Ribó y Oltra insisten en una nueva evaluación ambiental para la ampliación del Puerto tras dividirse el voto de Compromís

El alcalde de València, Joan Ribó, y la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, se reunieron este martes en las dependencias de alcaldía del Ayuntamiento.

El encuentro se produjo tan solo 24 horas después del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en el que se dio el visto bueno al pliego de condiciones para redactar el proyecto de la futura terminal de cruceros, aunque el voto de Compromís se dividió de manera sorprendente.

El primer edil votó a favor, mientras que Iván Castañón, compañero de partido y estrecho colaborador de Oltra como secretario autonómico de Igualdad, fue el único que votó en contra.

Los miembros socialistas del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) designados hace solo unos días por la Generalitat Valenciana, en concreto, la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero, quien repite como consejera, y la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, no asistieron a la reunión y delegaron su voto favorable en el presiente de la APV, Aurelio Martínez.

Aunque la reunión entre Ribó y Oltra no tenía nada que ver con este asunto, el hecho de que los dos representantes de Compromís emitieran un voto de diferente signo causó expectación.

Tras el encuentro, ambos insistieron en que su posición sobre la exigencia de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto de ampliación del Puerto no ha variado y volvieron a exigirlo al Ministerio de Transporte y Movilidad (antes Fomento), entidad que debe determinar si es preceptivo o no este trámite.

Oltra argumentó la necesidad de la DIA en que entre los cambios que se han introducido sobre el proyecto original destaca que la nueva configuración de los muelles precisa del uso de 4 millones de metros cúbicos más de material de relleno de los previstos en la DIA de 2007: “Sería muy inconsciente no plantearse si una obra como esa no va a suponer un aumento del impacto ambiental significativo con las modificaciones que se han introducido en estos días que estamos viendo el efecto del temporal en las playas del sur”.

Oltra ha añadido: “Es fundamental que se pida esa nueva DIA que analice qué impacto va a tener esa obra en las playas del sur, en l'Albufera, porque si ya casi ha desaparecido la playa del Saler, la Devesa es una franja muy estrecha y si se saliniza la Albufera adiós al cultivo de arroz; ¿eso cuántos puestos de trabajo puede destruir? Por no hablar del parque natural o de las aves que anidan allí, o de la hostelería o del turismo”.

Por su parte, Ribó justificó su foto favorable a la terminal en que “las votaciones van en función de la institución que representamos, no del partido al que pertenecemos”.

En este punto, explicó que venían trabajando con la APV durante dos años sobre los requisitos ambientales que debía incluir la terminal para obtener el visto bueno del Ayuntamiento y que todos ellos se van a tener en cuenta.

Entre estos requisitos, destacan que se garantice que los buques apagarán motores y se conectarán a la red eléctrica una vez atraquen en la futura terminal, que los criterios ambientales tengan un peso de un 25% a la hora de adjudicar el proyecto y no del 4% como figuraba en el pliego, que los nuevos edificios que se construyan sean autosuficientes en materia ambiental, que se instalen placas fotovoltaicas y que en la zona de aparcamiento haya plazas con cargadores para vehículos eléctricos.

Ribó, al contrario que Oltra, quiso desvincular la terminal de cruceros con la ampliación norte: “Esto es otra cosa, mi voto sobre la ampliación norte está muy claro y definido”, en referencia a su oposición mientras que no se haga otra DIA.

Sin embargo, la nueva ubicación de la terminal en los astilleros de la antigua Unión Naval (junto al barrio de Natzaret), cuya titularidad indirecta del cien por cien de las acciones es de Boluda Corporación Marítima (BCM), forma parte del carrusel de cambios introducidos en el proyecto de ampliación del Puerto por parte de sus actuales responsables, con Martínez a la cabeza, y es uno de los motivos que justifican la necesidad de una DIA.

Para aprobar este traslado de la terminal de la zona norte a los astilleros de Boluda, la APV aprobó una compensación al empresario mediante una concesión de 35 años para construir dos torres de oficinas de 13 pisos a cambio de rescatar la de los astilleros de Unión Naval que ya no utilizaba y cuyo contrato expiraba en 2027.