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Alquileres desorbitados y ayudas que no llegan: el drama de hacer teatro en Madrid

Hamlet en el Teatro Kamikaze

Paula Corroto

Unos 360.000 euros anuales de alquiler del teatro y 140.000 euros más de gasto en mantenimiento frente a 88.000 espectadores y 467 funciones. Estos son los números que durante dos años manejó la compañía Kamikaze al frente del teatro Pavón en Madrid. Y las cuentas no han salido. Como cuenta a eldiario.es el actor, director y uno de sus miembros Israel Elejalde, también fallaron los esfuerzos por conseguir mecenas –ante un panorama en el que nunca llegó la ansiada Ley de mecenazgo- y las ayudas nunca se concretaron del todo (todavía no han recibido íntegros los 150.000 euros otorgados por la comunidad de Madrid). Por eso, hace unos días anunciaron que esta próxima temporada sería la última. Se acababa la aventura de hacer un teatro con contenidos de cierto riesgo desde la iniciativa privada en el barrio de Lavapiés.

El adiós de Kamikaze, no obstante, desvela también muchas cosas de cómo está el tejido teatral privado en Madrid y sus dificultades para salir adelante. Un tema complejo en el cual confluyen varios factores que van desde los precios del alquiler, que afectan no sólo a la vivienda sino a todo tipo de inmuebles, a las líneas de subvenciones estatales, municipales y de la comunidad para las compañías. Y así, como reconocen empresarios y gestores consultados por este diario, el modelo resultante hace aguas.

Desde Kamikaze señalan que cometieron una equivocación con la firma del contrato de alquiler del Pavón a sus dueños, José Maya y Amaya Curieses, propietarios del inmueble desde 1999. En 2002, la sede fue alquilada por la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) y el Estado se encargaba de pagar las mensualidades. Kamikaze llegó en 2016, una vez que la CNTC se trasladó al Teatro de la Comedia, y asumió pagar el precio que se les fijaba. “Sabíamos que era una dificultad, pero fue una equivocación nuestra porque ese precio está fuera de mercado. Fuimos torpes, pero es que en ese momento no teníamos otras opciones y seguimos adelante”, señala Elejalde. Tiempo después, la comunicación con los empresarios para intentar salvar los muebles, según Elejalde, “ha sido nula”.

Pero este asunto del alquiler no sólo destroza a Kamikaze sino a muchas otras empresas de teatro que va desde el pequeño formato al grande. El actor Alberto San Juan, una de las personas que puso en marcha la cooperativa del Teatro del Barrio, sostiene que los mayores gastos proceden del pago del local además de los sueldos de los trabajadores. “Abrir hoy un espacio nuevo en el centro de Madrid es casi imposible”, apunta. Un empresario como Jesús Cimarro, al frente de Pentación, también indica que las dificultades son enormes: “Los que tenemos alquilados teatros en Madrid pagamos bastante dinero por los alquileres, porque aquí todos los espacios son caros. Y eso hace que afrontar una temporada sea complicado”. Él mismo reconoce que paga “una letra millonaria por el teatro de La Latina y un alquiler muy alto por el Bellas Artes. Y recibiendo cero euros en ayudas”.

La desigualdad en las ayudas

Ahí está el otro quid de la cuestión: ¿cómo salir adelante con estos precios de alquiler cuando la taquilla no te da para poder ser rentable? La respuesta podría estar en las ayudas y en modelos de gestión público-privada, pero en Madrid en este sentido la situación es muy diferente a la que existe en otras partes del estado, como señala Gustavo del Río, de Artemad, la asociación de empresas de artes escénicas de Madrid. Y por ende, muy mala.

“En Madrid, la comunidad otorga 1,5 millones de euros en ayudas para la producción. En Catalunya rondan los 7 millones de euros a la producción. Y no sólo está la Generalitat, sino que también hay unas ayudas a las industrias culturales”, manifiesta Del Río, que además, insiste en que en la capital “no se han generado nuevos modelos en cuanto a lo que tiene que ver con la fiscalidad de las estructuras de empresas en el caso de los teatros”. “En Catalunya sí existen espacios privados pero con una gestión pública. Por ejemplo, en Barcelona, Ada Colau ha apoyado las salas alternativas que se han convertido en factorías de creación”, explica.

Es cierto que el ayuntamiento madrileño ha aumentado las ayudas a la Cultura desde que gobierna Ahora Madrid –hasta en un 18,7% en el ejercicio de 2017 con respecto a 2016- pero estas van dirigidas al teatro de pequeño-mediano formato. Los grandes teatros como el Pavón, que tiene 400 butacas, se quedan fuera de ellas. Por otra parte, en Madrid no existen las ayudas a la movilidad –las giras de los espectáculos- que sí ofrecen otras comunidades como Cataluña, País Vasco y Galicia. Las empresas madrileñas sólo acceden a las subvenciones para giras que otorga el estado.

“Madrid genera el 50% de la actividad teatral del país y sin embargo es la cuarta o quinta comunidad que más invierte en teatro. Ahí hay una desigualdad”, reconoce Cimarro que indica que mientras una empresa como la suya, con 110 trabajadores, y produciendo cinco espectáculos al año, “en Catalunya recibiría 200.000 euros de la Generalitat y en Madrid la comunidad me da 25.000 euros”. El empresario reconoce que a él le han salvado muchas veces las giras. “Yo me he salvado muchas veces de la quema porque tengo una estructura en la que produzco, distribuyo y exhibo, y la distribución siempre ha sido clave”, argumenta.

¿Cuáles son las soluciones?

Desde Artemad, Del Río sostiene que “se ha perdido una línea de política cultural, desde el Estado, a la comunidad y ayuntamiento. Se han hecho cosas, pero no todo. Por ejemplo, hay que solucionar lo que tarda la administración en pagar”. Y recalca que, además, “las ayudas que tenemos son obsoletas” y es necesario “avanzar hacia un modelo de gestión conjunto hacia lo público y lo privado”. Como ejemplo pone la sala Beckett de Barcelona, “que es privada pero hay una cogestión con lo público”.

Para Alberto San Juan, “la referencia es Francia”. “Para empezar”, explica, “el volumen económico de los presupuestos a la cultura podríamos aumentarlo porque es muy bajo”. Por otro lado recalca que habría que flexibilizar la fiscalidad: “Desde las compañías privadas para poder trabajar siempre contratados con alta en la seguridad social... Ahora mismo muchas pequeñas compañías o lo hacen al margen de la ley o no se puede hacer teatro. Cuando se hace una actividad económica se podría ser más generoso con la fiscalidad”. La tercera pata sería la normativa que tienen que cumplir los locales. “Es imposible para muchos espacios. Se puede rebajar un poco sin llegar a poner en riesgo a los trabajadores”, indica.

Cimarro, por su parte, aporta una solución más concreta con respecto a Madrid: “Las Naves del Matadero que están sin utilizar se podrían sacar a concurso público para que las compañías presentaran su proyecto y tuvieran una concesión a X años. Son espacios maravillosos que están infrautilizados. Aquí tenemos compañías que están en condiciones infrahumanas y los locales no cumplen mucho la normativa”. Con respecto a las ayudas también manifiesta que habría que rebajar el desnivel en cuanto a las condiciones que se dan en la capital y en otros lugares del estado español.  

Porque para él, como empresario privado, en Madrid también se sale perdiendo en relación a los teatros públicos. “Existen hasta once aquí. Yo no digo que quiten el presupuesto a los Teatros del Canal, sino que se organice mejor para la estructura privada. Debería haber una línea directa de ayudas a proyectos estables en el tiempo. Eso obligaría al sector de las artes escénicas a mantenerse en un proyecto y generaría trabajo estable en el tiempo”.  Mientras tanto el teatro privado madrileño intenta surfear la ola. Y como han comprobado desde Kamikaze, no es fácil.

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