La Sociedad General de Autores (SGAE) ha vapuleado el llamado “Informe Reda” sobre derechos de autor en un informe interno al que ha tenido acceso eldiario.es, gracias a Xnet. Se trata de la propuesta de la eurodiputada alemana del Partido Pirata Julia Reda para reformar la actual directiva sobre la protección de los derechos de autor en la Unión Europea (directiva Infosoc), que ahora está en plena discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la UE.
Este borrador de 25 puntos -del que Reda también habló con eldiario.es- manifiesta que son necesarias nuevas limitaciones y excepciones en el copyright en tiempos de Google, Facebook y YouTube (la directiva actual es de 2001). Para la entidad de gestión, se trata de “un manifiesto infundado y no contrastado de las posiciones ideológicas de la Sra. Reda con respecto a los derechos de autor en un lugar de un texto razonable y consistente”, ya que no aborda el presente y el futuro de las industrias culturales. Y remata con una conclusión apabullante: “Reda persigue acabar con el sistema de propiedad intelectual, abolir el derecho de autor y los derechos conexos en la UE”.
La entidad denuncia la consulta ciudadana de la UE
Desde la SGAE critican, ya en el comienzo del informe, la consulta ciudadana que hizo la Comisión Europea para conocer qué cambios pedía la población en este aspecto y en la que participaron 11.000 personas. En ella se apoya precisamente la propuesta de Reda pero, para la gestora, detrás de ella se encuentran “muchos grupos de interés” que “prepararon respuestas en contra de los derechos de propiedad intelectual que se entregaron para ser presentadas a títulos individual”. Una denuncia grave del ejercicio de una institución democrática.
La crítica continúa hacia la propuesta de crear un mercado europeo de derechos de autor, ya que para la SGAE no serviría para armonizar los derechos de autor y estaría en contra del convenio de Berna. Tampoco está de acuerdo en que las obras que sean producidas por las instituciones públicas sean de dominio público, puesto que iría en contra de la compensación para sus creadores. Además, desde la SGAE se entiende que los plazos de protección de las obras con derechos de autor ya están armonizados según el convenio de Berna, aunque lo cierto es que son leyes muy diferentes en los Estados Miembros.
Contra las nuevas limitaciones y excepciones
En los apartados en los que más se detiene la entidad de derechos de autor es en todo lo referente a las nuevas limitaciones y excepciones, ya que no ofrecen ninguna “garantía o propuesta en relación con la remuneración de los autores”.
Con respecto al apunte que hace Reda sobre las diferencias en el trato legal entre el mundo digital y el analógico, se limitan a recalcar que son radicalmente diferentes y por tanto es necesaria esa diferenciación. En cuanto a que el aumento de las diferencias en las excepciones de los diferentes Estados que crea una inseguridad legal para el desarrollo de los servicios digitales, según señala la eurodiputada, la SGAE sostiene que esta cuestión no está suponiendo un freno al mercado digital y que lo necesario es mejorar los mecanismos de licenciamiento de obras.
Por otro lado, mientras Reda pide que la Comisión haga obligatorias todas las excepciones y limitaciones de la directiva 2001 a todos los países para permitir un acceso igualitario a través de todas las fronteras (por ejemplo, ver vídeos de Youtube en todos los Estados, y no que en unos estén censurados y en otros, no), para la SGAE esta propuesta va contra el principio de subsidiaridad y de que cada Estado pueda “adaptar las excepciones y limitaciones a la realidad de su mercado nacional y su tradición jurídica”.
Por último se abordan los puntos 21 y 23 del borrador, que para la entidad de gestión de derechos son totalmente “inaceptables”. En el 21, la eurodiputada pide que los Estados Miembros no puedan introducir una reglamentación para que los titulares de derechos sean compensados por el daño de un acto que está dentro de alguna de las excepciones (y que por tanto se podría hacer). Esta cuestión, para la SGAE es “injusta contraria al TJUE y al derecho internacional”. En el 23, Reda insiste en que el ejercicio de las limitaciones y excepciones y el acceso a obras que no tienen copyright no debe ser obstaculizado por barreras tecnológicas, pero la entidad lo entiende como una “vulneración de cualquier medida tecnológica de protección, protegida por los tratados internacionales”.
La respuesta de Xnet a la SGAE
Tras tener acceso a este informe interno de la SGAE, la respuesta de Xnet, firmada por Simona Levi y Alfa Sánchez, no se ha hecho esperar. “Creemos que organizaciones como la SGAE, no siendo capaces de adaptarse a los nuevos modelos de negocio, están únicamente tratando de mantener su ”status quo“, recalcan en su carta, donde también inciden en el libre acceso no es un obstáculo sino ”algo que facilita la creación, el emprendimiento y la innovación que es lo que realmente impulsa el crecimiento social y económico“.
Muestran su rechazo frontal a la crítica que la SGAE ha hecho de la propuesta de Reda, principalmente, con respecto a la consulta ciudadana: “Es indignante dentro de unas instituciones europeas que pretenden ser democráticas, y debería ser razón suficiente para no considerarla de ningún modo un interlocutor [a la SGAE]”. También sostienen que las obras de las instituciones públicas “deben circular bajo licencias que permitan un retorno para la sociedad que ya ha invertido para su producción”, y que lo contrario –los cánones- es una muestra de “codicia de las entidades de gestión”.
Con respecto a la armonización de los derechos de autor, en Xnet creen que “la idea de prolongar todavía más la protección del copyright sólo beneficia a entidades viejas e inmóviles, una vez más totalmente desconectadas del mundo real e incapaces de entender la velocidad del emprendimiento en la actualidad”.
Finalmente, en relación a las nuevas limitaciones y excepciones que propone Reda, rebatidas por la SGAE, desde Xnet señalan que es “necesario dejar una puerta abierta a las excepciones y limitaciones de los futuros ”usos justos“ que no son previsibles en este momento” por el rápido cambio que se produce con las nuevas tecnologías, y que “las excepciones y limitaciones no son un freno”. Al contrario, según ellos, “muchos emprendimientos online no pueden establecerse en España por la inseguridad jurídica generada y por los cánones astronómicos impuestos por la SGAE y demás entidades de gestión”. Y como ejemplo ponen a una macro empresa como Netflix o el reciente caso de Google News.
De esta manera, para Xnet lo que se debería poner en marcha es una ley que impusiera “más certeza y seguridad jurídica para los que emprenden un negocio en Internet o usando Internet”, y tender más la mirada hacia la protección de las herramientas para compartir cultura y hacia las cargas impositivas: “si la actividad de compartir produce beneficios, se debe considerar un negocio legal y, por tanto, estar sujetos a impuestos, como cualquier otra actividad económica. Una parte de estos impuestos podrían ser fácilmente distribuidos entre los creadores de una manera justa”.
Por último, piden a la Comisión Europea que “no se deje influenciar por lobbies que intentan bloquear el desarrollo y la diversidad dentro del ámbito de las actividades culturales”.