El 15M y la mutación constitucional

Todo proceso de transformación social es la relación dialéctica entre, por un lado, un Poder instituyente, es decir, un poder implícito capaz de instituir en los ciudadanos nuevos imaginarios y representaciones colectivas que confrontan con el orden económico, político y social oficial, y, por otro lado, un Poder constituyente explícito que adapte la realidad jurídico-política material a la nueva voluntad social, operando cambios en la Constitución política entendida como ordenamiento general de las relaciones sociales y políticas.

El 15-M de 2011 fue una explosión participativa que instituyó en amplías masas de la población, hasta aquel momento no ideologizadas, nuevos imaginarios y representaciones colectivas de los que brotaron sospechas ideológicas respecto al régimen del 78 y sus actores políticos y económicos, exigiendo cambios. Se trató, sin embargo, de un Poder instituyente parcial, sin la fuerza suficiente para activar un Poder constituyente, sino tan sólo una mutación constitucional.

Podemos diferenciar entre Poder instituyente total y parcial. Hablaríamos de Poder instituyente total cuando se instituyen nuevos imaginarios mayoritarios que provocan un derrumbe de la legitimidad de origen del viejo régimen y una aceleración de las demandas populares, a las que la institucionalidad política tradicional limitada por la legalidad vigente no está preparada para responder, viéndose, así, desbordada. Si se hubiera dado este tipo de poder instituyente total, se hubiera abierto el escenario para que aquellas nuevas fuerzas políticas emanadas de la sociedad barriesen electoralmente a la vieja clase dirigente y aprobaran una Constitución política uni-clase que permita gobernar aplicando la regla de la mayoría en la formulación de decisiones. Una mayoría que ya no estaría en este caso, como hasta ahora, en manos de las fuerzas del régimen sino de las populares.

Sin embargo, el 15-M sólo fue un poder instituyente parcial, el cual, si bien operó cambios en los imaginarios y un desgaste en el régimen del 78, sus instituciones y actores, no logró demolerlos ni sustituirlos plenamente. Ello ha impedido la conformación de una mayoría electoral y del apoyo social suficiente para abrir un proceso constituyente y la imposibilidad de instituir un nuevo gobierno popular con la fuerza para gobernar por la regla de la mayoría. Lo que el 15-M sí ha provocado es que se haya dado una mutación constitucional.

En la doctrina, se llama mutación constitucional a la introducción de modificaciones en la práctica política y formas de Gobierno arraigadas y consolidadas en un país durante décadas, sin que se produzca una reforma formal del texto de la Constitución. Lo que ha hecho el 15-M como Poder instituyente parcial es sustituir una forma de conformación de la voluntad estatal que, desde 1978 hasta el 20-D de 2015, operaba a través de la regla de la mayoría, donde los “más” (que no es lo mismo que los “muchos”) imponían su voluntad a los “menos”, por una nueva Constitución política mixta donde la conformación de la voluntad estatal va a operar a través de la regla contractual.

El nuevo Gobierno y Parlamento, independientemente de su composición, ya no podrán gobernar ni legislar por imposición mayoritaria, como durante los últimos más de 30 años habían hecho de manera alterna el PSOE o el PP, sino únicamente por vía de negociaciones inter-clase y concesiones mutuas permanentes. Este es la nueva Constitución política en la que deberá actuar la izquierda, ya sea dentro o fuera de un Gobierno de coalición.

Ahora bien, ello no debe ser visto con triunfalismo sino más bien con cautela y preocupación por dos razones principales:

La primera, porque la nueva forma de Constitución política mixta de base contractual se da en un momento histórico donde los elementos que, tradicionalmente, han permitido a la izquierda tener posibilidades de negociación y presión frente al Capital y los partidos del statu quo están abiertamente en crisis: se da una crisis del crecimiento económico que era el que permitió reconocer mejoras sociales al Trabajo sin necesidad de modificar las desiguales proporciones de reparto entre Capital y Trabajo; una crisis de la capacidad organizativa y movilizadora de sindicatos y organizaciones sociales, agudizada por el efecto desmovilizador del espejismo electoral de los últimos dos años y medio; y una cada vez mayor disminución de la dependencia que el capital, ahora financiero, tiene de la fuerza de trabajo.

En esta situación, la capacidad de la izquierda institucional de influir, negociar y arrancar concesiones a las fuerzas políticas del régimen y a la UE, en el interior de un sistema contractual de conformación de la voluntad colectiva, es cero. Es conocida la anécdota de aquellos sindicatos que se reunieron con su Presidente del Gobierno para pedirle mejoras laborales y el segundo les contestó: “Me parece muy bien lo que pedís, ahora sacad, si podéis, la gente a la calle y haced que me obliguen a concedéroslas”.

Y la segunda, derivada de la anterior, es que la desproporción o contradicción entre un cada vez mayor número de demandas ciudadanas que se van a dar fruto de la agudización de la “austeridad” y las posibilidades de una izquierda institucional, sin capacidad de arrancar concesiones estructurales al régimen ni a la UE, para responder a las mismas, puede llevar a perder en pocos años gran parte del apoyo social y electoral que se tiene hoy, desperdiciando una oportunidad histórica.

Si algo fue el 15-M de 2011 es un espacio de debate y reflexión de la izquierda social. Aparquemos el triunfalismo de algunos tras el anuncio del acuerdo electoral entre Podemos e IU-UP y hagamos del 15-M de este año un nuevo espacio para, desde abajo, poner en común éstas y otras preocupaciones y pensar cómo superarlas.

Todo proceso de transformación social es la relación dialéctica entre, por un lado, un Poder instituyente, es decir, un poder implícito capaz de instituir en los ciudadanos nuevos imaginarios y representaciones colectivas que confrontan con el orden económico, político y social oficial, y, por otro lado, un Poder constituyente explícito que adapte la realidad jurídico-política material a la nueva voluntad social, operando cambios en la Constitución política entendida como ordenamiento general de las relaciones sociales y políticas.

El 15-M de 2011 fue una explosión participativa que instituyó en amplías masas de la población, hasta aquel momento no ideologizadas, nuevos imaginarios y representaciones colectivas de los que brotaron sospechas ideológicas respecto al régimen del 78 y sus actores políticos y económicos, exigiendo cambios. Se trató, sin embargo, de un Poder instituyente parcial, sin la fuerza suficiente para activar un Poder constituyente, sino tan sólo una mutación constitucional.