Boyacá recurre a la seguridad privada para garantizar el reparto de prensa

Boyacá ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid permiso para contratar a vigilantes privados para garantizar el reparto de prensa en la Comunidad de Madrid, “ante las amenazas y coacciones de los repartidores”, cuyo contrato mercantil finaliza el 30 de agosto.

En un comunicado, Boyacá considera que esta medida es “imprescindible y necesaria”, dada la situación de “indefensión legal y operativa” en la que se encuentra la compañía.

La empresa lamenta además el impacto de esta situación sobre el gremio de los quioscos en la región de Madrid y está intentando poner en marcha todas las soluciones posibles ante “el boicot continuado por parte de los transportistas” que supone “la alteración de los sistemas de entrega de la prensa y la destrucción de mercancía”.

A pesar de las dificultades de estos días de “conflicto”, en los que se ha requerido la intervención policial, se está logrando abastecer casi el 50 por ciento de los puntos de reparto.

Boyacá recuerda que esta suspensión de servicio representa “una situación ilegal por parte de los transportistas”, ante la finalización de sus contratos mercantiles.

La compañía precisa que los repartidores autónomos no mantienen una relación laboral con la empresa, sino mercantil, por lo que “legalmente no tienen derecho a huelga” y lo que están desarrollando es “una acción ilegal” para “extorsionar a la compañía y al sector en su conjunto”.

Estos 240 repartidores autónomos no forman parte de la plantilla, no son empleados, sino que tienen contratos mercantiles con la compañía que finalizan el próximo 30 de agosto, añade Boyacá.

La empresa ha notificado y preavisado la finalización de estos contratos con seis meses de antelación (siendo tres meses el plazo pactado) y, desde un comienzo, ha ofrecido compensaciones adicionales por término de contrato con el objetivo de facilitar la transición a un nuevo modelo y siempre que no hubiese incidentes como los actuales.

Boyacá señala que el nuevo modelo mercantil es “imprescindible” desde hace años, puesto que las tiradas (número de ejemplares) de distribución de prensa se han ido reduciendo año tras año, y se ha mantenido un total de repartidores contratados por encima de las necesidades reales de reparto.

La empresa precisa que, por contrato, los 240 repartidores de Madrid percibían una media 4.500 euros más IVA por cuatro horas de servicios de ruta al día, durante quince días al mes (sesenta horas mensuales), con independencia del número de ejemplares a repartir.

Estas condiciones contractuales son desde hace tiempo “inasumibles” para la compañía, que ha preferido evitar medidas más traumáticas, y ha optado por aguantar hasta la finalización y término de los contratos.

Boyacá subraya que el sector está perdiendo 270.000 euros diarios con cada jornada del conflicto, además de los daños materiales en productos, vehículos e instalaciones que ha sufrido por “la violencia de las coacciones y amenazas de los repartidores”.

La compañía considera “inaceptable” la actitud “ilegal” de los repartidores y solicita a las autoridades protección ante los constantes “actos violentos, organizados y dirigidos contra la compañía y que impiden el normal desarrollo de su actividad”.