El Ayuntamiento afirma que el Puerto de València le impide hacer alegaciones a la ampliación si no realiza otro informe ambiental
“La omisión de un nuevo trámite de evaluación de impacto ambiental respecto del modificado Anteproyecto de Muelle de Contenedores tiene como efecto directo que se priva al Ayuntamiento de València de la posibilidad de formular las alegaciones u observaciones que tuviera por conveniente en el trámite de consultas a las Administraciones afectadas, relativa a la posible incidencia ambiental de la actuación”.
Este es uno de los principales argumentos del documento del secretario del Ayuntamiento de València que viene a avalar la posición del alcalde, Joan Ribó, sobre la necesidad de que el Puerto solicite una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto de ampliación norte que venga a sustituir a la del año 2007, teniendo en cuenta las modificaciones que se han introducido posteriormente en lo que a la configuración de los muelles se refiere.
Ribó ya esgrimió este informe en la reunión que mantuvo este miércoles con el presidente de la Autoridad Portuaria (APV), Aurelio Martínez, y con el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, para insistir en la necesidad de solicitar una nueva evaluación ambiental al Ministerio de Transición Ecológica con el objetivo de que “València tenga la garantía de que una ampliación de este tipo tenga la garantía de que no afecta de una manera importante al medio ambiente y en caso de que afecte que se establezcan las medidas correctoras pertinentes”.
El documento municipal concluye que “la APV, en su calidad de órgano promotor, debiera haber instado una nueva evaluación de impacto ambiental del Anteproyecto de Muelle de Contenedores de julio de 2018, pues incluye modificaciones sustanciales respecto de la alternativa que fue objeto de declaración ambiental favorable en 2007”.
Entre los cambios realizados sobre el proyecto original, destaca el traslado de la terminal de cruceros a los astilleros de Boluda, la eliminación de un contradique y la prolongación de 500 metros el actual dique de abrigo.
Como ha avanzado eldiario.es, estos cambios implican, entre otras cosas, que la nueva disposición de los muelles necesitará de cuatro millones de metros cúbicos más de material de relleno de lo que marca la DIA de 2007, realizada sobre el proyecto original.
El informe jurídico del Ayuntamiento hace referencia a este aspecto al apuntar que habría que comparar las magnitudes de los materiales de relleno del proyecto original con las del proyecto modificado para comprobar una mayor incidencia ambiental.
Además, menciona un estudio realizado por la Universidad Politécnica encargado por la APV el cual descarta que la prolongación del dique de abrigo pueda tener algún tipo de impacto negativo en las playas.
Sin embargo, el documento municipal considera que podría existir otro tipo de afecciones medioambientales derivadas del cambio de ubicación de los muelles por la posibilidad de atraque de los buques de mayor tamaño, con el incremento de la contaminación atmosférica e impacto sobre el tráfico que supondrá, así como la afección al paisaje, “ya que el campo visual de grúas y almacenamientos desde la playa de la Malva-rosa resultaría ampliado de forma considerable”.
Pese a que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento han solicitado al Ministerio de Transición Ecológica que se pronuncie sobre si procede o no elaborar un nuevo informe ambiental, la APV lleva este viernes al Consejo de Administración un punto que supone un nuevo paso para avanzar en la adjudicación del proyecto.
En concreto, según el orden del día, se prevé aprobar la “selección de oferta del concurso público y continuación de la tramitación prevista para el otorgamiento de una concesión administrativa para la construcción y explotación de la nueva terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto de València”.
El alcalde de València, Joan Ribó, asistirá previsiblemente a la sesión del consejo, pero no ha desvelado en qué sentido irá su voto, teniendo en cuenta que la APV no tiene intención de solicitar una nueva DIA al entender que no existe una obligación legal puesto que las modificaciones que se han realizado sobre el proyecto inicial están en el interior del perímetro de los diques de abrigo.
