Cuando crear después de los 65 años se convirtió en delito

La alarma social sonó con estrépito cuando en el verano de 2015 un escritor asturiano, que prefirió no revelar públicamente su nombre, envió una carta a la entonces ministra de Empleo del PP, Fátima Báñez, seis meses después de que su mujer se quitara la vida.

En una misiva de 50 páginas el octogenario autor señalaba: “Quiero poner en su conocimiento un abuso del que he sido objeto, un atropello que una disposición injusta y su interpretación literal por parte de su mesnada de funcionarios ha originado en mi entorno íntimo y que ha tenido como consecuencia el fallecimiento de mi esposa de forma dolorosa y traumática, el drama de mis tres hijos y mi destrucción absoluta como individuo y escritor”.

El presunto delito de ese escritor con más de 20 libros publicados y columnista habitual de la prensa asturiana radicaba en haber compatibilizado el cobro de una pensión de jubilación con unos ingresos por derechos de autor que apenas superaban en 1.000 euros el máximo permitido que está fijado por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A pesar de que, como declara en la carta, la maquinaria del Estado había caído sobre él y destruido a su familia, el veterano escritor recurrió y ganó el pleito. Así, la multa de 70.000 euros que había desesperado a su mujer hasta la muerte, fue anulada. Pero el terrible daño ya estaba hecho.

El poeta y novelista Manuel Rico (Madrid, 1952), presidente de la Asociación Colegial de Escritores, todavía se estremece al recordar aquel suceso que dio origen en el otoño de 2015 a la plataforma Seguir Creando, que agrupa a unas 40 entidades vinculadas a la creación cultural. Protestas, manifiestos, movilizaciones de todo tipo y reuniones con las autoridades han jalonado estos tres años y medio en los que el Gobierno del PP “tuvo muy buenas palabras con nosotros, pero que no se tradujeron en un cambio de la legislación”, según Rico.

Pero con el lema de quienes la siguen, la consiguen como estandarte, los creadores lograron que esta semana el Congreso de los Diputados convalidara un decreto del pasado 28 de diciembre por el que el Gobierno se compromete a “aprobar en el plazo máximo de seis meses una norma reglamentaria que regule la compatibilidad de la pensión de jubilación con las actividades de aquellos profesionales dedicados a la creación artística que perciban por esa actividad derechos de propiedad intelectual”.

Para los impulsores de la plataforma Seguir Creando este decreto significa ver luz al final del túnel y confían además en que la nueva norma esté lista en un par de meses o tres.

Miles de afectados

“El colectivo afectado resulta difícil de estimar”, explica Rico, “pero estamos hablando de miles de escritores, músicos y artistas que ya han cumplido los 65 años, cobran una jubilación ganada tras muchos años de cotización y, a la vez, perciben derechos de autor por sus obras. Conviene tener en cuenta, por otra parte, que la mayoría de creadores percibe pensiones que no llegan a los 800 euros mensuales y que en los grandes países de la Unión Europea como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia existe una compatibilidad plena”.

De hecho, “no sólo es una medida injusta, sino que además resulta torpe porque esa jubilación activa de los creadores contribuye al aumento de los ingresos del Estado puesto que los derechos de autor devengan IRPF, lo que supone una importante aportación a las arcas públicas. Por ello es justo que defendamos ese derecho de los creadores después de cumplir 65 años”.

Otro argumento que ha movilizado a los creadores culturales apunta a la discriminación que implica que un jubilado pueda cobrar su pensión al tiempo que ingresa por pisos alquilados o por activos financieros, mientras esa compatibilidad se convierte en imposible con los derechos de autor. “En realidad”, apostilla el presidente de ACE, “se trata más de un problema de interpretación de la ley”.

El comienzo de las movilizaciones en 2015 por parte de un colectivo con rostros famosos y casos sangrantes, como el del citado escritor asturiano, obligaron al Gobierno del PP, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la cabeza, a paralizar inspecciones y sanciones que afectaron a creadores consagrados en sus ámbitos, como el escritor Javier Reverte; el dibujante ya fallecido Antonio Fraguas, Forges; el catedrático Julio Pomés; o el traductor Daniel Romero.

Otros artistas de primera fila prefieren no dar sus nombres, a pesar de que canalizaron sus demandas a través de la plataforma Seguir Creando. Aunque no dispone de pruebas documentales, como afirma con ironía, Javier Reverte (Madrid, 1944) está convencido de que Montoro quiso dar un castigo ejemplar al sector del cine y de la cultura tras aquella amenazadora frase del ministro de “se van a enterar”.

“Algunos por tanto”, manifiesta este novelista, escritor de viajes y periodista de larga trayectoria, “hemos sido los chivos expiatorios de esa política contra la cultura. Está bien que se haya aprobado el decreto de compatibilidad porque el Gobierno actual reconoce la injusticia que se ha cometido. De hecho, todos los partidos políticos reconocían que era una injusticia. Sin embargo, dudo mucho de que nos devuelvan el importe de las enormes multas que hemos pagado. O sea, que se perpetúa el castigo. Es como si un país decidiera abolir la pena de muerte, pero ajusticiara de todos modos a los que estaban condenados y pendientes de ejecución”.

El caso de Javier Reverte figura entre los más escandalosos del puñado de creadores afectados, ya que le fue suspendido el 31 de diciembre de 2015 el cobro de su jubilación de 1.800 euros al mes (obtenida tras muchos años de cotización como periodista) y tiene la obligación de devolver un total de 121.637 euros por “cobro indebido” de su pensión que está devolviendo a razón de unos 2.000 euros al mes.

“Los autores sancionados”, declara Manuel Rico, “se encuentran sin pensión, con altas deudas con Hacienda y la Seguridad Social, con cuentas embargadas y recurriendo, en muchas ocasiones, a familiares y amigos para salir adelante”.

El abogado Carlos Muñoz, que asesora a las entidades de creadores culturales, se muestra pesimista sobre la posibilidad de que la Administración se comprometa a devolver las cantidades abonadas por los artistas sancionados, una vez entren en vigor las nuevas normas. “En cualquier caso”, aclara el letrado, “habremos conseguido defender ese derecho de compatibilizar pensión y derechos de autor en beneficio de miles de escritores y artistas”.

De todas las reuniones mantenidas con la Administración, los creadores han salido con la convicción de que los políticos, en general, muestran muy poca sensibilidad por la cultura. Reverte evoca una frase de la ministra Báñez cuando a modo de exculpación comentó a una delegación de escritores que a ella le gustaba mucho la poesía. “Fue una hiriente frivolidad”, afirma el novelista, “y estuve a punto de decirle que sería la poesía del franquista José María Pemán. En fin, no nos queda otra opción que seguir peleando por algo que es justo”.