Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.
El medioambiente en el TTIP: cuando los zorros cuidan el gallinero
Desgraciadamente, el foco mediático no siempre está puesto en el medioambiente, un asunto que nos definirá como planeta. Pero la presión de los activistas, e incluso de inversores comprometidos con el clima, ha conseguido suscitar un debate en el contexto europeo sobre aspectos clave como el fracking, el greenwashing o las emisiones de CO2. El lenguaje usado por parte de los interesados en ocultar la realidad, suele enmascarar la cadena perpetua a la que estamos sometiendo a nuestro mundo. Sobre todo en lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio (TTIP), que la Unión Europea y Estados Unidos negocian en secreto desde 2013.
Por primera vez, el dinero se ha posicionado a favor de los que apoyan los campos verdes y denuncian los cielos negros. Una coalición global de 25 inversores que gestiona más de 45.000 millones libras en activos ha pedido a nueve grandes empresas que cotizan en bolsa que revisen su pertenencia a los grande grupos de lobby que tratan de socavar la política climática de la Unión Europea. “Abordar el problema del cambio climático debe ser prioritario en la agenda de los inversores responsables en todo el mundo”, recoge Share Action.
Los inversores escribieron a petroleras y grandes multinacionales del gas como BP, Statoil, Total, las minerías BHP Billiton and Rio Tinto, también a farmacéuticas de la talla de Johnson Matthey y hasta a la gigante Procter & Gamble, exigiendo que se desvincularan de grandes grupos de lobby como el Cefic, BusinessEurope, la International Association of Oil and Gas Producer (OGP) o FuelsEurope, que da voz a las refinerías europeas.
De boquilla, y en una encuesta de la ONU, más de 2.000 empresas petroleras del mundo dijeron apostar por reducir las emisiones de CO2 y contribuir a la lucha contra el cambio climático. Al menos así lo hicieron las multinacionales con sede en Europa, incluso Gazprom, la mayor emisora de este gas contaminante de todo el mundo. En cambio, no fue esa la postura de las empresas más importantes de los EEUU, con los que la UE negocia en el TTIP regulaciones sobre el clima, clave para el futuro de miles de millones de personas. Según la encuesta de la ONU, las 28 multinacionales estadounidenses votaron en blanco, apostando por desentenderse de aquello que tenga que ver con prevenir o paliar el cambio climático.
La realidad es que el 45 por ciento de las 100 empresas más grandes del mundo está obstruyendo las leyes que luchan contra el cambio climático, según una ONG británica. Además, el 95 por ciento son miembros de asociaciones profesionales como las mencionadas BusinessEurope o CEFIC.
Negacionismo, cinismo y conflicto de interés
La organización y presión internacional hacia las grandes empresas parece estar dando levemente sus frutos y algunas ya han comenzado a desligarse de los enormes grupos de presión que abarrotan Bruselas. Unilever (que comercializa productos como Dove o Frigo) se ha salido de BusinessEurope, mientras que Shell y BP han afirmado que dejarán el American Legislative Exchange Council. Básicamente, este grupo de presión, como otros muchos, funciona de la siguiente manera: Cada miembro paga una cuota anual de entre 7.000 y 25.000 dólares al año para que sus intereses queden plasmados en la leyes nacionales, si una empresa quiere ir más allá, y estar directamente en los grupos de trabajo que definen las políticas sobre el clima global, por ejemplo, debe pagar en torno a 2.500 y 10.000 dólares más.
La línea entre cargos públicos y representantes industriales es difusa a la hora de decidir sobre aspectos como el clima. Greenpeace analizó los antecedentes de los representantes que han sido designados por los gobiernos para sentarse en el grupo oficial que propondrá los nuevos límites a la contaminación del aire en toda Europa. El resultado es que de 352 miembros, 183 están directamente relacionados con la industria, ya sea por los propios agentes que van a ser regulados o por los grupos de presión que representan sus intereses.
El mejor ejemplo de cómo el zorro cuida del gallinero en este aspecto lo encontramos en el Gobierno de España, donde la influencia de la industria energética es abrumadora. En uno de los intentos por reducir la polución del aire, España país creó una delegación de doce personas, ocho son representantes de la industria. Dos portavoces de Gas Natural y Endesa, uno de Iberdrola, Elcogas y HC Energía, así como otro por parte de la patronal de las grandes eléctricas, se encargan de decidir sobre cuestiones que les atañen directamente. Si analizamos las distintas posturas de los gobiernos en este aspecto, vemos como el que preside Mariano Rajoy ha tratado de debilitar los límites de emisión del dióxido de azufre, principal causante de la lluvia acida, y del óxido de nitrógeno, que entre otras causas contribuye a la destrucción de la capa de ozono. También ha rechazado reducir las emisiones de CO2 y la contaminación del aire, que según Greenpeace provoca 22.300 muertes prematuras al año.
Y de fondo, siempre el TTIP
Según los últimos datos hechos públicos por el Corporate Europe Observatory, los grandes grupos de lobby que están en el foco mediático por su apuesta en contra del clima, son casualmente los que más reuniones han tenido con la Dirección General de Comercio en el marco del TTIP. Business Europea y Cefic se alzan con el primer y el tercer puesto respectivamente. Por otro lado, FuelsEurope y la International Association of Oil and Gas Producers forman parte de los 250 lobbies empresariales que protagonizaron el 88% de las reuniones con los altos oficiales europeos.
La opacidad es la seña de identidad del TTIP, a pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea por vender que es el tratado más transparente negociado nunca. No se conocen las relaciones entre los altos cargos europeos y los lobbies empresariales, la posición de Europea en temas cruciales o los textos más avanzados del Tratado, pero sí la conducta en relación al clima que adoptan los grandes lobbies a los que los negociadores del TTIP ponen la alfombra roja.
Business Europe, tal y como denunció Friends Of The Earth (FOE), mantiene la postura de seguir adelante con la explotación de gas, también de detener nuevas leyes contra el clima y debilitar las existentes “sea cual sea el coste para el medio ambiente”. Por otro lado, dice que quiere reducir los costos de energía para las empresas y los consumidores europeos. Pero se niega a apoyar un objetivo vinculante para reducir el uso de energía, a pesar de que esto podría reducir 250 mil millones euros de la factura energética de Europa cada año. También se opone a cualquier aumento unilateral de la meta de reducción de emisiones para 2020 y otras barbaridades que recoge un demoledor informe de FOE.
A quien también ha denunciado la ONG verde por el uso de técnicas de “greenwashing –en la mayoría de ocasiones relacionadas con el fracking– es a la citada OGP. Entre sus acciones destacan la publicación de informes con ”un importante sesgo“ y la posterior presión política mediante reuniones secretas con la Comisión. ”A pesar de que proclaman un compromiso responsable con el medio ambiente, la OGP y sus miembros han distorsionado las pruebas sobre el impacto ambiental de las organizaciones sin ánimo de lucro y han utilizado la desinformación para convencer a los responsables políticos de los beneficios del gas“, apunta Amigos de la Tierra en otro documento implacable. Según el sitio web de la OGP, sus miembros producen más de la mitad del petróleo del mundo y alrededor de un tercio del gas.
Por otra parte, Business Europe y OGP comparten posturas con el Cefic y FuelsEurope en temas clave para el medioambiente. Los cuatro creen que Europa no debe tomar una acción unilateral contra el clima, que éste no debe anteponerse a la competitividad y presionan para la eliminación del apoyo a las renovables. El resto de posiciones que abogan por tumbar las política que defienden el clima se pueden encontrar en este brillante trabajo del Think Tank británico, Policy Studies Institute.
Este octubre el polémico TTIP afronta su onceava ronda de negociaciones con la flagrante evidencia de que grandes grupos de influencia presionan para reducir las regulaciones sobre el clima. Si no fuera cierto, ¿por qué la Comisión Europea esconde su relación con los lobbies corporativos?
Desgraciadamente, el foco mediático no siempre está puesto en el medioambiente, un asunto que nos definirá como planeta. Pero la presión de los activistas, e incluso de inversores comprometidos con el clima, ha conseguido suscitar un debate en el contexto europeo sobre aspectos clave como el fracking, el greenwashing o las emisiones de CO2. El lenguaje usado por parte de los interesados en ocultar la realidad, suele enmascarar la cadena perpetua a la que estamos sometiendo a nuestro mundo. Sobre todo en lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio (TTIP), que la Unión Europea y Estados Unidos negocian en secreto desde 2013.
Por primera vez, el dinero se ha posicionado a favor de los que apoyan los campos verdes y denuncian los cielos negros. Una coalición global de 25 inversores que gestiona más de 45.000 millones libras en activos ha pedido a nueve grandes empresas que cotizan en bolsa que revisen su pertenencia a los grande grupos de lobby que tratan de socavar la política climática de la Unión Europea. “Abordar el problema del cambio climático debe ser prioritario en la agenda de los inversores responsables en todo el mundo”, recoge Share Action.