El ministro de Cultura José Guirao ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que sigue adelante el proceso para intervenir la SGAE tras no haber cumplido las demandas del ministerio.
El plazo dado a la entidad de gestión de derechos de autor terminó el pasado 27 de diciembre. Guirao ha asegurado que desde entonces se está estudiando la fórmula sobre cómo tomar las riendas sobre la SGAE y corregir los desajustes denunciados desde su cartera.
En concreto, el ministro de Cultura ha detallado que esta intervención será parcial y que irá dirigida a los tres puntos que se pidieron en el apercibimiento a la SGAE y que no cumplieron: “Que modificaran los estatutos, que revisaran los criterios de reparto de derechos entre los distintos colegios y que se habilitara un sistema de voto electrónico que permitiera que los miles de socios de la SGAE pudieran votar de una forma directa”.
Por todo esto Guirao ha asegurado que “a lo largo de la semana que viene” se enviará el escrito al juez “solicitando las medidas cautelares” en estos tres puntos señalados. “El resto lo seguirá haciendo la SGAE”, ha aclarado.
La Audiencia rechaza paralizar el proceso
Esta misma semana, la Audiencia Nacional rechazaba paralizar, como pretendía la SGAE, el apercibimiento que el ministerio de Cultura hizo a la entidad de derechos de autor para instarle a que ajuste sus “reglas de funcionamiento” a la legislación, especialmente sus estatutos y normas de reparto.
Según la sentencia de la Audiencia Nacional a la que tuvo acceso Efe, “no procede” llevar a cabo el recurso contencioso-administrativo que la entidad de gestión interpuso contra Cultura por considerar que el apercibimiento contenía “un relato de hechos y una fundamentación jurídica distante de la realidad”.
Según la sentencia del juez de la Audiencia Nacional Francisco de la Peña no hay “lugar” a suspender la ejecución de la resolución recurrida por la SGAE, “ni de la obligación de constituir en un plazo de tres meses una nueva Junta Directiva a través de un proceso electoral en el que se incluya el derecho al ejercicio del voto electrónico que se interesa con carácter subsidiario”.
Además, según añade, “sin dudar del interés que puede asistir” a la SGAE a “mantener el sistema actual” en los términos que pretende, “existe también un interés público” que demanda su “mejor funcionamiento” en cuestiones de tan “indiscutible relevancia”, como la adaptación de sus estatutos a la normativa actual y la “observancia estricta” de las reglas de reparto de derechos recaudados que fija la legislación de propiedad intelectual.
Asimismo, también hace referencia a que hay un “interés público” en “la plena efectividad del derecho de los miembros de las entidades gestoras a comunicarse electrónicamente con la entidad”, o el “cumplimiento” de las normas que regulan el funcionamiento de la Junta Directiva “como órgano de gobierno y representación”.