Fue lo primero que le quitó Anton Reixa, como explicaba Daniel Verdú en El País, cuando asumió -brevemente- la presidencia de la SGAE, una jubilación de 23.000 euros mensuales que le correspondían según los estatutos. Reixa congeló el dinero, que quedó guardado en una cuenta de Vidacaixa, mientras el expresidente estuviera imputado en el caso Saga por delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta y otro societario.
Reixa consideraba que “por todo lo que sabemos y por los informes de la auditoría, ha habido una gestión arbitraria y megalómana. Eso nos ha causado un daño patrimonial importante”. Puesto que la cifra había sido negociada como compensación de sus esfuerzos al frente de la sociedad, era apropiado que quedara en suspenso hasta que se aclarase su situación. Aparentemente, el momento ha llegado pero no como se esperaba. Después de dos años, un juez le ha dado la razón a Bautista. No todo el mundo está sorprendido.
No es el juez Ruz, que lleva el caso Saga desde hace tres años y del que todavía no se ha sacado ninguna conclusión, sino la denuncia que Bautista interpuso contra la SGAE por despido improcedente. El juez al cargo ha considerado que la pensión fue negociada antes de que el caso Saga terminara con la presidencia de Bautista y que, por lo tanto, debería beneficiarse independientemente de los resultados del otro proceso judicial. La entidad no recurrirá la decisión del juez y da por cerrado el proceso, según El País.