Un catedrático constitucionalista propone regular el ejecutivo en funciones para evitar “triquiñuelas”

El Parlamento asturiano está debatiendo las tres iniciativas de Izquierda Unida para reformar la Ley del Presidente y del Consejo de Gobierno de 1984. En esencia, las propuestas de la coalición se basan en que la elección del jefe del Ejecutivo pueda contar con votos en contra, en la limitación del mandato a ocho años de todos los miembros del Gobierno y en la supresión del estatuto de los ex presidentes, que determina la previsión temporal de medios personales y materiales tras su cese.

Quizás por las prisas de querer ser el primero en plantear la modificación, lo que no ha hecho IU es profundizar en una reforma de calado en una normativa de treinta años. Esas carencias en la reforma las ha puesto de manifiesto el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Francisco Bastida, en su análisis ante la comisión de Presidencia de la Junta General del Principado, donde se debaten dichas propuestas.

El afamado catedrático propone a la Cámara que enfoque una regla clara y “no confusa y farragosa” ante una reforma de tanto calado. Para empezar, considera que es una oportunidad para regular “qué es lo que se sucede con un gobierno cuando se convocan elecciones”. Bastida propone profundizar en diversos grados, como el de las funciones y las prefunciones·

Las decisiones que adopta un gobierno en funciones condicionan la acción del que entra, que se ve sujeto a lo aprobado por el ejecutivo saliente. Con una regulación clara, “se evitarían triquiñuelas”, sobre todo ante posibles disoluciones anticipadas de la Cámara.

No es la única propuesta que ha lanzado el catedrático constitucionalista. En su intervención, dejó claro que la limitación que impone la ley de que sólo se puede elegir presidente a un diputado “es innecesaria”. Mientras en España el jefe del Ejecutivo no tiene porque ser un parlamentario electo, de hecho “con eso jugó la solución Armada”, precisa, durante el golpe del 23-F, en Asturias es todo lo contrario; es obligatorio ser diputado para acceder a la presdiencia.

Este corsé ha llevado al Principado a vivir algunos episodios de atasco institucional que, de contar con una normativa más abierta, habrían facilitado una salida a la inestabilidad política. Ahí está el caso del ex presidente Sergio Marqués, del PP, que tras un enfrentamiento con Francisco Alvárez Cascos, entonces vicepresidente en el Gobierno de Aznar, se quedó en minoría y sin apoyo parlamentario.

En aquel momento, todas las miradas se dirigían hacia el socialista Vicente Álvarez Areces, que tuvo que esperar a ser diputado para acceder a la presidencia. Otro caso más reciente, es la convocatoria de elecciones anticipadas por Francisco Álvarez Cascos a los diez meses de haber formado gobierno. La propuesta de Bastida está dirigida a “garantizar la gobernabilidad, no un gobierno”.

Tampoco se mostró muy de partidario con la idea de acortar el tiempo de mandato de los presidentes y menos aún extender esa limitación a los consejeros. Para el catedrático, lo más coherente es incidir en un sistema de incompatibilidades y así evitar que se generalice la idea de que “estar en el poder es nocivo. A veces se quiere regular en política lo que es un problema de ética”, precisa.

La valoración de los políticos españoles pasa por un momento delicado y eso, a juicio de Bastida, puede llevar a promulgar medidas que, aunque demagógicas, son bien acogidas por los ciudadanos. “Por desgracia, todo lo que sea recortar, será bien recibido”, dice. Por eso, defiende la conveniencia de aprovechar la oportunidad para elaborar una regla clara.

El Parlamento asturiano está debatiendo las tres iniciativas de Izquierda Unida para reformar la Ley del Presidente y del Consejo de Gobierno de 1984. En esencia, las propuestas de la coalición se basan en que la elección del jefe del Ejecutivo pueda contar con votos en contra, en la limitación del mandato a ocho años de todos los miembros del Gobierno y en la supresión del estatuto de los ex presidentes, que determina la previsión temporal de medios personales y materiales tras su cese.

Quizás por las prisas de querer ser el primero en plantear la modificación, lo que no ha hecho IU es profundizar en una reforma de calado en una normativa de treinta años. Esas carencias en la reforma las ha puesto de manifiesto el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Francisco Bastida, en su análisis ante la comisión de Presidencia de la Junta General del Principado, donde se debaten dichas propuestas.