Sindicatos de concertación y PIB

Las organizaciones sindicales de concertación han aceptado, en sus negociaciones con la patronal, abandonar el tradicional parámetro de referencia empleado para cuantificar las subidas salariales de los trabajadores, esto es, el índice de precios al consumo (IPC). En cambio, inauguran una nueva etapa al aceptar la utilización de los datos estadísticos del Producto Interior Bruto (PIB) como referencia para los posibles incrementos de los salarios.

Evidentemente, tanto uno como otro de dichos instrumentos de determinación salarial poseen inconvenientes. El empleo del parámetro de la inflación, por ejemplo, puede implicar que en períodos deflacionistas como los actuales no se produzcan subidas salariales a pesar de que los productos básicos, alimentación y energía especialmente, incrementen sus precios, al verse compensados estos con la bajada del precio de productos menos accesibles en momentos de crisis.

Como sabemos, esta circunstancia es la que se está produciendo actualmente. Así, con una bajada general de los precios del 1,1% en el mes de febrero y un encadenamiento de ocho meses a la baja, se viven situaciones cada vez más frecuentes de desnutrición infantil o pobreza energética. Por el contrario, en periodos inflacionistas, al no incrementarse el conjunto de precios y el de rentas de manera proporcional, la inflación puede afectar a la distribución de la renta, desajuste que se ha pretendido, hasta ahora, compensar con la vinculación de tal subida de precios con la de los salarios.

Por otro lado, la utilización del PIB nos lleva a situaciones igualmente conflictivas. Así, son posibles situaciones de escaso crecimiento económico que resulten acompañadas por un aumento del índice de precios al consumo, lo que conllevaría una pérdida del poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Esta circunstancia se produjo históricamente en la década de los 70 como consecuencia de la abrupta subida de los precios del petróleo y sus derivados. Una coyuntura semejante se podría producir fácilmente de nuevo si, como cada vez más voces vaticinan, no resultara posible mantener el precio del crudo en los artificialmente bajos niveles actuales, siendo muy probable que en un plazo relativamente corto vuelva a cotizar por encima de los 150 dólares el barril. En una economía como la nuestra, fuertemente petróleo-dependiente, un aumento de tales precios generaría una reducción de la actividad productiva.

La utilización del PIB a estos efectos nos plantea, además, cuestiones de más hondo calado. Relacionar el aumento salarial con el PIB vincula el poder adquisitivo de los trabajadores con el resultado de dinámicas en buena medida ciegas del mercado. Así, por ejemplo, un incremento en la productividad de una empresa o sector no es garantía de generación de nuevas inversiones en la misma. Por el contrario, son cada vez más frecuentes fenómenos de deslocalización en empresas rentables con altos niveles de productividad.

Asimismo, esta relación implica asumir que solo el crecimiento del PIB puede llevar aparejado un crecimiento en el bienestar material de la mayor parte de las personas. Sin embargo, en el marco actual de relaciones sociales, en el que unos pocos poseen los bienes que son esenciales para el conjunto, el incremento del índice del PIB implica, a nivel global, la continuación del ahondamiento de la brecha entre ricos y pobres, puesto que un crecimiento económico en el marco de un reparto desigual e injusto de la riqueza implica acentuar dichas desigualdades. A este respecto, basta recordar que durante las tres últimas décadas, salvo períodos muy concretos, se han producido en nuestro país incrementos anuales del PIB que han venido acompañados de un incremento de dicha brecha. Recuérdese que a partir del año 2011, las rentas empresariales superaron, por primera vez, a las salariales en España. Otro dato que ratifica nuestro planteamiento estaría relacionado con el hecho de que, en la actualidad, el 1% de la población española tiene el 27% de la riqueza y el 10% acapara más del 55%. Todo ello, como decimos, con períodos crecimiento negativo que en dichas décadas fueron excepcionales.

Es más, en última instancia, también implica asumir que el crecimiento es posible que sea ilimitado en el contexto de un planeta de recursos limitados. Es decir, que los sindicatos de concertación relacionan salarios con algo que, a corto plazo, no será posible, esto es, un crecimiento económico constante en un planeta finito.

El único instrumento válido para la fijación de unos niveles salariales justos es aproximarnos progresivamente a una equivalencia entre el valor del trabajo y la retribución directa o indirecta del mismo, eliminando en la determinación de esta retribución todos los elementos externos al trabajo en sí mismo, como es, actualmente, el mercado. Lógicamente, esta valorización del trabajo ha de implicar una progresiva reducción y eliminación del ilegítimo beneficio empresarial, todo ello desde la concepción de un nuevo modelo de economía en el que el ser humano y sus legítimas exigencias constituyan el patrón central de la misma.

Las organizaciones sindicales de concertación han aceptado, en sus negociaciones con la patronal, abandonar el tradicional parámetro de referencia empleado para cuantificar las subidas salariales de los trabajadores, esto es, el índice de precios al consumo (IPC). En cambio, inauguran una nueva etapa al aceptar la utilización de los datos estadísticos del Producto Interior Bruto (PIB) como referencia para los posibles incrementos de los salarios.

Evidentemente, tanto uno como otro de dichos instrumentos de determinación salarial poseen inconvenientes. El empleo del parámetro de la inflación, por ejemplo, puede implicar que en períodos deflacionistas como los actuales no se produzcan subidas salariales a pesar de que los productos básicos, alimentación y energía especialmente, incrementen sus precios, al verse compensados estos con la bajada del precio de productos menos accesibles en momentos de crisis.