La lucha contra la tortura, aquí y ahora

La tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes existen en el Estado español. A pesar de que este ha firmado todos los Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y de que el Código Penal castiga con dureza los delitos de tortura y contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos, estas situaciones no son una excepción.

La distancia entre la legalidad y la realidad es absolutamente abismal. La excepcionalidad es que, ante una denuncia de torturas o malos tratos, los distintos operadores jurídicos apliquen los mecanismos legales estatales e internacionales para que se lleven a cabo investigaciones efectivas. La excepcionalidad es que los responsables políticos y técnicos de los cuerpos policiales y de los funcionarios de prisiones lleven adelante investigaciones efectivas cuando tienen indicios de que se podría haber cometido un abuso. La excepcionalidad es que el funcionario que vulnera la ley, sea sancionado o condenado por ello. La normalidad es la impunidad. Estamos ante una de las muestras más evidentes del Derecho Penal del amigo. En este campo, lo más fácil es mirar hacia otro lado.

Sin embargo, muchas organizaciones sociales llevan años realizando trabajo jurídico, comunicativo, de movilización social y de incidencia política bajo un horizonte final de erradicación de la tortura y los malos tratos. Sus objetivos son claros: acercar en la mayor medida posible la realidad a la legalidad y transformar las legalidades que amparan las situaciones de tortura y malos tratos.

Los próximos días 21 y 22 de Noviembre se celebran en Barcelona las Jornadas por el X aniversario de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, espacio que durante estos años ha agrupado a muchas de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos del Estado. Dichas jornadas servirán para analizar los principales desafíos a los que nos enfrentamos, bajo la idea de seguir la estela creciente de auge de los movimientos que luchan por la defensa de los derechos humanos. Intentar superar las frustraciones que la impunidad instala en nuestras organizaciones y en nuestra cotidianeidad para, a partir de las importantes conquistas alcanzadas, tejer caminos desde la inteligencia y el accionar estratégico para seguir adelante.

En los últimos años se han logrado romper algunos silencios en torno a la tortura y los malos tratos. La grabación de abusos policiales por parte de personas comprometidas, el trabajo impecable de algunos/as periodistas y la necesaria combinación de estrategias jurídicas y comunicativas ante denuncias de este tipo de situaciones ha roto la imagen que se tenía hace años de que en un Estado “democrático” como el nuestro no se producen torturas.

El ejemplo paradigmático de hasta qué punto se logró romper dicho silencio en ocasiones es el caso de Ester Quintana, la mujer de Barcelona que hace dos años y cinco días sufrió la mutilación de un ojo por el impacto de una bala de goma. A los pocos días de salir del hospital, aún debilitada, decidió ponerse delante de una cámara, dos documentalistas y sus abogados, a explicar su vivencia de una manera transparente y cruda. El salto del vídeo a los principales medios de comunicación y su difusión viral masiva acabaron poniendo en evidencia a toda la cúpula de la Consejería de Interior catalana. Sus versiones sobre el origen de la lesión (sostenidas hasta el día de hoy) acabaron deslegitimadas frente a la versión de Ester. Y año y medio después, se prohibieron las balas de goma.

Otro ejemplo de como se ha logrado romper dicho silencio es la difusión viral y en grandes medios de comunicación de las escandalosas situaciones de tortura y malos tratos que se han vivido en los últimos meses en Melilla. Gracias al incansable trabajo de la Asociación Prodein y de muchos periodistas, se ha visibilizado la gravedad y urgencia de la situación en la frontera sur a ambos lados de la valla.

Comenzar a romper algunos silencios es un gran paso adelante. Sin embargo, aún tenemos muchos desafíos por delante y algunas prioridades ineludibles. Por un lado, fortalecer las estructuras de las organizaciones de derechos humanos que realizan intervención directa, así como animar a aquellas que no lo hacen a hacerla. Por otro, trabajar para romper los fuertes silencios que aún persisten en torno a las vulneraciones que se producen en las prisiones, especialmente en los departamentos de aislamiento, y en los Centros de Justicia Juvenil. Finalmente, integrar metodologías de trabajo en las que la mirada interseccional y psicosocial estén presentes en todo momento.

Entre las prioridades ineludibles –no por ello menos complicadas– destacaría al menos tres: la necesidad de acabar con el régimen de detención incomunicada tantas veces criticado por organismos internacionales; el reestablecimiento de la legalidad y el cese de los malos tratos en la frontera sur; así como el compromiso del Poder Judicial para crear un Protocolo de investigación eficaz de denuncias de malos tratos y torturas.

Quedan muchos caminos por recorrer después de estos últimos 10 años andando en colectivo. De hecho, lo único que asegura que la realidad se vaya acercando a la legalidad, así como que podamos transformar legalidades injustas, es el trabajo cotidiano, estratégico y optimista. Y para ello, es ineludible también detenerse a celebrar las pequeñas conquistas. Que la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura cumpla 10 años de trabajo colectivo es una de esas victorias que no podemos dejar pasar.

La tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes existen en el Estado español. A pesar de que este ha firmado todos los Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y de que el Código Penal castiga con dureza los delitos de tortura y contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos, estas situaciones no son una excepción.

La distancia entre la legalidad y la realidad es absolutamente abismal. La excepcionalidad es que, ante una denuncia de torturas o malos tratos, los distintos operadores jurídicos apliquen los mecanismos legales estatales e internacionales para que se lleven a cabo investigaciones efectivas. La excepcionalidad es que los responsables políticos y técnicos de los cuerpos policiales y de los funcionarios de prisiones lleven adelante investigaciones efectivas cuando tienen indicios de que se podría haber cometido un abuso. La excepcionalidad es que el funcionario que vulnera la ley, sea sancionado o condenado por ello. La normalidad es la impunidad. Estamos ante una de las muestras más evidentes del Derecho Penal del amigo. En este campo, lo más fácil es mirar hacia otro lado.