La universidad: un problema ideológico

Lo público se destruye mediante el desprestigio; es la herramienta ideológica del insolidario. Para desprestigiar basta con complicarle la vida a la institución correspondiente hasta que empeore el servicio. Para ello, no basta con la prensa, sino que hay que ahogar económicamente y reducir plantillas. Así consigues esconder lo ideológico, es decir, no debe decirse que no quieres que todos tengan igualdad de oportunidades. Debes argumentar como si tus razones fueran objetivas, cuando hablas de algo tan poco objetivo como los resultados o la economía; especialmente tras haberla hundido tú mismo.

La universidad pública española lucha día a día contra el desprestigio. Su desmantelamiento se debe a cuestiones ideológicas, pero también es una manera de apropiarse de estructuras públicas con el fin de enriquecer a personas particulares. En la universidad pública existen facultades muy deseadas por capitales privados, como Medicina, Farmacia o las ingenierías, entre otras. Así ocurrió con la luz y con el teléfono en España.

Como prueba de la estrategia, podemos aportar algunas cifras: entre 2008 y 2014 se redujo el 18,24% en la financiación de las comunidades autónomas a las universidades públicas como promedio. En la Comunidad de Madrid, esta reducción fue del 28,16%. Se obligó a que la reducción se hiciera especialmente en lo correspondiente al personal, al mismo tiempo que diversos gobernantes, especialmente desde el Ministerio de Educación, lanzaban una feroz campaña basada en que sobraban profesores e investigadores. Aprovecho para indicar que en mis grupos de prácticas hay 85 estudiantes por profesor. No soy el único que trabaja en estas condiciones.

La ratio exigida por el plan Bolonia no se ha cumplido en ninguna universidad pública española. De hecho, tras una tasa de reposición de personal laboral absolutamente draconiana, hoy las universidades tienen muchísimos menos profesores que hace seis años. ¿Mejora el servicio si eliminas personal sin ningún plan estratégico? No importa. No se busca gestionar mejor. Es una decisión ideológica.

Por otra parte, nuestros dirigentes insisten en que sobran universidades mientras conceden licencia tras licencia a universidades privadas, las subvencionan, les ceden terrenos. En Madrid hay seis universidades públicas, por ocho privadas (con tres más que se encuentran en proceso de aprobación). En poco tiempo, habrá el doble de universidades privadas que públicas. Si sobran universidades, ¿por qué se propicia que se abran más y más privadas? Algo huele a podrido en el Ministerio.

Vayamos al tema de la investigación, esencial en la universidad. El objetivo del Tratado de Lisboa era lograr un aumento de inversión pública en I+D+i hasta llegar al 3% para 2020, mientras que nuestro Ministerio ha congelado nuestro presupuesto hasta ese año en un 1,75%. Así desoye las exigencias de la propia Comisión Europea que insiste en que los recortes debidos a la crisis no se hagan ni en Educación ni en I+D+i, por el terrible retraso que supone para la recuperación de la economía. Esto es anti-económico. Es ideológico.

Y lo ideológico parte de que, sencillamente, muchos de nuestros gobernantes ni saben cómo funciona el conocimiento ni les interesa saberlo. Consideran una pérdida de tiempo estudiar todo aquello que no produzca patentes y beneficios inmediatos, sin reconocer que el crecimiento en I+D+i de un país depende de la multidisciplinariedad y no de incentivar solo la ciencia aplicada. Quien considere que no debe formarse en arte, ética o filosofía del derecho a los ciudadanos es incapaz de entender que si la sociedad no funciona bien es precisamente por problemas ideológicos: porque solo se mira ganar dinero y no formar humanísticamente. Se quejan de que la sociedad pierde los valores, pero la gobiernan sin importarles.

En la Comunidad de Madrid, la gestión del I+D+i ha pasado a fundaciones privadas (los llamados IMDEAs) que, con recursos públicos, sirven a grandes empresas. La mayor parte de su investigación se limita a materiales, agua, software, networks, alimentación, energía y nanociencia.

Por si fuera poco, ni siquiera se invierte apenas dinero, sino que una enorme parte de la supuesta financiación es a través de créditos que las universidades deben devolver. Ni siquiera EEUU gestiona así su investigación; mucho menos países como Alemania o Francia.

Para aumentar este problema ideológico, se han fomentado los proyectos que llaman a las universidades a competir entre ellas. Este modelo anglosajón dista mucho de aportar tan óptimos resultados como se suele defender, al menos en Europa. Pero tampoco en EEUU, donde existen unas pocas universidades de gran peso, pero muchas más –mediocres– donde estudia la gente con menos recursos. En el fondo, se trata de universidades de prestigio para ricos y de universidades de tercera para pobres. Estos solo acceden a las de prestigio si resultan ser especialmente brillantes, es decir, competitivos. La ideología de la competitividad no siente compasión por el débil; en vez de ayudarle, le vence.

Por si fuera poco, aplicar este modelo en España implicaría que para estudiar con un mínimo de calidad los estudiantes tendrían que cambiar su residencia a unas pocas grandes ciudades, como Madrid o Barcelona. Muy pocas familias podrían permitírselo. Añadamos a estos costes unas tasas cada vez más elevadas, cuando en Europa cada vez tienden más a la gratuidad, como en Francia o Alemania. Recordemos que el mismo máster cuesta 3.900 euros en la Universidad Complutense de Madrid, mientras es gratis o tiene precios casi simbólicos en países como Francia, Alemania y otros europeos.

Porque las razones son ideológicas.

Son ideológicas porque, entre otras cosas, nadie se toma la molestia de comprobar cuánto cuesta realmente la universidad. Los estudios solo cuentan las tasas pagadas y no el enriquecimiento que la universidad supone para cualquier ciudad que la hospede.

Por último, ¿cómo es que no hay ninguna universidad española entre las primeras del mundo? De nuevo por planteamientos ideológicos. Porque se siguen rankings como el de Shanghai, que no contemplan la relación entre resultados económicos y presupuestos, un ranking criticado por grandes universidades como la de Oxford o la de Cambridge por no valorar los resultados culturales, humanos y sociales. Prácticamente todas las universidades que figuran por encima de las nuestras en estos rankings disfrutan de presupuestos mucho más elevados. Si se hicieran estos rankings desde los presupuestos, varias de nuestras universidades estarían entre las primeras.

Dejaré un par de datos: según informes internacionales recogidos por el Observatorio Español de I+D+i a partir de datos Scopus, España ocupa el décimo lugar como país investigador del mundo, con menos presupuesto que otros países. Se debe al sistema público, puesto que en ninguna universidad privada española se investiga como en las públicas. Según estas mismas fuentes, el CSIC ocupa la séptima posición entre los centros investigadores del mundo. Nuestros gobernantes deforman y ocultan estos datos en su campaña de desprestigio.

El problema de la universidad española es ideológico.

La universidad española no es perfecta. Arrastra muchos males no resueltos. Pero su desarrollo y mejora no pasan por la destrucción realizada contra las televisiones públicas, los transportes y la sanidad, sino por la correcta financiación y por la sociedad que, dentro y fuera de la universidad, sepa estar a la altura del reto.

Lo público se destruye mediante el desprestigio; es la herramienta ideológica del insolidario. Para desprestigiar basta con complicarle la vida a la institución correspondiente hasta que empeore el servicio. Para ello, no basta con la prensa, sino que hay que ahogar económicamente y reducir plantillas. Así consigues esconder lo ideológico, es decir, no debe decirse que no quieres que todos tengan igualdad de oportunidades. Debes argumentar como si tus razones fueran objetivas, cuando hablas de algo tan poco objetivo como los resultados o la economía; especialmente tras haberla hundido tú mismo.

La universidad pública española lucha día a día contra el desprestigio. Su desmantelamiento se debe a cuestiones ideológicas, pero también es una manera de apropiarse de estructuras públicas con el fin de enriquecer a personas particulares. En la universidad pública existen facultades muy deseadas por capitales privados, como Medicina, Farmacia o las ingenierías, entre otras. Así ocurrió con la luz y con el teléfono en España.