La pastoral del odio

El pasado 21 de marzo, los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, y Getafe, Joaquín María López de Andújar Cánovas del Castillo, junto con el auxiliar de este último, José Rico Pavés, emitieron unas reflexiones pastorales tras la aprobación en la Asamblea de Madrid de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación. La carta, escrita “con profundo dolor” tras conocer la aprobación de esta ley, califica este hecho de “muy grave e injusto”. Y fundan esta gravedad e injusticia en el derecho natural, aquella doctrina que impuso durante siglos la idea según la cual el derecho creado por el ser humano dependía directamente de la ley de dios. Es por ello que, dicen estos prelados, no puede haber discriminación (de las personas trans e intersexuales) “cuando esa defensa se funda en una comprensión equivocada del ser humano”. De ahí que la única respuesta posible sea el incumplimiento de la ley (“se trata, en esencia, de una ley injusta y, por tanto, a nadie obliga en conciencia”), apelando a una “emergencia cívica de los católicos”.

En primer lugar, los obispos atacan al derecho a la autodeterminación de sexo y género que establece el artículo cuarto. Señalan que se trata de una “expresión ideológica del legislador que choca frontalmente con la antropología cristiana”. Posteriormente, señalan que la diferencia sexual (hombre-mujer) es algo natural procedente de la “teología de la creación”. Para, al final, sentenciar que se trata de una ley que “aboca a un pensamiento totalitario” enmarcado en un “proyecto global planificado, científica y sistemáticamente, contra el orden de la creación y de la redención”.

Quisiera recordarles a los firmantes de esta carta algunos hechos. Durante siglos, por ejemplo, las personas intersexuales fueron condenadas a morir en la hoguera (porque su mera existencia suponía un “delito nefando contra natura”). Hoy en día son mutiladas al nacer, aspecto este que la ley madrileña –por primera vez en España– prohíbe (artículo 15). No obstante, la propia Iglesia católica entendió la intersexualidad como algo natural: pensemos en el término para referirse a dios en el libro del Génesis (Antiguo Testamento): “Elohim”, la mezcla en un mismo cuerpo de lo masculino y lo femenino; o en la doctrina del Papa Inocencio III (Siglo XIII), que entendía a Adán como una persona hermafrodita. Del mismo modo, ya que los obispos utilizan a Cicerón, cabe recordar el magnífico texto El banquete, de Platón, donde se narra cómo originalmente existían tres sexos: hombre, mujer y andrógino. Incluso en el plano jurídico, allá por el siglo XVII, el juez valenciano Lorenzo Mateu y Sanz salvó de la hoguera a una persona intersexual: ¿quiénes somos nosotros –se preguntaba este juez–, simples mortales, para contradecir los designios de la naturaleza?

Esta ley no ataca la antropología cristiana. Al contrario, defiende a quienes se encuentran en una posición de especial vulnerabilidad. Los ataques (físicos y verbales) contra las personas transexuales en nuestras ciudades son cada vez más habituales, así como el bullying transfóbico que sufren los menores trans y que, en ocasiones, lleva al suicidio (una forma de “asesinato social”) o las mutilaciones genitales de personas intersexuales en los hospitales de este llamado occidente democrático y defensor de los derechos humanos, pasando por la discriminaciones laborales o sanitarias.

Esta ley se enmarca en un cambio profundo en las estructuras jurídicas de nuestro Estado que estas últimas semanas estamos viviendo. Primero esta ley madrileña tan necesaria para garantizar vidas vivibles, vidas que puedan ser vividas, especialmente por menores de edad (después de Malta, es la segunda ley en el mundo en prohibir las mutilaciones genitales a menores intersex –Chile lo ha hecho por medio de una circular ministerial en diciembre de 2015–). Pero a ello hay que sumar dos resoluciones judiciales sin precedentes: 1) la Magistrada del Registro Civil de Mislata (Valencia), contra la literalidad de la Ley 3/2007 (de rectificación registral de sexo y nombre: requiere de un informe de disforia de género y dos años de tratamiento hormonal) que excluye a los menores trans, ha permitido (¡por primera vez!) que en el DNI de un menor aparezca, por fin, el sexo que siente (y sin necesidad de pasar por el tratamiento hormonal); y 2) el Tribunal Supremo ha elevado al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por excluir a los menores transexuales. Son tres hechos que nos marcan el nuevo paradigma sobre el que debe asentarse el derecho: la autodeterminación de sexo y género como piedra angular de los derechos fundamentales.

No deben temer los obispos estos cambios. El único pensamiento totalitario es aquel nacional-católico que durante tantos años padecimos en la muy grave e injusta (esta sí) dictadura que sufrimos y que la Iglesia católica bendijo. Entonces, ¿están ustedes, señores obispos, a favor de la patologización de las personas transexuales, de la violencia que cotidianamente sufren por parte del propio Estado (por acción u omisión), o de las mutilaciones de bebés intersexuales? Señores obispos, la única comprensión equivocada del ser humano es aquella que ampara, oculta y protege a pederastas. Y, aunque parece que las leyes terrenales no les afectan, debo pedirles, por último, que se lean el artículo 510 del Código Penal, no vaya a ser que estén cometiendo un delito. Al resto, sobre todo a lxs niñxs, déjennos vivir en paz.

El pasado 21 de marzo, los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, y Getafe, Joaquín María López de Andújar Cánovas del Castillo, junto con el auxiliar de este último, José Rico Pavés, emitieron unas reflexiones pastorales tras la aprobación en la Asamblea de Madrid de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación. La carta, escrita “con profundo dolor” tras conocer la aprobación de esta ley, califica este hecho de “muy grave e injusto”. Y fundan esta gravedad e injusticia en el derecho natural, aquella doctrina que impuso durante siglos la idea según la cual el derecho creado por el ser humano dependía directamente de la ley de dios. Es por ello que, dicen estos prelados, no puede haber discriminación (de las personas trans e intersexuales) “cuando esa defensa se funda en una comprensión equivocada del ser humano”. De ahí que la única respuesta posible sea el incumplimiento de la ley (“se trata, en esencia, de una ley injusta y, por tanto, a nadie obliga en conciencia”), apelando a una “emergencia cívica de los católicos”.

En primer lugar, los obispos atacan al derecho a la autodeterminación de sexo y género que establece el artículo cuarto. Señalan que se trata de una “expresión ideológica del legislador que choca frontalmente con la antropología cristiana”. Posteriormente, señalan que la diferencia sexual (hombre-mujer) es algo natural procedente de la “teología de la creación”. Para, al final, sentenciar que se trata de una ley que “aboca a un pensamiento totalitario” enmarcado en un “proyecto global planificado, científica y sistemáticamente, contra el orden de la creación y de la redención”.