La remunicipalización del agua y la transformación social

Remunicipalización, esa palabra que suena tanto últimamente y que muchos se empecinan en encorsetar en una dimensión técnica que les permite argüir que los procesos que se dan no siempre son una remunicipalización, porque, o bien no siempre se recupera la gestión, o bien se refieren a una titularidad que nunca dejó de ser pública.

Sin embargo, remunicipalizar, sobre todo en materia de agua urbana, es un concepto que remite a una idea de modelo de gestión de unos bienes básicos que deben dejar de estar en esferas de mercado para recuperar su vínculo con la vida, con las personas. En palabras de Harvey se trata de establecer una relación social colectiva y no mercantilizada con determinado bien común. Por lo tanto, no sólo se trata de recuperar una gestión pública al uso, sino que se trata de abrir espacios en las instituciones como una vía hacía una sociedad más democrática.

Esto se detecta desde las primeras experiencias que tuvieron lugar a principios de la década de los 2000 en América Latina (Bolivia, Argentina, Uruguay o Brasil). El caso más paradigmático en aquel entonces fue el de Bolivia con la “Guerra del Agua”, una respuesta popular frente a unas políticas económicas que se basaban -y se siguen basando- en el neoextractivismo y las relaciones coloniales. En los distintos casos surgidos, el escenario sirvió para promover cambios en el modelo de gestión que a su vez estaban vinculados con el afán de cambiar aspectos de la sociedad.

Ya en su origen aparecen elementos como la importancia de una gestión localizada, con un interés en la sostenibilidad ecológica a partir de la noción de agua como bien común y una gestión pública plena que permita la inclusión de formas de gestión más colectivas. Estos elementos se han ido introduciendo en distintos lugares, también en ciudades europeas como París, Nápoles, Berlín o más recientemente Montpellier.

La remunicipalización en Catalunya

En Catalunya el gran impulso a la remunicipalización viene de la mano de la crisis desatada a finales del 2008 que tres años más tarde dio pie al 15-M. Sin esta sucesión de acontecimientos no se podrían explicar el auge del municipalismo, ni la entrada de nuevas formaciones políticas en los gobiernos municipales, ni la proliferación de grupos, como la Taula de l’aigua, que creen que hay que trabajar para mejorar la sociedad y las condiciones de vida de las personas y para quienes, el agua, como bien común, es una puerta de entrada para la recuperación del control sobre aquellos bienes que son básicos para el desarrollo de la vida.

Este contexto también contribuyó al desencanto institucional, abriendo una crisis de representatividad y un afán de no querer volver a perder el control sobre aquellos aspectos fundamentales. Aquel sentir se ha traducido en el anhelo por “recuperar”: recuperar formas pasadas de toma de decisiones, que no siempre se han vivido, pero que se perciben como válidas y necesarias para retomar el camino hacia una democracia que sea de verdad. En este recuperar el control, toman fuerza las ideas principales de la remunicipalización como el control social ciudadano en la toma de decisiones, herramientas como las auditorias ciudadanas o la transparencia, en un espacio cercano y concreto: el municipio.

A priori, la escala municipal permite romper con la distancia y el aislamiento que caracteriza las instituciones. Por su cercanía con las problemáticas y situaciones del día a día, permite un trabajo estrecho y humano, a partir del cual producir en clave de territorio entendido como espacio de vida. Por ello la remunicipalización del agua conecta con las ganas de recuperar autonomía municipal.

Sin embargo, la remunicipalización es un espacio sobre todo de barreras, tanto externas como internas. Todo el potencial y aspiraciones de transformación social que permite este espacio que se abre, convive con una tensión entre objetivos y posibilidades. Las barreras externas son las propias de una estructura institucional marcadamente jerarquizada que en los últimos 200 años ha buscado socavar la autonomía municipal. Este proceso continúa vivo y en los años recientes se han sumado otro tipo de medidas que limitan aun más las empobrecidas competencias municipales, como la conocida Ley Montoro -LRSAL- con la que además se busca reconvertir la vida política y social a una especie de reducto economicista. O la situación de las poblaciones que pertenecen al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que través del artículo 14 de la Ley de la MAB de 2010, perdieron sus competencias en materia de agua. Estas limitaciones son parte de los objetivos concretos a alcanzar.

Pero hay también las barreras internas. Estas son las más difíciles de detectar, de manejar y las que pueden suponer el cambio real. Nos referimos a la tensión entre el anhelo de transformación social y la imposibilidad de trascender el universo posibilista. No se trata tanto de moverse estratégicamente, sino del decalage existente entre el discurso y la asunción real de las aspiraciones. La tensión entre el descrédito y la desconfianza hacia unas instituciones que parece que no cumplen con su función social, y a la vez, la asunción de las estructuras tal y como están, en un sentido ontológico y de riesgo. Como una contradicción que genera incomodidad y que se resuelve por la vía de los caminos de lo posible, por miedo a lo desconocido y al cuestionamiento más profundo en la propuesta.

Terrassa, la puerta de entrada

Este compendio de contradicciones, que se dan en el espacio de la remunicipalización, donde todo es posible, es observable en la idiosincrasia actual de la ciudad de Terrassa. En esta ciudad vallesana el pasado 9 de diciembre de 2016 finalizó una concesión del año 1941. Mediante esta concesión se retornaba la empresa Mina Pública de Terrassa S.A. -antes llamada Sociedad General Mina de Terrassa- a sus antiguos propietarios, la familia Galí. Esta compañía de aguas siempre se ha hecho cargo del suministro del agua de la ciudad. Se creó en 1842 a raíz del auge industrial y es la sociedad mercantil más antigua del Estado. Este hecho es un indicativo de que en Terrassa, a través de la remunicipalización de este servicio, lo que se produce es un cambio social e histórico de gran calado.  

Esta hazaña está siendo posible por la correlación de actores que se ha dado en los años recientes. La crisis puso su granito de arena, generando una situación de pauperización de la vida de los egarenses. En este contexto se creó la Taula de l’aigua, que desde el 2014, ha hecho trabajo de hormiguita codo con codo con las entidades de la ciudad y que, en el marco de las elecciones municipales de mayo del 2015, promovió el Pacto Social por el agua. TeC, CUP y ERC-MES lo firmaron y entraron a formar parte del pleno con la recuperación del servicio como punto del programa. Esta alineación de factores encontró otro: un contrato que era antiguo y estaba llegando a su fin. La tensión final ha favorecido el posicionamiento público del alcalde de la ciudad, Jordi Ballart.

Siendo la cuarta ciudad de Catalunya en población, puede ser la primera ciudad del Estado Español en la que se incorporen elementos nuevos en el modelo de gestión. La remunicipalización en Terrassa permitirá reconfigurar la gestión del servicio desde el ciclo urbano del agua que incluye el abastecimiento, pero también el saneamiento, el mantenimiento de los ríos y escorrentías o el drenaje para alimentar los niveles freáticos.

Con esta remunicipalización, se abre la posibilidad de incorporar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones mediante la constitución de un espacio permanente para el avance en el conocimiento y la creación de propuestas, que pueden ser elaboradas de forma conjunta entre ciudadanía, administración, técnicos y centros de investigación. Un espacio inspirado en el Observatorio de l’Eaux de Paris que puede hacer que Terrassa marque un antes y un después en la naturaleza y la comprensión de la estructura de la administración pública, tanto en sus formas de trabajo, como en su relación con el territorio.

Así pues, la suma de la dimensión poblacional, su área de influencia geográfica (colindando con el área metropolitana de Barcelona), la posibilidad de generar nuevas estructuras para la gestión, aunado a la dimensión simbólica, social e histórica de cambio, hacen que Terrassa se haya convertido en la antesala de lo que pueda acontecer en la zona que rodea la capital catalana.

Por todo ello, la Taula de l’aigua y Aigua és Vida, junto con organizaciones políticas, sindicales y asociativas del ámbito catalán, llaman a una movilización el día 19 de marzo en Terrassa bajo los lemas “Gestión Pública y democrática del agua” y “se escribe agua, se lee democracia”, en un acto de demanda colectiva de más democracia.

A las puertas de un gran reto

El 19 de marzo no sólo se relaciona con la situación local de Terrassa, sino con el anhelo de recuperar el gobierno sobre la gestión, por parte de los municipios, con el fin de introducir elementos de democratización que incluyan a la ciudadanía en los espacios de toma de decisiones.

El trasfondo de esta movilización es una muestra pública del deseo y la posibilidad de cambios sobre las instituciones, acerca de la comprensión sobre lo público y lo común, sobre el papel de las personas en los espacios institucionales, o sobre quién debe estar en ellos. Un intento de apropiación del espacio local a través de la gestión del servicio de agua de las ciudades.

En definitiva, la remunicipalización nos habla del reto que tenemos en frente como sociedad para dar profundidad a los cambios necesarios para transitar hacia otros modelos institucionales, otras formas de vida que busquen un acercamiento a los ideales de equidad y justicia social.

Remunicipalización, esa palabra que suena tanto últimamente y que muchos se empecinan en encorsetar en una dimensión técnica que les permite argüir que los procesos que se dan no siempre son una remunicipalización, porque, o bien no siempre se recupera la gestión, o bien se refieren a una titularidad que nunca dejó de ser pública.

Sin embargo, remunicipalizar, sobre todo en materia de agua urbana, es un concepto que remite a una idea de modelo de gestión de unos bienes básicos que deben dejar de estar en esferas de mercado para recuperar su vínculo con la vida, con las personas. En palabras de Harvey se trata de establecer una relación social colectiva y no mercantilizada con determinado bien común. Por lo tanto, no sólo se trata de recuperar una gestión pública al uso, sino que se trata de abrir espacios en las instituciones como una vía hacía una sociedad más democrática.