El Tribunal de Cuentas ha detectado posibles irregularidades en la gestión de los ingresos de la Jefatura Central de Tráfico en 2015 en concepto de tasas y multas, al no poder comprobar que los más de 914 millones de euros recaudados se destinaran a los fines que marca la ley.
Según el informe, en 2015 prácticamente todos los ingresos netos de la jefatura procedieron de las tasas (506,5 millones) y de las multas (407,5 millones).
La ley establece que el importe de las tasas por prestación de un servicio no debe exceder del coste real o previsible del mismo, pero la Jefatura “no ha podido esclarecer el coste de los servicios financiados con las tasas” que cobra por los permisos de circulación o conducción, entre otros conceptos.
En cuanto a las multas, la ley fijó que deben destinarse a financiar actividades en materia de seguridad vial, prevención de accidentes y ayuda a las víctimas, pero la Jefatura sólo aportó datos genéricos de los gastos, “insuficientes para aceptarlos como explicación válida” y, en todo caso, inferiores en más de 10 millones de euros al de la recaudación neta de ese año.
Esta entidad destaca también la falta de información sobre las deudas por multas pendientes de cobro; según la Jefatura, ascendían a 524 millones, pero el Tribunal no pudo comprobar la fiabilidad de esa cifra.
En la auditoría se detectó además que en 2015 el organismo tuvo un superávit de 294,6 millones y que realizó una transferencia de 376 millones al Tesoro para su utilización en la financiación genérica de los Presupuestos Generales del Estado,
“En definitiva, no es posible determinar hasta qué punto el superávit del ejercicio y la consiguiente transferencia al Tesoro procede de un exceso de recaudación de las tasas o de la falta de aplicación de las multas a los gastos ordenados por la ley. En cualquier caso, las cifras expuestas podrían suponer un incumplimiento legal sistemático”, denuncia el Tribunal.
Esta entidad detectó además “importantes deficiencias” en el sistema de recaudación de las tasas por la inspección técnica de vehículos (ITV) que realizan empresas y que después efectúan las correspondientes transferencias a Tráfico.
Por ese concepto, en 2015 se recaudaron más de 73 millones de euros, y el Tribunal recomienda mejorar los sistemas de control para garantizar que las liquidaciones presentadas se corresponden con los ingresos.
El Tribunal critica asimismo que continúe pendiente de regular por ley la situación como organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico, delimitando su situación jurídica respecto a la de la Dirección General de Tráfico, algo que recomendó en un informe de 2006.
En las recomendaciones que cierran este informe vuelve a incluir por ello la necesidad de regular por ley los máximos órganos de dirección de la Jefatura, sus funciones y competencias, su relación con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y conceptos como su patrimonio o sus recursos humanos y económicos.
Reclama asimismo que se realicen estudios sobre los costes de los servicios gravados por las tasas para garantizar el principio de equivalencia y si es necesario, revisar las tarifas vigentes.
Y recomienda también que se fijen procedimientos para identificar los gatos en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas, garantizando que el importe de las multas de tráfico se destine a la financiación de dichos gastos.
En opinión del Tribunal, es necesario además “mayor rigor” en el seguimiento de las multas no abonadas en periodo voluntario, a fin de garantizar la exigencia de su cobro.