Caixabank descarta responsabilidades en el robo de los 4 millones de la EMT y rechaza devolver el dinero
El alcalde de València, Joan Ribó, anunció hace una semana que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) había mandado un requerimiento a Caixabank solicitando el reintegro de los 4 millones de euros robados mediante una estafa entre el 3 y el 23 de septiembre.
El escrito, remitido a la entidad financiera el pasado 10 de octubre y firmado por el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, pone de manifiesto que el Bank of China, destinatario del dinero público sustraído, está ubicado “en un paraíso fiscal de los incluidos en el Real Decreto 1080/91” por lo que, confome a la legalidad, las operaciones debían haber sido objeto de “medidas reforzadas de diligencia debida, lo que no ha ocurrido en este caso”.
Además, acusa a Caixabank de incumplir el contrato del servicio de línea abierta en el que se establecen “las condiciones del servicio de ejecución de órdenes a distancia para esta empresa y que ha sido incumplido por su entidad financiera, faltando el depositario a su deber de custodia de unos fondos que tienen carácter de públicos, merecedores por este solo hecho de una especial diligencia en su protección”.
Así, solicita al banco la devolución del dinero en base a los artículos 1183 y 1766 del Código Civil y a la Ley de Servicios de Pago, en cuyo artículo 45 se establece “la obligación del proveedor de servicios de pago de devolver al ordenante las operaciones no autorizadas”, por no haber exigido además “la autenticación reforzada del cliente establecida en el artículo 46.2”.
En este sentido, desde la EMT siempre se ha mantenido que tan solo el gerente, Josep Enric García Alemany, y la jefa de gestión, María Rayon, están autorizados para ejecutar transferencias a través de la banca on line, mediante las claves que solo ellos poseen. En este caso, sin embargo, Caixabank autorizó los pagos mediante una orden de pago en PDF con las firmas de Alemany y Rayon falsificadas.
Ante este requerimiento, ya ha habido repuesta por parte de Caixabank. En cocreto se produjo el pasado 24 de octubre. En la misma, la entidad financiera elude toda responsabilidad en el robo de los 4 millones y se niega a reintegrar los fondos.
En su escrito, el banco, en primer lugar, niega que China sea un paraíso fiscal al existir “un convenio con el Reino de España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta”.
La entidad bancaria se escuda en que al directiva despedida, Celia Zafra, era la “interlocutora habitual” de EMT ante Caixabank y estaba “debidamente autorizada” para hacer las transferencias.
Según el contrato entre el banco y la empresa pública, los apoderados o represetantes autorizados son Alemany y Rayon como “operativos” y Zafra en calidad de “preparadora”.
Caixabank afirma además que las órdenes de pago fueron validadas por la propia Zafra telefónicamente y mediante las órdenes de pago (los mencionados PDF) desde su dirección de correo electrónico corporativo.
Adicionalmente, la entidad bancaria asegura que, además de poner en copia en los correos electrónicos de las transferencias de los días 17 y 20 de septiembre a la jefa de gestión, María Rayon, esta “tuvo puntual conocimiento de la operativa mediante el acceso y visualización a través de la banca on line y ninguna objeción formuló”.
Este es un dato importante, puesto que hasta ahora siempre se había negado que Rayon tuviera conocimiento de las transferencias al estar de baja por maternidad, si bien es cierto que Grezzi reconoció que pese a esta circunstancia, mantuvo por voluntad propia las competencias en la firma de transferencias.
Caixabank destaca también en su respuesta que la EMT solicitó el bloqueo y anulación de Zafra como usuaria de la banca online el 30 de septiembre, cuando el fraude se destapó el 23 de septiembre.
Por último, la entidad financiera afirma que no es responsable “de los fraudes u eventuales brechas de seguridad que puedan sufrir sus clientes” y pide a la EMT que deje de usar el nombre de Caixabank vinculado a la estafa, o en caso contrario “se reserva tutelar judicialmente el buen nombre de la institución”.
