Las indemnizaciones a las fotovoltaicas pueden superar los 5.000 millones de euros, según IU

Seis compañías de energía renovable fotovoltaica han demandado al Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Internacional de Arbitraje para pedir compensaciones por la supresión de las ayudas. Sólo una de ellas, Abengoa, solicita al Estado español una indemnización de 600 millones de euros por los perjuicios ocasionados en el cambio de la normativa, impulsada por el Ministerio de Industria y que suprime las ayudas a la producción energética del sistema fotovoltaico, según la respuesta por escrito del Gobierno al senador de IU por Asturias, Jesús Iglesias.

A raíz de la contestación del Ejecutivo, Iglesias alerta que el Estado tendrá que hacer frente a indemnizaciones multimillonarias, “como mínimo de cinco mil millones de euros como consecuencia de la reforma del ministro Soria”.

El supuesto impacto en la tarifa eléctrica y en el déficit tarifario de los últimos años fue la justificación que ofreció el ministro José Manuel Soria para suprimir las ayudas a esta industria de renovables. Algo que, a juicio del senador de IU, no ha tenido el efecto esperado, ya que la reforma eléctrica no implica que haya bajado el precio de la luz, “sino que se ha incrementado y seguirá subiendo”, asegura.

Iglesias desconoce si el Ejecutivo de Rajoy tenía en sus previsiones la reacción de las compañías, pero lo que tiene claro es que “nunca dijo nada ni advirtió de esas consecuencias. Ha ocultado a la ciudadanía el peligro de la supresión de estas ayudas”. La pregunta ahora es: ¿quién va a sufragar estas indemnizaciones? El senador cree que, “una vez más, será la población quien asuma ese coste si el Tribunal Internacional de Arbitraje falla a favor de las empresas”.

Según Iglesias, en el Gobierno ya se habla de crear una especie de banco malo para pagar las inversiones realizadas por las renovables, lo mismo que para el saneamiento de las autopistas en quiebra.

El senador considera que las alternativas que se plantean no son beneficiosas para España. Además, cree incomprensible que el ministro Soria ahogue una industria que, entre los años 2005 y 2010, “desarrolló una tecnología que situó a nuestro país a la cabeza de Europa y del mundo. Las consecuencias de esta reforma son la destrucción de empleo y la reclamación de compensación económica de las compañías inversoras”.

Por su parte, el consejero de Economía del Gobierno asturiano, Graciano Torre, considera que el decreto de retribución a las energías renovables está afectando al desarrollo de los parques eólicos en el Principado, al igual que en resto del país. En Asturias hay catorce parques eólicos en funcionamiento, dos que cuentan con las autorizaciones para la construcción y 44 que están paralizados, aunque tienen autorización previa. Torre ve difícil que salgan adelante sin las ayudas.

En la zona occidental de la comunidad autónoma se encuentra un parque experimental clave para el desarrollo tecnológico en el aprovechamiento del viento en regímenes turbulentos. De hecho, ha conseguido validar el programa de control de las turbinas, que se instalarán en un parque comercial en Sudáfrica.

Seis compañías de energía renovable fotovoltaica han demandado al Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Internacional de Arbitraje para pedir compensaciones por la supresión de las ayudas. Sólo una de ellas, Abengoa, solicita al Estado español una indemnización de 600 millones de euros por los perjuicios ocasionados en el cambio de la normativa, impulsada por el Ministerio de Industria y que suprime las ayudas a la producción energética del sistema fotovoltaico, según la respuesta por escrito del Gobierno al senador de IU por Asturias, Jesús Iglesias.

A raíz de la contestación del Ejecutivo, Iglesias alerta que el Estado tendrá que hacer frente a indemnizaciones multimillonarias, “como mínimo de cinco mil millones de euros como consecuencia de la reforma del ministro Soria”.