Asturias multa con 18.000 euros por contrato a los bancos que aplican cláusula suelo en las hipotecas

El Gobierno del Principado es el primero en tomar la iniciativa de abrir expediente sancionador a las entidades bancarias que aplican cláusula suelo en las hipotecas, impidiendo que los ciudadanos se beneficien de las bajadas de los tipos de interés. La dirección general de Consumo, dependiente de la consejería de Economía, ha tomado medidas contra Liberbank, Popular-Pastor, Sabadell y Caja Rural por “falta grave” y una multa de 18.000 euros por contrato.

Asturias se convierte en la primera comunidad autónoma que toma la decisión de sancionar a las entidades financieras, una vez que el Banco de España considera que “no es asunto de su competencia, sino de los departamentos competentes de las comunidades autónomas los que deben emprender las acciones sancionadoras”.

Hasta el momento, los gobiernos autonómicos se escudaban en responsabilizar al Banco de España en este asunto, pero al desligarse del tema, el presidente de la Unión de Consumidores (UCE), Dacio Alonso, cree que “deben seguir el camino de Asturias por el interés de sus ciudadanos ante una cláusula ilegal y abusiva”. En el Principado, se estima que hay unas 30.000 familias afectadas por esta práctica, pero de momento sólo se han recogido poco más de 500 reclamaciones, de las que ya se han tramitado 350.

Los motivos que alega la dirección general de Consumo del Principado se centran en que “la cláusula suelo incluida en la escritura del préstamo hipotecario incumple los criterios de transparencia establecidos por el Tribunal Supremo. Estas omisiones, impiden que el consumidor conozca la carga económica que asume”.

La sanción radica en la mala fe de las entidades financieras, que incluyen la cláusula suelo “en un contrato de préstamo a interés variable pero, de hecho, esta cláusula lo convierte en un préstamo a interés fijo”. La escasa transparencia de esta práctica, hace que “los consumidores no tengan conocimiento claro de la incidencia de la cláusula en la ejecución del contrato de la hipoteca” y por lo tanto la considera “abusiva, al atraer al cliente mediante una oferta competitiva que no es real”.

Los datos que maneja la UCE indican que, una hipoteca de 180.000 euros a 30 años con cláusula suelo, una familia paga al mes 833,61 euros frente a los 590,77 euros sin la cláusula, lo que supone al año un desembolso de 2.914 euros de más. El Tribunal Supremo llego a hablar de “oferta engañosa” en la sentencia contra el BBVA, Nova Galicia y Cajamar.

Además de la UCE, el gobierno autonómico ha abierto la puerta a los ciudadanos a presentar sus reclamaciones ante la dirección general de Consumo sin necesidad de acudir a la vía judicial y “eso beneficia a muchas personas que no pueden pagar 2.000 euros para interponer un pleito en los tribunales contra el banco”, apunta Dacio Alonso.

Ahora, queda esperar la decisión que adopten las entidades financieras expedientadas. El Principado les ha propuesto dos salidas, una pagar los 18.000 euros y la otra, devolver al titular de la hipoteca las cantidades cobradas de más por este concepto y rebajar la multa a 3.601 euros.

El Gobierno del Principado es el primero en tomar la iniciativa de abrir expediente sancionador a las entidades bancarias que aplican cláusula suelo en las hipotecas, impidiendo que los ciudadanos se beneficien de las bajadas de los tipos de interés. La dirección general de Consumo, dependiente de la consejería de Economía, ha tomado medidas contra Liberbank, Popular-Pastor, Sabadell y Caja Rural por “falta grave” y una multa de 18.000 euros por contrato.

Asturias se convierte en la primera comunidad autónoma que toma la decisión de sancionar a las entidades financieras, una vez que el Banco de España considera que “no es asunto de su competencia, sino de los departamentos competentes de las comunidades autónomas los que deben emprender las acciones sancionadoras”.