El Departamento de Cultura de la Generalitat ha expresado su “más profundo desacuerdo” con la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el impuesto para el fomento audiovisual.
En un comunicado hecho público hoy, Cultura indica que la ley contaba con el apoyo de profesionales del sector, así como de los grupos parlamentarios.
Uno de los objetivos de la creación de la Ley era “ratificar la necesidad de dar solución a los problemas de la ciudadanía catalana, en el supuesto que nos ocupa: los problemas de un sector tan estratégico para el país como es el sector audiovisual”.
Cultura ha pedido “el levantamiento de la suspensión de la recaudación” y ha anunciado que presentará alegaciones al recurso interpuesto por el Gobierno.
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha declarado que esta decisión “afecta, nuevamente, a las políticas culturales catalanas así como al sector audiovisual de nuestro país”.
Mascarell ha señalado que desde Cataluña se buscan “soluciones” ante una época de grandes dificultades económicas y desde el Gobierno central sólo reciben “negativas”.
Entre 2001 y 2012, el número de espectadores a las salas de cine en Cataluña se había reducido prácticamente a la mitad; las aportaciones de los presupuestos públicos entre 2009 y 2013 se redujeron a la mitad, mayoritariamente por la desaparición de los fondos procedentes del Ministerio de Cultura; y las producciones catalanas contaban con un presupuesto medio “poco competitivo” que no llegaba a los 2,5 millones de euros.
La Generalitat impulsó la ley de creación del impuesto a los operadores de comunicaciones electrónicas para el fomento del audiovisual y la difusión cultural digital, que a finales del 2014 aprobó el Parlament.
El impuesto está destinado a reforzar la producción audiovisual creando un fondo que permita dinamizar, consolidar y hacer posible que la producción audiovisual se refuerce en Cataluña, y constituye una nueva fuente de ingresos para impulsar la industria cinematográfica y audiovisual.
El tributo se aplicaba hasta ahora a las compañías operadoras de servicios de comunicaciones electrónicas, con una cuota fija de 0,25 euros/mes por cada contrato de conexión subscrito en el territorio de Cataluña, ya sea a través de telefonía fija o de dispositivo móvil.
El objetivo económico era una recaudación de 20,5 millones de euros anuales, cantidad que se destinaría a proveer el fondo por el fomento de la industria audiovisual y el fondo para el fomento de la difusión cultural digital.