La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a Ticketmaster al Ministerio de Consumo por el cobro “irregular y abusivo” de dos comisiones que graban el precio de la venta de las entradas online que la empresa comercializa a través de su página web.
La compañía cobra una comisión fija de dos euros en concepto de “cuota de servicio” por la transacción que, según ha comunicado la asociación este jueves, “no se visualiza hasta el mismo momento de la compra”. Posteriormente cobra una segunda comisión que alcanza hasta el 13% sobre el precio del boleto en concepto de “gastos de gestión”, semioculta en un link junto a su precio.
OCU considera que la combinación de ambas comisiones supone un gasto “injustificado, abusivo y poco transparente” de un mismo servicio cuando, además, tal y como la propia empresa señala, “es el único canal que tienen los usuarios de adquirir las entradas en Ticketmaster.
La organización indica que es injustificado porque “es el propio usuario, no el vendedor, quien asume el peso de la gestión de la compra”; y que es abusivo dado que “siendo una empresa intermediaria, no presta ningún servicio adicional que justifique el cobro”, como podría ser “un aviso personalizado de cancelación” o el “envío de las entradas a domicilio”. Por último, lo tachan de poco transparente, debido a que el “cobro de estos gastos 'extra' suele estar oculto hasta el mismo momento en el que el usuario va a realizar el pago, incrementando inesperadamente el precio anunciado”.
Por todo ello, OCU solicita al Ministerio de Consumo “sancionar a la empresa y obligarla a cesar este tipo de prácticas, al tiempo que se reconozca el derecho de los afectados a reclamar la devolución de estos gastos indebidamente cobrados”. La organización justifica que las únicas páginas web que pueden aplicar gastos de gestión son las de reventa, “pero deberían incluirse desde un inicio y aplicarse por gestión, no por entrada”.
Al valorar como el “mayor abuso” el procedente del “excesivo recargo online” de los citados gastos, OCU insiste a la administración para que “impulse una normativa que limite su recargo al 20%, tal y como recoge la normativa para la reventa de entradas en la taquilla”.