Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que si en las Elecciones Generales del 23 de julio es elegido presidente, eliminará el Ministerio de Cultura, como hizo Mariano Rajoy durante las dos legislaturas con las que gobernó entre 2011 y 2018. Miquel Iceta trató de reparar aquel “adelgazamiento” con la contratación de 600 funcionarios para ejecutar los presupuestos “más ambiciosos de la historia”. El adelanto de los comicios anunciado hace una semana por el presidente Pedro Sánchez también ha sacudido el presente y futuro de las industrias culturales. Los planes legislativos que el Ministerio de Miquel Iceta había previsto aprobar en algún momento de los próximos seis meses han quedado paralizados. Y en función de los resultados del 23J podrían ser, incluso, abandonados. No es lo que necesita el sector, que en los últimos datos de empleo cultural comprueba cómo desde el final del último verano ha perdido 20.000 puestos de trabajo (de 710.000 a 690.000).
Iceta dejó claro cuál era su gran apuesta para la cartera que recogía de manos de José Manuel Rodríguez Uribes. Nada más tomar el relevo, puso en marcha en julio de 2021 la comisión interministerial para aprobar el Estatuto del Artista. Han pasado dos años y los avances han sido significativos, como la primera prestación especial por desempleo para el sector, que podría ayudar hasta 70.000 trabajadores autónomos, o la compatibilidad de la pensión de jubilación con la actividad artística.
“Se han hecho muchos avances y el Ministerio de Cultura ha trabajado, pero lo más importante se ha quedado pendiente”, explica a este periódico Alberto González Pulido, abogado y gestor cultural que ha representado en las mesas sectoriales a la Unión de Artistas Contemporáneos. Muestra su enfado por la tarea que no se realizará, las medidas de reconocimiento de la intermitencia laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos de la cultura. “Estamos muy decepcionados, porque los autónomos somos la grandísima mayoría del sector. No podemos saber el número exacto porque no se dan de alta porque no pueden hacer frente al pago mensual. Hay un gran número en la economía sumergida. Necesitábamos que flexibilizaran la prestación porque de nada nos sirve que haya prestación por cese de actividad si no estamos dados de alta”, cuenta Alberto González, que adelanta que el sector de las artes visuales tiene previsto iniciar movilizaciones.
Falta de sensibilidad
Este lunes la comisión de seguimiento ha realizado la última reunión antes del cese de las actividades por el adelanto electoral. Tratará sobre prestación por cese de actividad pero, como dice González: “Es una decepción tremenda”. El abogado insiste en señalar el compromiso de Cultura y la “falta de sensibilidad y desconocimiento del sector de Seguridad Social”.
“Pero lo que ha sido realmente indignante, y una de las mayores lacras en todo este proceso de dos años, ha sido el Ministerio de Hacienda. No se ha sentado con nosotros ni un solo día. El verdadero problema es Hacienda”, asegura el representante de los artistas. Es el Ministerio de María Jesús Montero quien tiene la última palabra para resolver el último paso del Estatuto del Artista: la intermitencia.
Con unas medidas ajustadas a sus necesidades, permitiría a los trabajadores culturales cotizar y no morir en el intento. La realidad de los artistas es que deben pagar 161 euros al mes por el régimen de autónomos. “Es demasiado alto para nosotros. Y Seguridad Social nos proponía una rebaja a 125 euros mensuales. Ridículo. Y todo esto para quien no supere los 6.000 euros anuales de rendimiento. ¿En serio? ¿Cómo vas a ganar menos de esa cantidad y vivir? Proponen esto para trabajadores culturales con otro trabajo, no para los profesionales o para los que quieran serlo. Pero no hemos podido plantearles ni la cantidad mensual más oportuna”, comenta decepcionado Alberto González, muy satisfecho con el nombramiento de Manuel Segade como director del Museo Reina Sofía. Para evitar que todo este camino caiga en el olvido con la posible desaparición del Ministerio de Cultura si hay cambio de Gobierno, cree que el Estatuto del Artista debería ser asumido como un asunto de Estado.
Leyes en vía muerta
No es la única pieza que queda neutralizada ante el panorama electoral. La que más ha dolido ha sido la esperada reforma de la Ley del Cine y que ahora deberá esperar a la formación de un nuevo Gobierno. Entonces se decidirá si continúa su tramitación o empieza la ley desde cero, dejando en la cuneta meses de negociaciones y trabajo, como ha indicado Javier Zurro. Era una de las promesas legislativas del Ministerio de Cultura, a la que Vox presentó una enmienda a su totalidad y que acabó con la dirección de Beatriz Navas al frente del ICAA.
En agosto de 2021 el Ministerio de Cultura inició la consulta previa para montar el anteproyecto de la creación de la Oficina Española de derechos de Autor y Conexos. La intención del nuevo organismo era “agilizar y mejorar” las labores vinculadas a este área, con un presupuesto y equipo propio, para hacer frente a una realidad que ha desbordado a la estructura administrativa. Sin embargo, ahora la tramitación, cuyo anteproyecto se aprobó en el Consejo de Ministros en diciembre, queda en vía muerta a la espera de la noche electoral.
En enero de 2023 la cartera de Miquel Iceta ultimaba una ley para darle autonomía al Teatro Real, como adelantó este periódico. La norma pretendía “mayor eficacia en la gestión de los recursos” de la institución. Aunque jurídicamente es una institución de carácter público, la creación de la norma otorgaría mayor independencia de la que ya disfruta. Fue aprobada por el Consejo de Ministros y en mayo acordaron, en segunda vuelta, enviarla al Congreso de los Diputados para continuar la tramitación administrativa urgente. El adelanto frena, de momento, la posibilidad de que el Teatro Real tenga su ley como el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y la Biblioteca Nacional de España.
En octubre de 2022 Miquel Iceta reactivaba la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, que frenó la salida del exministro José Guirao y que su sustituto, José Manuel Rodríguez Uribes, no sacó adelante. Iceta al sustituir a este la desestimó porque la redacción de la reforma enfrentaba al Ministerio con las comunidades autónomas. Así metió en un cajón la necesaria actualización de una norma que sigue aplicando la redacción de 1985. A pesar de todo, el ministro rescató el enrevesado anteproyecto y mandó revisar “el robo de las competencias” del que se quejaron las comunidades. Meses después, a principios de 2023, el equipo del Ministro la volvió a aparcar “por falta de tiempo”, indicaban desde el Ministerio a este periódico.
También en abril de 2023 el Gobierno dio luz verde al Proyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas, con la intención de regular por primera vez en más de 30 años estos estudios. Era una demanda histórica reclamada por el sector (asociaciones de artistas y de estudiantes, docentes), que se involucró en la elaboración del texto de una norma que afectaría a 140.000 estudiantes y 14.000 docentes. Entre ellos figuraba el reconocimiento al audiovisual como enseñanza superior. En estos momentos, como indica una de las fuentes consultadas del Ministerio de Cultura, “solo puedes estudiar cine en escuelas privadas, no hay una escuela pública de cine y esto lo solventaba la Ley al reconocerlo como enseñanza superior”. El 23J también mete en un cajón esta relación productiva entre el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Estado de Educación.
Crisis en el Ministerio
La recta final de la legislatura se ha recortado medio año y en el Ministerio de Cultura se había acelerado el ritmo preelectoral con una campaña de ceses y dimisiones inédito hasta el momento, en el edificio de la Plaza del Rey. Los problemas de personal estallaron con la dimisión de la directora general de Bellas Artes, Dolores Jiménez-Blanco. Las verdaderas razones no han trascendido, aunque la decisión vino provocada por el conflicto con el traslado de la Dama de Elche. En su lugar entró Isaac Sastre de Diego, que ha preferido mantener un perfil bajo en la investigación e inventario de las miles de obras de arte expoliadas por el franquismo, depositadas en los museos públicos.
La crisis de confianza que desestabiliza el Ministerio de Cultura arrancó con la contratación de María Navarro, hija del alto cargo del PSC y compañero de Miquel Iceta, Pere Navarro. La aspirante quedó séptima en las pruebas de méritos, pero logró la máxima puntuación en la entrevista personal de 15 minutos y se convirtió en la coordinadora de Comunicación para el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
A mediados de febrero fue destituido por sorpresa Eduardo Fernández Palomares como Subsecretario de Cultura y Deporte. En su lugar colocaron a María Pérez Sánchez-Lauhlé, que hasta el momento había jugado el papel de segunda de Víctor Francos, secretario general de Cultura y Deporte, a su vez mano derecha de Iceta y sin experiencia en el ámbito cultural. Tampoco Patricia Rafael como responsable del Gabinete del ministro llegó al Ministerio avalada por un currículo vinculado a los asuntos culturales. Francos es el muñidor que engrasa las políticas del Ministerio y de él dependen la dirección General del Libro, la de Industrias Culturales y la de Patrimonio Cultura.
La cadena de dimisiones continuó en marzo con la marcha de Amaya de Miguel como directora del INAEM. Después llegó el turno de Adriana Moscoso, que abandonó en abril la dirección de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, cargo al que llegó en julio de 2018. Moscoso es una de las profesionales con más conocimiento del sector y abandonó el Ministerio para incorporarse en sexto lugar en la lista de Reyes Maroto, en la carrera política por la alcaldía de Madrid. No se ha justificado el repentino cese hace unas semanas de Severiano Hernández, subdirector General de Archivos Estatales desde hace 15 años. La responsable del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), Marta Hernández Azcutia, también fue destituida en junio sin argumento público. La marcha de Beatriz Navas, como directora general del ICAA, ya ha sido referida.
José Manuel Franco ha dimitido también como Secretario de Estado para el Deporte y como presidente del Consejo Superior de Deportes para liderar la lista del PSOE en el Senado en las próximas elecciones del 23 de julio. Víctor Francos, secretario general de Cultura y Deporte, le sustituye. Las funciones de secretario general de Cultura y Deporte las asume Isaac Sastre, actual director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.
La cascada de despidos ejecutados y huidas de los últimos meses no ha gustado en el propio Ministerio de Cultura, tal y como ha podido comprobar este periódico con una de las personas vinculadas a la cúpula del equipo de Iceta. “Es una situación que tiene mala lectura, no compensa a estas alturas. Y, además, crea una muy mala imagen”, explican las fuentes.