Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón se unen para frenar a Cataluña y Madrid en la financiación autonómica

Tres autonomías gobernadas por el PP, Galicia, Aragón y Castilla y León, y una del PSOE, Asturias, se han organizado para planificar una estrategia conjunta de cara al debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, frente a las exigencias de Cataluña y de Madrid, que buscan un sistema de financiación que tenga en cuenta su aportación al conjunto. El argumento que presentan las cuatro regiones es la crisis demográfica, que se ha convertido en un problema estructural.

Las cuatro comunidades, reunidas en Oviedo, cuentan entre su población con el mayor número de personas de más de 64 años, por encima del 20 por ciento según las estadísticas nacionales. Los portavoces de los respectivos gobiernos autonómicos consideran que el declive demográfico es un problema de Estado y exigen al Gobierno de Mariano Rajoy que diseñe una Estrategia Española por el Cambio Demográfico que ofrezca alternativas a medio y largo plazo al declive de población y al envejecimiento.

“Un problema supraterritorial exige respuestas de Estado y de la Unión Europea”, dice la declaración institucional suscrita por las autonomías afectadas. Para estas cuatro comunidades, la pérdida de habitantes, el envejecimiento y el despoblamiento, sumado a un crecimiento vegetativo negativo, que afecta directamente a las expectativas económicas y profesionales, es una realidad que demanda estrategias específicas desde el Estado.

Según estas cuatro regiones, la crisis demográfica se ha convertido en uno de los retos que debe afrontar el Gobierno de Rajoy, la UE y las propias autonomías, que afecta a la distribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades y la financiación de los servicios esenciales para el reequilibro demográfico. La financiación es la llave que ha unido a los cuatro gobiernos. Frente a Cataluña y Madrid, exigen un mayor peso de las variables demográficas como la baja densidad, la dispersión de la población y el envejecimiento en la revisión del modelo de financiación autonómica del próximo año.

“Se trata de factores que requieren un mayor coste de recursos para prestar educación, sanidad, atención social y dependencia a los ciudadanos de los territorios con estas características”, especifican.

En el ámbito de la UE, solicitan que en el marco presupuestario de 2014-2020 se tenga en cuenta el dictamen del Comité de las Regiones sobre las desventajas demográficas territoriales en el reparto de ayudas y fondos comunitarios en regiones especialmente castigadas como las del Nordeste, Este y Sudoeste europeo.

Además de las cuestiones económicas, los cuatro gobiernos autonómicos consideran que la futura estrategia del Ejecutivo de Rajoy debe incluir políticas dirigidas a la familia, a los jóvenes y a los inmigrantes y a potenciar sectores estratégicos en el crecimiento económico. Especial interés adquieren las zonas rurales, que requieren acciones concretas para asentar población, como la mejora de equipamientos, servicios y actividad económica.

Las cuatro comunidades autónomas trasladarán al presidente Mariano Rajoy la declaración conjunta y han decidido formalizar un grupo de trabajo permanente, que se encargará de presentar proyectos conjuntos ante la UE. En febrero han quedado emplazados en Zaragoza para celebrar el II Encuentro Internacional por el cambio demográfico.

Tres autonomías gobernadas por el PP, Galicia, Aragón y Castilla y León, y una del PSOE, Asturias, se han organizado para planificar una estrategia conjunta de cara al debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, frente a las exigencias de Cataluña y de Madrid, que buscan un sistema de financiación que tenga en cuenta su aportación al conjunto. El argumento que presentan las cuatro regiones es la crisis demográfica, que se ha convertido en un problema estructural.

Las cuatro comunidades, reunidas en Oviedo, cuentan entre su población con el mayor número de personas de más de 64 años, por encima del 20 por ciento según las estadísticas nacionales. Los portavoces de los respectivos gobiernos autonómicos consideran que el declive demográfico es un problema de Estado y exigen al Gobierno de Mariano Rajoy que diseñe una Estrategia Española por el Cambio Demográfico que ofrezca alternativas a medio y largo plazo al declive de población y al envejecimiento.