Un poder judicial omnímodo

El comunicado que ayer dio a conocer la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acerca de las declaraciones realizadas en una entrevista por el Vicepresidente Segundo del recién constituido Gobierno indica la línea política que va a seguir el Poder Judicial a lo largo de los próximos cuatro años.

Por más que, de entrada, se expresara su malestar “desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión”, sin embargo, “la Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”.

Es decir, se reconoce un derecho fundamental, pero poco, solo lo mínimo, que no incluya un “cuestionamiento” acerca de la independencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros del Poder Judicial.

Apelan, piden, exigen, exhortan a que no se diga que no son independientes, que no son imparciales ni profesionales, pues esto ya sería pervertir la libertad de expresión, aunque provenga de un cargo representativo. Así que todo cargo electo, por “responsabilidad institucional”, debiera abstenerse de expresar su opinión, aunque se deba a sus electores – y a las necesidades de éstos-, porque por encima de este mandato surgido de la voluntad popular, estaría la supremacía de las instituciones, es decir, la que en este caso representa al Poder Judicial.

Ni qué decir tiene que el gran protagonismo que han asumido el Tribunal Supremo y otros tribunales de las altas instancias jurisdiccionales en la criminalización de los derechos fundamentales de cargos políticos y representantes de la sociedad civil defensores del “derecho a decidir” y del soberanismo en Catalunya merece toda la crítica posible. Tanto si es a favor como en contra de sus polémicas decisiones; el silencio ya sería raro ante un proceso judicial que engloba todas las iniciativas por perseguir de todas las formas posibles y en todos los ámbitos inimaginables a los cargos políticos y activistas del proceso soberanista en Catalunya. Pensemos en los procedimientos penales abiertos, en los administrativos, en el Tribunal de Cuentas, en las decisiones de la Junta Electoral Central -en la que hay miembros de la carrera judicial-. El largo brazo de la razón de estado ha presidido toda la actuación judicial en la criminalización del Procés.

El Poder Judicial, como institución en un estado democrático, se debe al funcionamiento de ese estado democrático. El Poder Judicial no surge ungido por gracia divina; un poder del estado que desconecta del marco democrático y confiesa abiertamente y sin complejos su disgusto ante el ejercicio del derecho de libertad de expresión de un representante político, relacionado con un asunto de gran relevancia pública, es un poder añejo, nostálgico de otros tiempos.

Este Poder Judicial actúa como narrador omnisciente, pues necesita imponer su relato, el que entiende es el verdadero y único e incuestionable, más en este asunto en que la indisoluble unidad del estado español se ha erigido como el axioma padre de todos los axiomas. Este poder judicial necesita ser omnímodo y omnipresente.

Habrá que recordar que todos los poderes del estado son merecedores de la crítica en un sistema democrático y cuanto mayor sea el poder que detentan las instituciones, mayor habrá de ser el esfuerzo de éstas por facilitar y promover el ejercicio de los derechos fundamentales, con más razón si se trata de la libertad de expresión, que es pilar de la democracia.

Es evidente que, a cuenta de la judicialización y criminalización del Procés, la ciudadanía ha podido observar el inmenso poder detentado por el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, privando de libertad a representantes políticos, alterando la composición de Parlamentos aquí y en Europa, reinterpretando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo con fórmulas de acatamiento dudosamente creíbles. El poder detentado y exhibido de tal manera es inmenso, inabarcable, pues ha colonizado grandes parcelas que tradicionalmente han correspondido a otros poderes, con permiso de éstos, claro está.

Ante esta impúdica exhibición de poder, justo es que, al menos, se active algún contrapeso: la crítica expresada directamente por la ciudadanía o a través de sus representantes políticos. Esto es democracia.

El comunicado que ayer dio a conocer la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acerca de las declaraciones realizadas en una entrevista por el Vicepresidente Segundo del recién constituido Gobierno indica la línea política que va a seguir el Poder Judicial a lo largo de los próximos cuatro años.

Por más que, de entrada, se expresara su malestar “desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión”, sin embargo, “la Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”.