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Asturias asegura que Mato ofrece información “sesgada y unilateral” sobre la Dependencia
El Gobierno asturiano (PSOE) asume de nuevo la voz disconforme con la forma en que el Ejecutivo de Rajoy lleva todo lo relacionado con los servicios sociales. En la reunión del consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia con la ministra de Sanidad, Ana Mato, una vez saltaron las alarmas sobre cómo se manejan los datos en el caso concreto de la Dependencia.
La consejera de Bienestar Social autonómica, Esther Díaz, critica al Ministerio por “su empeño de ocultar” la aportación de las comunidades autónomas y el copago de los beneficiarios al sistema de la dependencia. El informe del Imserso ha obviado estos datos y sólo refleja los del Gobierno central, ofreciendo “una información sesgada y unilateral”.
Ante las recriminaciones de Asturias, Sanidad se excusa en que no lo puede hacer por “la diversidad contable y presupuestaria de las comunidades”, dice Díaz. Las certificaciones de los interventores, que envían las comunidades autónomas, son papel mojado. “Lo que dicen, no se sostiene, porque las tienen desde el mes de abril”, añade.
La normativa estatal de 2013 obliga a las autonomías a presentar un certificado anual de gasto en dependencia antes de abril, con el fin de determinar el coste real del sistema. En el caso de Asturias, el informe del Imserso recoge que se aportaron más de 23 millones, la cantidad que da el Estado, pero no se dice el dinero destinado por el Gobierno autonómico, más de 142 millones de euros, ni el del copago, 27 millones, que supera a la aportación de Sanidad.
El Ministerio de Ana Mato no ha tenido en consideración las tres vías de financiación que existen para mantener el sistema de la dependencia. Según los datos facilitados por la consejería de Bienestar, en Asturias se invierten un total de 192.492.282 euros, de los que sólo el 12,2 por ciento provienen del Estado (23 millones); el 73,7 por ciento lo aporta la administración socialista (142 millones) y el 14,1 por ciento los propios dependientes a través del copago (27 millones de euros).
Para la consejera asturiana, el departamento de Mato ha ocultado estos datos porque las cantidades del copago superan ya la aportación del Estado. “Si quieren hacer un informe que plasme la realidad tienen que reflejar todas las partes”. A esta ocultación de datos, se suma la reducción en la financiación. En el caso de Asturias pasó de 41 millones en 2010 a 23 millones en 2013.
En estos momentos, el número de beneficiarios por la Ley de Dependencia en Asturias es de 15.345 personas y 2.347, que tienen derecho a recibir un servicio o prestación, están en el limbo de la espera. Otro de los motivos por lo que la consejera de Bienestar pide que en el informe se reflejen todas las aportaciones, es para terminar con dictámenes negativos, como el del Observatorio de Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que dejan la gestión asturiana sobre la dependencia en un mal lugar, por detrás de Castilla y León o de Andalucía.
El Gobierno asturiano insiste es que la dependencia y la lucha contra la pobreza infantil son los ejes centrales de su política de servicios sociales. Este verano movilizará 1,4 millones de euros para ayudar a familias con problemas económicos y menores a su cargo en la lucha contra la pobreza infantil.
Durante la reunión del consejero territorial, la consejera autonómica ha pedido un pacto de Estado entre todas las administraciones, “porque la situación lo requiere y nos lo están pidiendo todos los organismos internacionales”, dice. Además, reclama que se incluyan las ayudas del Estado en los Presupuestos Generales, para que exista una continuidad en el tiempo.
El Gobierno asturiano (PSOE) asume de nuevo la voz disconforme con la forma en que el Ejecutivo de Rajoy lleva todo lo relacionado con los servicios sociales. En la reunión del consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia con la ministra de Sanidad, Ana Mato, una vez saltaron las alarmas sobre cómo se manejan los datos en el caso concreto de la Dependencia.
La consejera de Bienestar Social autonómica, Esther Díaz, critica al Ministerio por “su empeño de ocultar” la aportación de las comunidades autónomas y el copago de los beneficiarios al sistema de la dependencia. El informe del Imserso ha obviado estos datos y sólo refleja los del Gobierno central, ofreciendo “una información sesgada y unilateral”.