Alcoa anuncia despidos colectivos al no lograr “precios competitivos en la subasta eléctrica”

La multinacional americana Alcoa ha comunicado a los trabajadores el inicio de los trámites para un despido colectivo en las plantas de Avilés y A Coruña, que como mínimo afectará a treinta trabajadores.

En una carta remitida al comité de empresa, alega que “la falta de servicios de interrumpibilidad, junto a una tecnología menos eficiente y una menor capacidad productiva, hacen que las fábricas de Avilés y A Coruña no puedan producir aluminio a un precio competitivo, lo que la sitúa a la empresa en una situación muy difícil a partir del 1 de enero”.

Alcoa se acoge al artículo 51 del Estatuto de Trabajadores para iniciar el procedimiento de despido colectivo “por causas objetivas”. La multinacional está abierta a estudiar la segunda subasta que anunció el ministro de Industria, José Manuel Soria, pero insiste en que la decisión parte “de la situación a fecha de hoy tras los resultados de la subasta”.

La multinacional, líder mundial en producción, ingeniería y tecnología de metales ligeros, expresa su compromiso de “trabajar para minimizar el impacto de su resultado, tanto en los empleados como en las comunidades locales”.

Las sospechas sobre que el Gobierno había puesto en bandeja a Alcoa la posibilidad de cerrar sus fábricas de alumino en España cobra realidad. El consejero de Economía del ejecutivo asturiano, Graciano Torre, cree que “todo apunta a un proceso de cierre o venta de las plantas”.

Torre ha solicitado una reunión “urgentísima” con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y el presidente Javier Fernández ha convocado otra para este martes con representantes de CCOO y de UGT y miembros del comité de empresa, que no acudan a la cita con la empresa en Madrid, para intentar revertir esta situación, mientras que los trabajadores se reunirán en asamblea para adoptar medidas.

El reconocimiento de la compañía al esfuerzo realizado por los trabajadores para mejorar la competitividad, no sirve como argumento a CCOO, que rechaza de plano las intenciones de la empresa por “oportunistas”.

“Lo hemos dicho claramente, que si querían utilizarnos como moneda de cambio para pedir una buena subasta, lo único que han conseguido es que ellos sean nuestros enemigos, porque son quienes nos despiden”, dice José Manuel Gómez de la Uz, representante sindical en la planta de Alcoa de Avilés.

Izquierda Unida también se ha movilizado contra la decisión de los despidos. En un comunicado, exige la retirada del ERE y un nuevo modelo de energía eléctrica para grandes consumidores. “La empresa tiene que asumir su responsabilidad social para con los trabajadores y el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que dejar de estar sometido a los intereses de las eléctricas y de dar cobertura a las grandes compañías para justificar cierres y deslocalizaciones”, dice.

La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), a la que pertenece Alcoa, Asturiana de Zic y Arcelor-Mittal, también se ha sumado al descontento por el resultado de la subasta del servicio de interrumpibilidad, en la que la multinacional americana se quedo sin los incentivos eléctricos.

“El resultado del reciente proceso de subasta ha tenido resultados muy insatisfactorios para esta industria, que puede ver seriamente amenazada su posición competitiva”. En el comunicado, Unesid reitera su disposición al diálogo con el Ministerio de Industria con el fin de conseguir un precio competitivo de la electricidad para la industria siderúrgica.

Asturias es la tercera comunidad, por detrás de Madrid y Navarra, con mayor porcentaje de facturación de las filiales extranjeras en la industria y en los servicios (un 32,4 por ciento), que mueve al año una cifra de negocio superior a los 8.000 millones de euros y da empleo directo a unos 16.000 trabajadores.

La multinacional americana Alcoa ha comunicado a los trabajadores el inicio de los trámites para un despido colectivo en las plantas de Avilés y A Coruña, que como mínimo afectará a treinta trabajadores.

En una carta remitida al comité de empresa, alega que “la falta de servicios de interrumpibilidad, junto a una tecnología menos eficiente y una menor capacidad productiva, hacen que las fábricas de Avilés y A Coruña no puedan producir aluminio a un precio competitivo, lo que la sitúa a la empresa en una situación muy difícil a partir del 1 de enero”.