Primera restitución de arte incautado por el franquismo a una familia

La Abogacía General del Estado emitió el pasado mes de junio un informe y dictamen que animaba al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a devolver a los herederos del empresario naviero Ramón de la Sota y Aburto (1887-1978) dos cuadros que decoraban las paredes del Parador de Almagro desde no se sabe cuánto tiempo. El Retrato de caballero, de Frans Pourbus el Joven, y el Retrato de la reina María Cristina de Borbón, de Vicente López, forman parte de una colección privada que sumaba unas 300 obras de arte antes de la caída del País Vasco en manos del ejército franquista. La familia explica a este periódico que a lo largo del franquismo lograron recuperar menos de 250 piezas. La importancia de esta reclamación extrajudicial es que es la primera restitución que tiene lugar de arte incautado por el franquismo.

Tres años después de la muerte de Ramón de la Sota (1857-1936), el Tribunal de Responsabilidades Políticas le condenó a pagar una multa de 100 millones de pesetas por “conspiración para la rebelión militar”. Sus bienes fueron embargados, entre ellos la flota al completo de sus compañías: 40 barcos que se habían utilizado para evacuar Bilbao ante la llegada de los franquistas. La multa la heredó su hijo, el político y financiero vizcaíno Ramón de la Sota y Aburto, que murió en el exilio. La herencia de la multa seguía activa una vez fallecido el bisabuelo de Ramón de la Sota, quien nos manda el recibo del pago a Hacienda de más de 62 millones de pesetas. La fecha del pago es lo que más sorprende: 1982. Era el importe pendiente de la multa impuesta por el franquismo contra Ramón por sus ideas políticas, que la democracia quería cobrar. Su crimen fue ser nacionalista.

El Museo de Bellas Artes de Bilbao presentará este viernes las dos piezas, que la familia deja en depósito durante dos años en la institución que dirige Miguel Zugaza. A la presentación acudirá la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. “Nunca hemos dejado de buscar las piezas incautadas y perdidas de la colección de mi bisabuelo. Por eso la reparación moral de estos bienes es tan importante, más allá de lo material”, señala Ramón de la Sota a este periódico. Cree que hay muchas familias en la misma situación que la suya y que el Estado debería realizar un inventario de bienes incautados durante el franquismo para comprobar si han llegado a su propiedad de manera lícita o no.

Miles de obras desaparecidas

Arturo Colorado es el investigador que ha descubierto que en la devolución del patrimonio artístico nacional hubo miles de desvíos en las entregas a sus legítimos dueños. En su libro Arte, botín de guerra. Expolio y diáspora en la posguerra franquista (Cátedra), Arturo Colorado demuestra cómo durante la guerra y la posguerra españolas se produjo el mayor movimiento de obras de arte, de diáspora y desubicación de la historia de España. Con la explosión revolucionaria, que supuso la quema de iglesias y ocupación de palacios, el Gobierno de la República puso en marcha una política de incautación, depósito y evacuación de las obras más importantes. Entre ellas, medio millar de piezas del Museo del Prado y otras tantas de Palacio Real. El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, organismo creado en 1938, fue el responsable de las devoluciones. Pero con la dictadura esas devoluciones se ven alteradas.

De muchas el paradero sigue siendo hoy desconocido. Colorado ha catalogado desde 2015 un total de 15.700 obras de arte para saber qué hizo el franquismo con las piezas que la República incautó para salvaguardarlas de su destrucción. La conclusión es que 7.657 obras fueron entregadas a sus legítimos propietarios, pero 6.228 no. Es decir, casi el 40% del tesoro artístico nacional protegido no fue devuelto a sus dueños por el franquismo. Es una situación que no se ha reparado. El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional del franquismo mandó a los museos 2.854 de las obras requisadas (un 19,7%), a organismos 1.929 (un 29,3%), a la Iglesia 1.288 (un 19,5%) y a colecciones privadas 534 obras (un 3,7%). Colorado también señala unas 600 piezas de las que no existe constancia documental de su destino.

Casi 40 museos españoles exponen obra robada por el franquismo. Esa es una de las conclusiones de las investigaciones de Arturo Colorado. Los museos españoles tienen una tarea pendiente ocho décadas después del final de la Guerra Civil: reconstruir la procedencia de las obras que fueron incautadas durante la Segunda República y no fueron entregadas a sus dueños por el franquismo. El franquismo no culminó la tarea.

De los 37 museos agraciados por las entregas de obras en depósito, el Museo Nacional de Artes Decorativas (525 piezas) y el actual Museo del Romanticismo (311), en Madrid, fueron especialmente mimados por el franquismo. Ambas instituciones fueron convertidas por el régimen en iconos de las artes populares y de las tradiciones creativas del pueblo español y tuvieron un tratamiento privilegiado en la recepción de numerosas piezas. Según Colorado, sabían la procedencia de la mayoría de las requisadas, pero no las entregaron a sus dueños. El mismo Museo del Prado contiene, según sus cálculos, “dos docenas” de obras de arte robadas por el franquismo, aunque en el museo no tienen constancia de esta situación.

Una posesión ilegítima

El caso de Ramón de la Sota echó a andar en 2018, cuando un miembro de la familia de De la Sota se cruzó con un cuadro que se parecía al de su antepasado, en una exposición temporal organizada por la Fundación Mapfre. Era un préstamo del Parador de Almagro y figuraba como propiedad de Paradores, organismo adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo. La familia contrató los servicios de los abogados Rafael Mateu y Patricia Fernández Lorenzo, del bufete Ramón y Cajal. Para los letrados es un hecho importante por el cambio en el criterio de la Administración. Hasta ahora si el poseedor actuaba como si fuera el dueño, la posesión estaba legitimada. El Código Civil permite que se adquiera por usucapión la propiedad por posesión de la cosa.

La Administración ha reconocido, en un proceso que no ha sido sencillo, que este depósito es irregular y que por ello no reconocen la usucapión. Patricia Fernández Lorenzo, abogada y doctora en historia, se ha encargado de peinar los archivos de la familia y de la Administración para encontrar los papeles que demostraran que esos cuadros son los que buscan la familia, que fueron incautados y que los herederos son los legítimos propietarios. Cuenta que se les perdió la pista en los años cuarenta y que en 1996 volvieron a salir a la luz cuando sucede la transferencia del Ministerio de Industria a Paradores, para decorar los edificios.

“En este caso, además, la Abogacía ha tenido en cuenta que los cuadros estaban en Almagro, no en Bilbao o cerca. La familia no podía saber de su existencia aunque se expusieran en público. También se ha valorado que la familia haya insistido en la búsqueda desde hace años. Es insólito que se hayan valorado las circunstancias concretas, el contexto en el que sucedió la incautación y los años posteriores”, explica Patricia Fernández Lorenzo. En la resolución del caso ha sido determinante la cantidad de documentación aportada por la familia y sus abogados. Como explica Ramón Mateu, la Administración ha sido favorable en la devolución, “pero no ha sido fácil”. Aunque la solución ha evitado los tribunales.

Dos raseros

Por un lado, la Administración actúa para reparar a las víctimas de la incautación franquista de esta manera pero, por otro, se niega a la devolución de un Pissarro robado por los nazis y expuesto en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Calle Saint-Honoré por la tarde, efecto de lluvia es una obra realizada en 1897 por el pintor impresionista y es propiedad del Estado español desde 1993, cuando compró por 350 millones de dólares al barón Thyssen los 775 cuadros de su colección. Los cuadros están adscritos a la Fundación Thyssen, responsable de gestionar el museo con dinero público, y desde hace 22 años el Estado español se mantiene en litigio contra la familia de los propietarios legítimos, los herederos de Lilly Cassirer.

“Esto es un tributo que hacemos a mi bisabuelo, que no pactó jamás con el régimen y se mantuvo fiel a sus ideas”, explica Ramón de la Sota. Pero también es un hecho que generará nuevas reclamaciones, avanzan los abogados. La Administración española tiene pendiente revisar la trasera de las pinturas que descansan en sus colecciones, que decoran sus edificios y descubrir si son propiedad de terceros para ejecutar su devolución. Hasta el momento no hay jurisprudencia sobre materia de bienes incautados ilegítimamente, pero a partir de hoy ya existe un criterio oficial. La familia De la Sota reclama una implicación en la restitución de estas obras incautadas y no devueltas para tutelar el rescate y no dejar a solas a las víctimas.