embargo, surgen dudas de que esto pueda efectivamente ocurrir sin que haya precios legales por debajo de los ilegales. La práctica de otros paises que legalizaron el consumo propio demuestra que un régimen de control estricto, tal como propone el proyecto bajo consideración, puede también evitar un aumento del consumo. El problema adicional es la efectiva implementación de las numerosas prohibiciones (penales): por ejemplo, la limitación de la cantidad mínima para adultos. Aquí la ley se enfrenta, como cualquier otra, con los límites de las normas prohibitivas en una sociedad liberal. En última instancia, todo dependerá de la implementación concreta y del trabajo de las autoridades competentes a nivel local.

Es propio de la naturaleza de la materia que una ley como ésta deba ser puesta en prueba. Por ello su evaluación independiente -según el proyecto, por primera vez a los cuatro años de su entrada en vigor- es imprescindible. Lo que con claridad sí sabemos es que necesitamos alternativas concretas a la actual política de prohibición que tiene costos demasiado elevados. En ese sentido, la Ley de Control de la Marihuana es una propuesta valiosa. Nuestros políticos deberían ocuparse de ella de forma imparcial y libre de prejuicios.