El abogado de IU acusa a Álvarez Cascos de recibir retribuciones irregulares de hasta 600.000 euros

Izquierda Unida ha elegido como escenario Asturias para mantener vivos los papeles de Bárcenas y responder con datos a la segunda demanda que Álvarez Cascos, ex secretario del PP y actual líder de Foro, ha interpuesto contra el abogado de la coalición, Enrique Santiago, al que exige 20.000 euros por “su ánimo de desplazarle públicamente e imputarle flirteo con la corrupción” en el ‘caso Bárcenas’. La respuesta del letrado de la acusación popular ha sido que “Cascos recibió retribuciones por valor de 600.000 euros desde 1990 a 2004”.

Santiago no se ha sorprendido por las querellas del líder de Foro y del resto de dirigentes del PP, que las considera una estrategia para frenar la labor de IU. “Esta frenética actividad de querellas contra el equipo jurídico de IU responde a un intento de bloquearnos el trabajo. Intento, por otro lado, que es absolutamente estéril”, dijo. Y ha animado a Cascos y a los dirigentes populares a ir contra Bárcenas, “que es quien ha consignado las anotaciones y luego se reiteró en sede judicial”.

Enrique Santiago precisa que, a raíz de la querella de IU sobre la financiación irregular del PP, “se ha puesto de manifiesto el pago de las empresas adjudicatarias”. El modus operandi queda constatado, según el procedimiento, por una fórmula en la que los empresarios entregaban cantidades importantes de dinero al PP entre la licitación de una obra pública o servicio y su adjudicación. Como ejemplo está la Variante Ferroviaria de Pajares que, según el abogado, “aún sin justificar, se seccionó en cuatro lotes, de los que en tres de ellos coinciden donaciones con adjudicaciones”.

Según los datos aportados por Santiago, el lote número 3 se licita en marzo de 2003 y se adjudica a Sacyr en julio de 2003 “y entre la licitación y la adjudicación aparece un pago, consignado en los papeles de Bárcenas, de 100.000 euros”, dice. En el lote 4, que también sale a licitación en marzo de ese año y se adjudica en julio a AZVI Constructora, entre otras, “aparecen consignados cinco pagos por un total de 390.000 euros, coincidiendo con los periodos entre la licitación y la adjudicación”, precisa el abogado.

En el cuarto lote, se concedió un 25% a la Constructora Hispánica, “que aparece en los papeles del ex tesorero, consignando un pago por Alfonso García Pozuelo de 60.000 euros. En fin, serán coincidencias, pero en el ámbito judicial son indicios incriminatorios”, asevera Enrique Santiago.

El abogado de la colación insiste en que la imputación del que fue secretario general del PP -y durante diez meses presidente del Gobierno de Asturias- es la lógica consecuencia del proceso judicial que se está dirimiendo sobre la financiación irregular del PP, ya que, según explica Santiago, el propio Cascos reconoció en sede judicial que, además de secretario general, ejerció de tesorero en funciones durante un periodo de tres años entre los ceses de Rosendo Naseiro y el nombramiento de Álvaro Lapuerta.

“Esto explicaría por qué el señor Cascos es el único dirigente del PP que, además de estar en esos papeles como preceptor sistemático y constante de retribuciones, aparece, y es el único caso, como la persona que hace entregas de dinero a esa caja B del Partido Popular”, matiza Enrique Santiago.

Para el letrado, y siempre según los papeles de Bárcenas, en los años en los que ejerció como tesorero en funciones, el actual líder de Foro habría ingresado, entre abril de 1994 y septiembre de 1998, un total de 282.000 euros. “Eso tenía una difícil explicación, pero cuando el propio Álvarez Cascos reconoció en sede judicial, que había ejercido de tesorero en funciones, empezamos a ver una explicación a esa entrega”. Enrique Santiago recuerda que, de acuerdo con las declaraciones de Bárcenas, “todos los tesoreros iban a recoger el dinero que les entregaban los donantes”.

El pasado 19 de septiembre, IU amplió la querella ante el juez Pablo Ruz, añadiendo nuevos delitos contra dirigentes del PP y empresarios que, hasta el momento, aparecen como imputados. Entre esos empresarios, se encuentra José Luis Moreno, que dirigió varios programas de televisión entre los años 2000 y 2004, “periodo en el que, de forma sistemática, aparecen pagos en esos papeles por importes siempre iguales de un millón de pesetas”, dice.

Además de Cascos, en la ampliación de la querella está Ángel Acebes, secretario general entre 2004 y 2008, periodo en el que se produjeron multitud de ingresos en esa caja B del PP. Asimismo, se incluye a Ángel Piñeiro, como responsable de organización del PP en Galicia, “bajo cuya gestión se registró la entrada de varios cientos de millones de pesetas y que, según Bárcenas, procedían de donaciones de empresarios que actuaban en Galicia”, precisa Santiago.

El abogado de IU explica que la ampliación de la querella se debe a que “ha quedado claramente acreditada” la veracidad de al menos 46 apuntes contables, que han establecido una relación incuestionable entre las salidas de dinero recaudado ilícitamente y los ingresos sistemáticos, constantes y continuados que se hacían en la cuenta oficial de donaciones del PP en días cercanos, “por lo que estamos ante un claro delito de blanqueo de capital. Además, los pagos eran ilícitos porque procedían de empresas contratistas de la administración, algo prohibido por la Ley de Partidos”, concluye Enrique Santiago.

Izquierda Unida ha elegido como escenario Asturias para mantener vivos los papeles de Bárcenas y responder con datos a la segunda demanda que Álvarez Cascos, ex secretario del PP y actual líder de Foro, ha interpuesto contra el abogado de la coalición, Enrique Santiago, al que exige 20.000 euros por “su ánimo de desplazarle públicamente e imputarle flirteo con la corrupción” en el ‘caso Bárcenas’. La respuesta del letrado de la acusación popular ha sido que “Cascos recibió retribuciones por valor de 600.000 euros desde 1990 a 2004”.

Santiago no se ha sorprendido por las querellas del líder de Foro y del resto de dirigentes del PP, que las considera una estrategia para frenar la labor de IU. “Esta frenética actividad de querellas contra el equipo jurídico de IU responde a un intento de bloquearnos el trabajo. Intento, por otro lado, que es absolutamente estéril”, dijo. Y ha animado a Cascos y a los dirigentes populares a ir contra Bárcenas, “que es quien ha consignado las anotaciones y luego se reiteró en sede judicial”.