Gobierno y TVE: pasando de la ONU

Acaba de hacerse público el informe que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición emitió tras su visita a España a finales de enero de este año. En sus páginas el Relator (Pablo de Greiff) incide en el incumplimiento por parte del Estado español de las obligaciones internacionales que le corresponden con relación a las víctimas de la dictadura franquista.

Desde la defensa de los derechos humanos como premisa fundamental, el informe es una denuncia en toda regla de la política del Estado español. En sus propias palabras, “no se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad”. Constata el Relator que ni siquiera existen censos oficiales de víctimas, ni tampoco datos o estimaciones oficiales sobre su número total. A lo que se suma, en primer lugar, un modelo de “privatización” de las exhumaciones que “alimenta la indiferencia de las instituciones estatales” con relación a las reclamaciones de los familiares; y, en segundo término, un excesivo formalismo interpretativo respecto a la ley de amnistía y el principio de legalidad que “niega el acceso a la justicia e impide cualquier tipo de investigación” de lo sucedido en sede judicial.

Las conclusiones y recomendaciones del informe poco pueden sorprender. En términos generales insisten en lo que -también recientemente- ya le habían advertido al Estado español otras instancias de Naciones Unidas como el Comité contra la Desaparición Forzada o el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias. En el caso de este último, su informe da un plazo de noventa días al Gobierno español para presentar un cronograma con las medidas a adoptar, ofreciéndole así una vía para comenzar a subsanar los déficits de justicia transicional que acumula España desde la “inmaculada Transición”.

Pero la primera ocasión que se ha presentado para enmendar este rumbo no ha podido ser más decepcionante. El pasado 30 de agosto, declarado Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas por Naciones Unidas, el Telediario 2 de TVE informó sobre dicha efeméride con una noticia en la que se omitió cualquier referencia a las desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante la guerra civil y la dictadura franquista. Se habló de las víctimas de este crimen contra la humanidad en Colombia, África o en los Balcanes, pero las más de 114.000 personas desaparecidas en España no merecieron otra cosa que el silencio. Dio igual tanto el citado plazo de noventa días como que el Relator insistiera en la necesidad de desarrollar programas en educación histórica y derechos humanos centrados en la perspectiva de las víctimas. Las instituciones públicas -en este caso, la televisión estatal- no pierden ocasión de dejar clara su adhesión a las cláusulas de silencio, olvido y amnesia propias del tan cacareado como falso consenso de la Transición.

Esta suerte de negacionismo (ya denunciado ante distintas instancias por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) no debe quedar impune. Sus autores -quienes redactaron y dieron el visto bueno a la emisión de esta noticia- merecen un máximo reproche moral, al suponer su conducta un grave ocultamiento de lo sucedido y un nuevo desprecio a las víctimas y sus familiares, lo que ahonda en su dolor. Se trata de una -otra más- mala praxis por parte de los responsables de los informativos de TVE sobre la que deberían responder políticamente ante las instancias oportunas. Pero, bien es sabido que en España no existen mecanismos reales de control de veracidad de la información que emiten los medios, sean estos privados o públicos (y cuando alguien lanza alguna propuesta en este sentido, tendente a garantizar el derecho a una información veraz y plural, rápidamente es tildado de totalitarista).

Volvamos al informe del Relator de Naciones Unidas, porque en su parte final nos da una clave para entender esta desidia oficial para con las víctimas de la dictadura. Según señala en las conclusiones, varios representantes del Gobierno español le advirtieron lo siguiente: “O todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Nótese bien lo que está detrás de esta alternativa, planteada en términos excluyentes. O bien se asume una especie de reconciliación por decreto, impuesta desde arriba tras la muerte del dictador con independencia de lo que las víctimas (y los organismos internacionales de derechos humanos) digan o sientan; o bien se “reabrirían” las viejas heridas con el consiguiente riesgo... ¿de qué? Detrás de este segundo cuerno del dilema rezuma una velada amenaza a las víctimas y a las demandas de memoria histórica y justicia transicional. ¿Reclamar el cumplimiento de obligaciones internacionales y la satisfacción de derechos humanos es un “riesgo demasiado algo” en democracia? A los dirigentes del PP se les nota demasiado el pelo de la dehesa.

En definitiva, hoy ha sido el Gobierno del PP. Pero en años anteriores lo fue el del PSOE, el otro partido turnista. Ambos comparten a pies juntillas la misma visión de la Transición, mientras que tan solo discrepan en algunos puntos -ninguno sustancial- sobre la forma de reparar a las víctimas del franquismo. No en vano ese planteamiento excluyente que los miembros del Gobierno le hicieron al Relator no es exclusivo del PP, sino que está en el ADN de nuestro actual sistema constitucional, custodiado fielmente por los dos partidos.

De ahí la importancia -también para las víctimas de la dictadura y para el movimiento memorialista- de las diferentes citas electorales del 2015; citas que deberían ir configurando el camino hacia un proceso constituyente que, entre otras cosas, termine con esta cultura de la impunidad propia de la Transición y del régimen actual.

Acaba de hacerse público el informe que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición emitió tras su visita a España a finales de enero de este año. En sus páginas el Relator (Pablo de Greiff) incide en el incumplimiento por parte del Estado español de las obligaciones internacionales que le corresponden con relación a las víctimas de la dictadura franquista.

Desde la defensa de los derechos humanos como premisa fundamental, el informe es una denuncia en toda regla de la política del Estado español. En sus propias palabras, “no se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad”. Constata el Relator que ni siquiera existen censos oficiales de víctimas, ni tampoco datos o estimaciones oficiales sobre su número total. A lo que se suma, en primer lugar, un modelo de “privatización” de las exhumaciones que “alimenta la indiferencia de las instituciones estatales” con relación a las reclamaciones de los familiares; y, en segundo término, un excesivo formalismo interpretativo respecto a la ley de amnistía y el principio de legalidad que “niega el acceso a la justicia e impide cualquier tipo de investigación” de lo sucedido en sede judicial.