Una palabra que lo cambia todo. El PSOE ha incluido en el último momento una enmienda a la Ley General de Comunicación Audiovisual que ha puesto en jaque a todo el sector de productores independientes en España. Sobre el papel solo han tachado la palabra “un” prestador para cambiarla por “dicho” prestador, pero con ello transforman por completo la definición de “productor independiente” y podrían alterar el tablero audiovisual español tal y como lo conocemos.
La nueva ley contempla bonificaciones para las productoras nacionales que puedan verse afectadas por el aterrizaje de grandes plataformas y servicios de streaming. Por ejemplo, Netflix o HBO deben pagar un 5% de sus beneficios obtenidos en España a las empresas independientes. Hasta ahora no había ningún problema. Con la enmienda 790 –se han presentado más de mil– reconocen a las productoras dependientes de las televisiones privadas o plataformas como independientes. Un bandazo de última hora que los verdaderos productores indies han recibido con “profundo estupor”.
“Hasta ahora, las productoras dependientes de las televisiones quedaban excluidas del concierto de producción independiente porque tenían una dependencia directa con su canal emisor. La maniobra de última hora llevada a cabo por el PSOE por la espalda nos afecta porque permite una competencia desleal”, defiende Jordi Oliva, presidente de PROA, la federación de productores independientes. Oliva habla en nombre de la PAP –Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes–, que acoge a 600 empresas y que ha lanzado un comunicado en contra de esta enmienda. “Nosotros no tenemos detrás un músculo financiero de una televisión, somos mucho más pequeños y indefensos”.
Las productoras a las que se refiere la ley serían La Fábrica de la Tele, Bulldog o Telecinco Cinema en el caso de Mediaset, o Buendía Estudios en el caso de Atresmedia. Lo que dicta la norma a partir de ahora es que, si producen un proyecto para otra televisión o plataforma –digamos Netflix– se beneficiarán de las mismas ventajas que pequeñas productoras. “La incluyeron hace un par de días y fueron los partidos políticos los que nos alertaron”, desvela Jordi Oliva.
Nosotros no tenemos detrás un músculo financiero de una televisión, somos mucho más pequeños y indefensos
El conjunto de productores independientes lo que critica son las formas. “Nuestra estupefacción y queja va en contra del Gobierno de España, que se supone que es progresista y tiene que proteger la cultura identitaria propia, y resulta que cede a la presión de las televisiones privadas”, se lamenta el presidente de PROA. “Con esta concentración se ponen en riesgo más de 25.000 empleos, de los que se pueden perder más de 17.000 y precarizar los 7.000 restantes”, denuncia la PAP.
Los sindicatos tampoco apoyan
Los sindicatos también llegan desesperanzados a la inminente aprobación de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. Este jueves se han votado las enmiendas a un anteproyecto de ley que plantea muchos más debates que los lingüísticos. Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado una rueda de urgencia tras semanas de negociación con los diferentes grupos políticos para modificar una ley que “beneficia a los lobbies empresariales, sobre todo a los privados”.
La secretaria general de CCOO, Cristina Bermejo, ha manifestado que la ley impulsada por el PSOE con el apoyo principal de ERC y PNV “da una vuelta de tuerca más a lo que ya fue una ley ultraliberal del PP de 2012”. El cambio propulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy sobre la ley de Zapatero de 2010 permitía a las comunidades autónomas elegir qué modelo preferían para gestionar sus televisiones públicas –si uno público, privado o mixto– y abría la puerta a la externalización de los informativos. Nada de esto cambia con la nueva ley.
CCOO, UGT y CGT critican la “falta absoluta de referencias a la dimensión laboral de un sector que pretende ser el Hub audiovisual de Europa”. El presidente Pedro Sánchez anunció un presupuesto de 1.600 millones de euros para este proyecto, con el que quieren captar inversiones de las empresas internacionales del sector, bien para atraer las sedes o para que produzcan desde España.
La nueva Ley Audiovisual del PSOE da una vuelta de tuerca más a lo que ya fue una ley ultraliberal del PP en 2012
“No se concretan cuestiones que fomenten la creación de empleo de calidad, de garantías laborales, de conciliación y corresponsabilidad, de salud laboral y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres”, ha señalado Bermejo. CGT ha hecho hincapié en que, con el anterior cambio de la Ley Audiovisual “los que sufrieron las consecuencias fueron los trabajadores: 861 empleados de Telemadrid fueron despedidos”, ha incidido José Ángel Giménez, secretario general. “Estas leyes tienen consecuencias nefastas para la vida de la gente”.
Los sindicatos se han centrado sobre todo en sus efectos sobre las televisiones públicas, ya que según CCOO “ahonda aún más en un modelo mercantilista” al servicio de los operadores privados. Critican que no haga una definición clara de “servicio público” para todos los prestadores, tanto los privados como los públicos, y que no “vele” por el acceso universal y gratuito de la sociedad a una información “plural, con libertad de expresión y responsabilidad editorial”.
“Lo que necesitan las televisiones públicas es un sistema de financiación estable, que es lo que garantiza su independencia”, ha señalado UGT. Algo que se agrava en el caso de RTVE, que según los sindicatos la ley no protege y que deja en manos “del político de turno” la posibilidad de recortar este presupuesto anual“. ”No descartamos el regreso de la publicidad a las televisiones públicas“, han admitido desde UGT.