De presunción de inocencia mejor ni hablar

Casos como el del presunto pederasta de Ciudad Lineal o la supuesta violación múltiple de Málaga nos deben hacer reflexionar sobre determinadas garantías procesales y, especialmente, sobre la vulneración de las mismas tanto por los poderes públicos como por los medios de comunicación. La reflexión se puede hacer desde distintas perspectivas, pero aquí me limitaré a dos: por un lado, cómo debería funcionar un Estado democrático y de derecho; por otro, las posibles consecuencias de actuaciones tan irresponsables como las desplegadas a partir de la detención del ya presunto culpable.

En un Estado democrático y de derecho la presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido a toda persona acusada de un delito, sea el delito que sea y, también, tenga la gravedad que tenga. Su enervación solo se produce una vez que se haya dictado sentencia. Dicho en otros términos, mientras no exista sentencia toda persona tiene el derecho a ser presumida inocente y a ser tratada como tal.

En materia de derechos fundamentales no existen medias tintas ni equidistancia posible: o se respetan o se vulneran, de manera que los juicios paralelos -siempre mediatizados- no son más que una forma perversa de vulneración de dicho derecho. El derecho a la presunción de inocencia se enmarca dentro de un más amplio patrimonio del que es titular todo imputado y que se corresponde con lo que se denomina el derecho a un debido proceso. Saltarse estas normas es negar la esencia misma del proceso y, por tanto, del Estado de derecho.

La divulgación de datos contenidos en unas actuaciones secretas está perfectamente descrita y penada en el Código penal. Lo que ha sucedido con el caso de pederastia que ha afectado a Ciudad Lineal no es nuevo, pero hemos llegado a un punto en que los jueces deberán actuar e investigar -hasta las últimas consecuencias- cómo y por parte de quién se han filtrado datos que, más temprano que tarde, afectarán irremediablemente al resultado del proceso. Si esta fuese la primera vez que sucede, podríamos entender que un error lo comete cualquiera. Pero esto no es así. Se trata de una práctica sistemática que sólo termina dañando las investigaciones y, especialmente, la credibilidad de las instituciones.

Ejemplos de este tipo de actuaciones irresponsables hay muchos, pero se me vienen a la cabeza algunos muy claros. Así sucedió cuando el mismo ministro que ahora ha anunciado la detención del “pederasta de Ciudad Lineal”, que no del presunto, anunció el esclarecimiento del secuestro y muerte de Publio Cordón sin que los detenidos hubiesen aún llegado al juzgado donde luego quedaron en libertad por falta absoluta de pruebas.

O como cuando la policía se puso a divulgar imágenes y vídeos del conocido como CasperCasper antes siquiera de que se hubiesen hecho ruedas de reconocimiento. Además, se certificó la autenticidad de esos vídeos que, por esas cosas del destino, luego ha terminado demostrándose que habían sido manipulados. Ejemplos todos ellos, sin llegar al esperpéntico e histérico linchamiento -producto de filtraciones irresponsables e interesadas- que sufrieron cinco chicos en Málaga por una supuesta violación que nunca sucedió.

Como señalé antes, en lo que debería ser un Estado democrático y de derecho lo primero que los poderes públicos deberían garantizar a toda persona imputada es su derecho a la presunción de inocencia y, al mismo tiempo, a las garantías procesales inherentes a un proceso debido porque sin proceso no hay derecho.

Ahora bien, algunas autoridades -y también algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado- creen que lo primero es alardear de sus éxitos aun a riesgo de poner en peligro todo el trabajo realizado y sin dar siquiera tiempo a que la justicia actúe en los términos en que está previsto en la ley, con la serenidad que hechos de esta gravedad requieren.

Desde la perspectiva del proceso no cabe duda de que la divulgación de datos e imágenes del presunto responsable solo restarán fiabilidad a la investigación e, incluso, podrán dañarle irremediablemente. De lo que sabemos hasta ahora, que no es poco, el presunto responsable de los ataques y violaciones a menores de Ciudad Lineal sería una persona mala o malísima en contra de la cual habría fundadas sospechas y algunos elementos indiciarios que -ya veremos en su momento- tal vez no sean suficientes para alcanzar una convicción de condena. Eso parece, al menos, visto desde una perspectiva de rigor profesional.

En este sentido, dentro de las diligencias de investigación esenciales en este tipo de casos está la rueda de reconocimiento que se practica con todas las víctimas y testigos. Llegados a este punto, hay que recordar que es una diligencia eminentemente subjetiva y que -como está acreditado científicamente- el riesgo de error en el reconocimiento es elevado.

Pues bien, teniendo presente lo anterior, y la brutal e irresponsable divulgación de las imágenes del imputado, es previsible que cualquier abogado cuestione, antes o después, la fiabilidad de un posible reconocimiento ante tales circunstancias. Y ello porque existen altísimas probabilidades de que las víctimas hayan visto algunas de esas imágenes y, en lugar de estar reconociendo al autor de los hechos, estén reconociendo a quien lleva días apareciendo en los medios de comunicación.

También es posible -incluso con bastante probabilidad- que cualquier abogado cuestione no sólo los reconocimientos en rueda, sino también todos aquellos testimonios que se presten a partir de la divulgación tan abusiva de datos de la persona investigada y de la propia investigación. Ello, además, sin perjuicio de colocar a jueces y tribunales ante la compleja tesitura de determinar qué cosas saben los testigos porque las hayan visto, oído o percibido directamente y cuáles, en cambio, conocen y hacen propias por haberlas visto en los medios de comunicación.

Lo que muchos no comprenden -o tal vez sí y demasiado bien- es que desde las sospechas policiales hasta la convicción judicial existe un amplio trecho y que los juicios paralelos en nada ayudan a cruzarlo. Que la policía esté convencida de la culpabilidad de una persona no nos puede llevar a tratarla como si lo fuese. Esto es impropio de un Estado democrático y de derecho y, sobre todo, supone adentrarse en un camino tremendamente peligroso.

Hemos de tener presente que la policía muchas veces acierta (eso es lo deseable), pero también en muchas ocasiones se equivoca (y en otras se obsesiona). Y para determinar cuándo han acertado o cuándo se han confundido están los jueces y tribunales. Ante hechos tan graves como los de Ciudad Lineal, el Estado debe crecerse y actuar con el rigor propio de un Estado democrático y de derecho. Debe abandonar prácticas propagandísticas vulneradoras de derechos fundamentales y debe dejar actuar a quienes la sociedad ha encomendado el trabajo de determinar y exigir responsabilidades.

Si el imputado por los crímenes de Ciudad Lineal es responsable de los hechos por los que ha sido detenido, entonces que caiga sobre él todo el peso de la ley. Pero si no lo es, ya se le ha condenado. Frente a este esquema, la única forma de acercarnos a la verdad es respetando sus derechos, por muy aberrantes que sean las acciones imputadas.

Por ello -y a diferencia de lo que piensan algunos indocumentados e irresponsables todologos o histéricos militantes de vaya uno a saber qué-, cuantos más graves son los hechos más debe mirarse por las garantías del imputado. De lo contrario, se corre el riesgo de que una futura sentencia no pueda resistir el paso del tiempo ni el peso de los recursos.

Casos como el del presunto pederasta de Ciudad Lineal o la supuesta violación múltiple de Málaga nos deben hacer reflexionar sobre determinadas garantías procesales y, especialmente, sobre la vulneración de las mismas tanto por los poderes públicos como por los medios de comunicación. La reflexión se puede hacer desde distintas perspectivas, pero aquí me limitaré a dos: por un lado, cómo debería funcionar un Estado democrático y de derecho; por otro, las posibles consecuencias de actuaciones tan irresponsables como las desplegadas a partir de la detención del ya presunto culpable.

En un Estado democrático y de derecho la presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido a toda persona acusada de un delito, sea el delito que sea y, también, tenga la gravedad que tenga. Su enervación solo se produce una vez que se haya dictado sentencia. Dicho en otros términos, mientras no exista sentencia toda persona tiene el derecho a ser presumida inocente y a ser tratada como tal.