El sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) ha convocado una huelga indefinida a partir de este miércoles 28 de febrero en los dos servicios que la empresa Sedena explota en el Museo Reina Sofía: los mediadores culturales y el servicio de atención al público.
La plantilla de mediadores externalizados está compuesta por 19 personas y la de información por 25. Todos ellos están llamados a secundar la huelga en apoyo a los trabajadores de mediación ―que solo podrían realizarla durante sus dos últimos días de contrato―, los cuales entrarán en un ERTE a partir del 1 de marzo, cuando finaliza una contratación que no ha podido renovarse debido a un error en la licitación. El Museo tardará unos seis meses en poder publicar un nuevo concurso público. Ese es el plazo al que se ha comprometido con la empresa adjudicataria, para que esta mantuviera a los trabajadores en un expediente de regulación temporal.
Fuentes de los trabajadores indican que no considera que la fórmula del ERTE favorezca sus intereses. Según sus cálculos, ninguno de los 19 trabajadores en plantilla llegaría a cobrar el salario mínimo interprofesional mediante un ERTE. Esta situación concede al trabajador un 70% de su salario, que según convenio está en 1.396,20 euros al mes si trabajara la jornada completa. Pero según la información del personal subrogable proporcionada por la empresa, ningún trabajador realiza el 100% de una jornada, sino que oscila entre el 30,2% el que menos y, el que más, un 97,62%. El bruto anual del mediador que más jornada trabaja, es de 19.082 euros. Además, del conjunto del personal subrogable, hay cinco trabajadores que no son indefinidos, sino fijos discontinuos (con jornadas de entre 15% y 30%).
El ERTE es la opción que el Reina Sofía ha impulsado, negociado y defendido, ya que evita “la pérdida del empleo permanente para los trabajadores” y “la merma de la calidad en el servicio que se produciría al perder a un equipo ya experimentado en las tareas que le competen”.
Tercera vía
Fuentes del colectivo de trabajadores consideran que entre el ERE que se había anunciado en un principio y el ERTE que finalmente es el tipo de negociación que ha iniciado la empresa, existe “una tercera vía”. Los trabajadores quieren que la dirección del Museo solicite la “continuidad del servicio” a la empresa adjudicataria, Sedena, ya que consideran que el desistimiento de la licitación, debido a un error admitido por el Museo en la redacción del pliego, es uno de las “incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles” que recoge el artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. Mientras existan “razones de interés público para no interrumpir la prestación”, se puede prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, por un periodo máximo de nueve meses. Este periodo máximo cubriría con creces el compromiso de medio año que ha adquirido el Reina Sofía para licitar de nuevo el servicio.
En declaraciones a los medios, el director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, recalcó la importancia de los mediadores. Este equipo está formado en total por 60 personas pero 19 de ellas están externalizadas, una circunstancia que Segade indicó que “no deberían estarlo” [externalizados] y que “defenderá” que en el futuro formen parte de “la estructura real”. “Los procesos educativos me importan muchísimo”, añadió y admitió que se abría “una etapa a medio gas” con la perspectiva de la ausencia de esta veintena de trabajadores.
Tras conocer la convocatoria de huelga, el Museo ha realizado un comunicado en el que responde que “la continuación del servicio, al utilizar la denominada prórroga forzosa que prevé la normativa, en la práctica se trata de una posibilidad técnicamente inaplicable, en tanto que no se dan las condiciones que la propia Ley de Contratos del Sector Público establece para posibilitar tal figura que se interpreta, además, siempre con carácter excepcional”. No obstante, los trabajadores insisten en que no piden una “prórroga” sino la excepcionalidad que recoge la ley, indicada anteriormente.
El Museo también ha descartado la opción de “contratos menores” porque “esta figura no puede utilizarse para sustituir un procedimiento contractual de mayor envergadura”, como es la licitación. “El abuso de la utilización del contrato menor se interpretaría por la Intervención delegada en el Ministerio como un fraude de ley, que estaría impidiendo la concurrencia y la transparencia contractual”, añaden. Los contratos menores tienen un tope de importe en 15.000 euros para servicios o suministros, como es el caso.
Según los mediadores afectados, el ERTE “favorece a la empresa” porque se ahorra las indemnizaciones de un ERE y la plantilla no tiene la seguridad “por escrito”, salvo por las declaraciones de Manuel Segade a los medios, de que vayan a ser subrogados “todos en las mismas condiciones salariales”. En el comunicado, el Reina Sofía se reafirma en esa seguridad.
Según el sindicato SUT, la “suspensión de contratos por tiempo indeterminado” tiene “consecuencias desastrosas” y supone “una actuación que le podría suceder a cualquier servicio del Museo”. Por ello, han tomado “la decisión solidaria de ir a la huelga conjuntamente” no solo los mediadores, cuyo contrato está a punto de finalizar, sino también los que prestan el servicio de información al público. La sección sindical de Sedena en el Museo ya convocó una huelga en 2022, que finalmente no se realizó tras aceptar el Museo las peticiones de los trabajadores durante la negociación.
El Instituto Regional de Mediación y Arbitraje ha citado al Comité de Huelga, a la empresa Sedena y al Museo Reina Sofía ―que acudirá, pese a no estar obligado a asistir― a una mediación el martes 27 de febrero, informa el sindicato, con el objetivo de evitar la huelga y llegar a un acuerdo.
La mediación es central en un museo
La Asociación de Mediadoras de Madrid (AMECUM), ha emitido este lunes un comunicado en el que, a partir de este caso, ahondan en la “situación de vulnerabilidad que viven las mediadoras culturales” en las instituciones. La asociación considera que se le da un “escaso valor” a su trabajo a pesar de “la centralidad” que la mediación ocupa en las narrativas actuales tanto de las instituciones como del mundo de la cultura.
Para AMECUM, su “objetivo final” para acabar con la precariedad de esta profesión es “que los pliegos desaparezcan y la mediación se convierta en un elemento estructural de las instituciones culturales”. Ese ha sido también el deseo expresado por la dirección del Reina Sofía, quien, en su comunicado, ha incidido en que se trata de “un problema general de la Administración pública”.
“Las instituciones culturales no se plantean prescindir de sus equipos comisariales, de conservadores, restauradores, vigilantes de sala, etc. Sin embargo, los equipos subcontratados (limpieza, seguridad, mediación cultural, etc.) siempre se encuentran expuestos a la posible reducción de plantilla y, en el caso de las mediadoras, incluso a prescindir de sus funciones y, por tanto, de su personal”, señalan desde esta asociación sectorial.
“Un museo sin mediación cultural deja abandonada una de sus funciones centrales, la que tiene que ver con ser un espacio de pensamiento e intercambio que interpele a las distintas comunidades que forman parte de nuestra sociedad”, inciden. “La mediación cultural debe ser uno de los ejes de acción fundamentales de cualquier institución cultural y, por tanto, los equipos encargados de cumplir con esta misión, deben formar parte de la estructura fundamental del museo. No puede ser personal externalizado y deben desaparecer las empresas intermediarias”, afirman.