El freno a la Ley del Cine por el adelanto electoral, “un jarro de agua fría” para los productores

El anuncio del adelanto electoral pilló al sector del cine negociando con el Gobierno las nuevas ayudas para la producción de películas. La convocatoria de elecciones para el 23 de julio, que cogió por sorpresa al sector, conlleva la disolución de las Cortes, por lo que se congela la tramitación de proyectos legislativos como es la nueva Ley del Cine, un texto que lleva tiempo peleando. La industria cinematográfica tendrá que esperar a la formación de un nuevo Gobierno, el cual deberá decidir si continúa su tramitación o empieza la ley desde cero, dejando en la cuneta meses de negociaciones y trabajo. 

Una hipotética victoria del PP con el apoyo de Vox podría suponer una marcha atrás para el texto, ya que el partido de extrema derecha presentó una enmienda a la totalidad del proyecto de ley, argumentando que “el modelo de gestión impulsado desde hace años por el PSOE, y apoyado por el PP, ha conducido a que la militancia política sustituya al talento”.

En la defensa de su enmienda, el partido de Abascal recurrió a tópicos del pasado, como que el dinero para el cine es dinero que no se dedica a otras cosas más importantes. También argumentó que “la ley propuesta por el Gobierno hace insostenible que la actividad cinematográfica sea considerada una industria madura” y que “lo que busca es que sea una mera herramienta de adoctrinamiento”. Todo el Congreso —incluido el PP, sus potenciales socios— rechazó la enmienda, a excepción de Ciudadanos, que se abstuvo. Durante el debate de la enmienda, los populares calificaron el anteproyecto de ley de “muy mejorable, poco ambicioso e innovador”.

Fuentes del Ministerio de Cultura aseguran que son “conscientes de la importancia de la ley”. “Por eso hemos sido el Gobierno que impulsó una nueva ley del cine”, señalan, y se comprometen a que “seguirá entre las prioridades en la próxima legislatura”.

Incertidumbre entre los productores

Para Jordi Oliva, presidente de PROA, Federación de Productores Audiovisuales de ámbito estatal, la noticia ha sido “un jarro de agua fría” para los productores. “Es una ley que nosotros hemos reclamado su actualización desde hacía muchísimo tiempo. Nos ha costado mucho conseguir que el Gobierno presentase el anteproyecto, que lo hizo en diciembre, y hemos pasado cinco meses de negociaciones con los partidos políticos para presentar nuestras enmiendas. Y ahora, de repente, cuando estábamos llegando a un punto donde creíamos que íbamos a tener la ley, el avance electoral lo congela todo”, se lamenta. El productor teme el retraso porque la ley en trámite “mejoraba las condiciones de la producción”.

PROA no es la única asociación que lamenta que la Ley del Cine no haya salido adelante. Para Productoras Independientes Audiovisuales Federadas (PIAF) es una “mala noticia” y opina que la paralización genera “incertidumbre”. Esta asociación valora que en especial daña los intereses de la producción independiente, ya que la ley estaba pensada para “proteger la diversidad cultural y regular los desequilibrios existentes”.

Y eso a pesar de que PIAF fue una de las asociaciones que manifestó durante la fase de audiencia pública del anteproyecto su “decepción” por una norma que consideraba “una propuesta poco innovadora y ambiciosa” para una norma que debía adaptarse a la profunda transformación que ha vivido el sector desde 2007, cuando se aprobó la ley del cine vigente. Pero también expresó su deseo de que se ajustase “durante su recorrido parlamentario y a través de las correspondientes enmiendas”. Ahora, ese deseo no se cumplirá, aunque confía en que “el nuevo Gobierno que salga de las urnas priorice la puesta en marcha de esta nueva Ley, reafirmando la apuesta realizada a través del Plan España, Hub Audiovisual de Europa”.

Reformas a medias: la protección de la producción independiente

Los tres elementos legislativos más importantes de la política cultural de este Gobierno han sido la ley audiovisual, la ley del cine y el Estatuto del Artista. De estas tres, solo la primera se ha completado, sin contar con el beneplácito del sector ni con los socios de la coalición de Gobierno, por culpa de la definición que en ella se hace sobre lo que es un productor independiente. Al aprobarse la ley, son también independientes las productoras que participadas por las televisiones y plataformas.

José Nevado, director general de la Asociación de Productores Audiovisuales de Televisión de España (PATE) considera que la Ley General de Comunicación Audiovisual “no salió adelante de la forma adecuada” y que el Estatuto del Artista se les “queda a medias”. Valora que La Ley del Cine “corre un riesgo similar” ya que la actual “está obsoleta”: “En cierta manera, garantizaba que las ayudas de carácter cultural llegasen a aquellos proyectos que, sin ellas, nunca saldrían adelante, aunque a la vez, dejaba muchas puertas abiertas a la excepcionalidad”. Al frenarse la tramitación de la nueva ley, “se impide que las otras áreas del audiovisual como las series, la animación, los efectos especiales, los cortometrajes, los desarrollos o incluso el entretenimiento cultural puedan tener cabida en unas instituciones que están pensadas para dar servicio al cine cómo se hacía en los 90”. Respecto a la definición de productor independiente, Nevado cree “que debería ser una que estuviera en una ley de rango mayor y que el resto de leyes hicieran referencia a ella”.

Una de las cosas que más se luchó en el texto fue proteger la definición de productor independiente tras “el mazazo de la Ley General de Comunicación Audiovisual”, dicen desde PROA. “En el texto de la Ley del Cine era mejor para nosotros. Es cierto que se quedaba igual que la del 2007, pero no íbamos a peor. Si ahora hay una nueva ley podríamos ir a peor. Nos preocupa, y eso que la definición de productor independiente de la ley no era nuestra mejor versión, pero era la versión que se pactó con el ICAA y con el Ministerio de Cultura”, explican. De momento, la definición que prevalecería en las convocatorias de ayudas es la de la Ley del Cine de 2007, pero la preocupación viene cuando piensan en que en el futuro, quien redacte el nuevo modelo, puede cambiarla y perder lo ya conseguido en las negociaciones anteriores.

Misión fallida: proteger la diversidad

Para PATE el objetivo es “garantizar que exista diversidad cultural y de pensamiento”, y esto se debe hacer no solo “pudiendo producir el contenido, sino garantizando que la gente sepa que existe y que tenga la oportunidad de verlo en la pantalla que le parezca más conveniente”. Para Nevado, hay que proteger “el cine en sala” y no solo para “los grandes estudios norteamericanos y chinos”. Para ello, dice, es importante tener “una buena Ley del Cine y la Cultura Audiovisual”, a la que hay que sumar otros retos pendientes, como son “la propiedad intelectual y los derechos de autor”.

El nuevo texto no solo regía las bases para las nuevas ayudas e introducía la posibilidad de que las series las recibieran —lo que también iba a provocar que las plataformas tuvieran que ser transparentes con sus datos—, sino que también defendía la diversidad del cine. “Se recogían menciones para la protección de colectivos minoritarios o desprotegidos. Se defendía la igualdad de género, las lenguas cooficiales, a las personas con discapacidad. El texto mejoraba estos aspectos y fomentaba la exhibición en salas en pequeñas zonas urbanas o rurales. Esta ley lo que pretendía era llevar el cine a a lo que comúnmente se llama la España vaciada, algo que nosotros abrazamos y defendimos”, cuenta Oliva del texto presentado. Todavía quedaban “cosas mejorables”, pero en general la consideran una Ley que por fin les situaba en 2023 “en un plano mejor que en el que estábamos hasta ahora”.

Atender al audiovisual que no es cine

Entre los objetivos que en PROA marcan como fundamentales está ese cambio de concepto que se recogía ya en el propio nombre del nuevo marco legal, que pasaba a llamarse Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. “Abría la puerta a crear líneas de subvención para series, que son tan cultura como otras formas de audiovisual. La ley del cine vigente se hizo en 2007, cuando no existían las plataformas. Tenemos una ley que legisla cómo se calafatea en los barcos de madera cuando estamos yendo al espacio”, compara.

La tramitación de las ayudas

El Ministerio de Cultura ha informado a los productores de que no se preocupen por las convocatorias de ayudas en estos meses hasta que se forme un nuevo Gobierno, ya que siguen un procedimiento administrativo, que no legislativo. Las ayudas ya están presupuestadas y fueron aprobadas en su día, por lo que esa parte, al menos, no se podría tocar. “Las convocatorias para las ayudas generales van a salir, pero dependía de si salían con una orden ministerial antigua o nueva, y ahora eso está muy dudoso y no lo tenemos demasiado claro”, dice Jordi Oliva, de PROA. “Sí es cierto que en este preciso momento estábamos hablando con el Ministerio de Cultura, con el ICAA, sobre la posibilidad de incrementar el dinero para el Fondo de la Cinematografía, y esto ahora no sabemos cómo va a quedar”, señala.

Finalmente, la legislatura termina con una única ley aprobada, la del Audiovisual, que favorece a las plataformas: se ha legislado para lograr la inversión extranjera y los rodajes en España gracias al Hub Audiovisual, pero sin poder aprobar el texto que debería proteger a la creación y colocar al sector en el presente y mirar al futuro. Una medida estrella que, finalmente, se ha quedado en un limbo que asusta al sector.