El alcalde de La Punta que se ha rebelado contra la ZAL de Valencia: “El desalojo de 100 familias fue un trauma personal”
“El proceso de desalojos forzosos que vivimos los vecinos de La Punta fue un trauma personal, ya que la casa de mis abuelos estaba entre las afectadas; emocionalmente me pesó mucho y hubo gente mayor que falleció pocos meses después de todo el proceso”.
Así describe Ignasi Vázquez, alcalde pedáneo de La Punta por Compromís, lo que supuso la expropiación de los terrenos donde residían un centenar de familias cuando en los 90 empezó a tramitarse la construcción de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València.
Vázquez anunció este jueves que destinará su compensación económica como alcalde pedáneo a costear “los gastos económicos del futuro contencioso-administrativo en contra del nuevo plan especial” con el objetivo de volver a paralizarlo.
Además, explica que se limitará a cumplir sus funciones de informar a la ciudadanía de las comunicaciones del Ayuntamiento de València, pero que no se reunirá ni con técnicos del Consistorio ni con los concejales, nueve de ellos compañeros de partido en el equipo de Gobierno, incluido el alcalde, Joan Ribó. “Solo atenderé a los vecinos de mi pedanía”, asegura.
Vázquez se rebela así ante la reciente aprobación por la Generalitat, avalada también por el Ayuntamiento, del plan especial de la ZAL que implica el inicio de la tramitación para su puesta en marcha.
Tal y como explica, no quiere ser cómplice de lo que considera un flagrante incumplimiento de una promesa electoral. Según asegura, el programa de la coalición no hablaba de la reversión completa de los terrenos, sino de su recuperación “como colector ecológico con un proceso de participación pública para definir sus usos”, algo que será inviable si se pone en marcha el polígono.
Vázquez lamenta que en el partido valencianista “todos reconocen en privado que no se debía haber aprobado el plan especial”, pero sin embargo, “el Consell del Botànic ha continuado con la tramitación de la ZAL, por lo que debe asumir su responsabilidad política”.
Incluso denuncia que ha habido “un movimiento para enmascarar la aprobación de la ZAL, para que parezca que no se ha aprobado”.
Por este motivo, el alcalde pedáneo pidió este jueves a quienes se opongan al plan que “alcen la voz” y suplicó a los responsables políticos “clemencia” para La Punta, que se paralice la tramitación actual del plan de la ZAL y en caso de que no sea así, advierte de que acudirá a la “penosa vía judicial” para corregir “los errores de nuestros políticos”. “Ahora, en precampaña electoral, La Punta vuelve a ser irrenunciable para Compromís”, advierte.
Conflicto judicial
La construcción del polígono se vio envuelto en la polémica desde el principio por la expropiación forzosa de los vecinos de la Punta y por las irregularidades en la tramitación urbanística del proyecto, tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en 2013, y después por el Supremo en 2015.
De hecho, la plataforma 'Horta és Futur, No a la ZAL' ya anunció hace unas semanas que volverá a recurrir en los tribunales el nuevo plan especial, ya que sigue considerando el suelo como urbanizable, cuando la justicia en las mencionadas sentencias tumbó esta calificación.
Según el colectivo, el nuevo plan especial parte otra vez de la base errónea de que el suelo de la ZAL es urbanizable, entre otras cosas, para saltarse la evaluación ambiental estratégica, cuando las sentencias declaran nula toda la tramitación urbanística; por tanto, con los fallos judiciales el suelo vuelve a la calificación anterior al año 1999, es decir, no urbanizable especialmente protegido.
La plataforma vecinal y ecologista presentó un plan alternativo consistente en la creación de una gran zona verde y de huerta que conectaría el Parque Natural del Turia, el jardín del Turia del viejo cauce y el futuro parque de desembocadura junto a Natzaret con el Parque Natural del Saler y la Albufera. Según el colectivo, esta opción supondría un coste de unos 30 millones de euros.
