Como un castigo de los antiguos, de esos en los que el profesor le mandaba a uno escribir en un folio 500 veces “No hablaré más en clase”, pero sumado a una multa de 4.000 euros. Esa ha sido la condena que el pasado día 11 la Audiencia Provincial de Sevilla ratificó tras la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 22 de la misma ciudad, que condenaba al abogado y empresario Luis Pineda por intromisión ilegítima en el derecho al honor del periodista y portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.
Es una sentencia sin precedentes. El propietario de Ausbanc (Asociación de Usuarios de Banca), Luis Pineda, tendrá que publicar el fallo de la sentencia de 9 a 14 horas o de 17 a 22 horas durante 30 días, mencionando la cuenta de Twitter de Rubén Sánchez. Como el texto en cuestión supera largamente los 140 caracteres que permite la plataforma, deberá usar Twitlonger o una herramienta similar que aumente el número total de caracteres publicables en un tuit. Pineda, además, tendrá que eliminar de su perfil de Twitter los 57 comentarios ofensivos por los que Sánchez le denunció y habrá de pagarle 4.000 euros más los intereses legales desde la fecha de la demanda.
Esto no se le ha ocurrido al juez de la Primera Instancia de Sevilla, sino que ha considerado como oportunos los cinco puntos que el abogado de Rubén Sánchez solicitó. El único punto que el Juzgado de Primera instancia ha desestimado ha sido uno en el que el de FACUA pedía como indemnización 30.000 euros, cantidad que se ha visto reducida hasta los 4.000. Sin embargo, Luis Pineda, en la mañana del pasado lunes publicaba el siguiente tuit:
No parece haberse dado por vencido el empresario, ya que deja claras sus intenciones: todo indica que recurrirá la sentencia.
Ausbanc y su presidente, perseguidos por la polémica
La historia viene de atrás. Fue en octubre de 2013 cuando el portavoz de FACUA demandó al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por organizar una campaña de descrédito en su contra. Sánchez recopiló muchos de los tuits ofensivos que el empresario llevaba escribiéndole desde hace años a su cuenta de Twitter y los presentó bajo el epígrafe Retratos de una obsesión. En dos pantallazos, Sánchez destapó al empresario, que le calificaba de “imbécil”, “empresario de postín corrupto” y “golfo”. Además, le acusó de emitir “facturas falsas”, de llevarse “la pasta de los desempleados a desluces ilegalmente” y de cobrar “dinero hurtado a desempleados”.
Pineda no tomó medidas hasta el 19 de agosto de 2013, cuando tras una noticia publicada en el diario El Mundo sobre UGT-Andalucía y el uso de facturas falsas para justificar subvenciones de la Junta de Andalucía, se lanzó a criticar abiertamente al portavoz de FACUA. Fue a partir de ese momento que el propietario de Ausbanc subió un peldaño más: “Rubén Sánchez Facuoso me manda matones. Me amenaza con romperme las piernas. Es que Rubén es muy macho. Pero que muy machote él” o “Los sicarios los tiene Rubén Facua. No te confundas, ni confundas. ¿O vienes a eso?”.
La empresa de Luis Pineda ya estuvo en el disparadero en el pasado. Asociaciones de usuarios acusaron a Ausbanc de ser en realidad un negocio lucrativo. Además, la misma asociación fue excluida en 2005 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del registro de organizaciones de consumidores “por la realización de publicidad comercial o no meramente informativa en su revista mensual Justicia y Derecho y en su página web”. Sin embargo, cuando el PP llegó al poder en 2011 la medida quedó en suspenso hasta el año pasado, cuando se produjo su expulsión definitiva del registro.
A Pineda también le persigue la polémica. En los años 80 militó en una organización vinculada a Blas Piñar, el ultraderechista Frente de la Juventud. Llegó, incluso, a ser condenado a tres meses de arresto domiciliario por haber participado en un atraco a mano armada contra Maria Ignacia Vázquez de Soto, marquesa de San Eduardo. Sin embargo, el presidente de Ausbanc afirmó rotundamente que no tenía “antecedentes penales de ningún tipo” y retó a quien mantenga la acusación a exhibir la sentencia de la Audiencia Nacional que le condena, porque asegura que no existe y que los hechos de los que se le acusa son una falsedad.