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Debate en las filas socialistas: “La cuestión es el modelo de ciudad, València debería paralizar la ampliación del Puerto”

La sede socialista durante el debate

Carlos Navarro Castelló

Valencia —

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El catedrático de Geografía Humana en la Universitat de València Joan Romero y el ex secretario general de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Luis Felipe Martínez, han protagonizado este jueves un debate en torno a la ampliación norte del Puerto de València en la casa del Pueblo València Nord del PSPV ubicada en la plaza del Tossal del Rei (Torrefiel).

Los socialistas han promovido esta charla a la que han asistido una treintena de militantes y simpatizantes, los cuales han mostrado sus dudas y preocupaciones sobre el proyecto.

La charla ha tratado de dar respuesta a la pregunta sobre si es preceptiva o no una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que sustituya a la de 2007, tras las modificaciones introducidas sobre el proyecto original por los responsables de la APV, con su presidente Aurelio Martínez a la cabeza.

Romero ha llamado la atención en primer lugar a la falta de debate, transparencia, claridad y participación ciudadana con la que se ha tramitado un proyecto que “va a marcar el futuro de la ciudad para siempre y la decisión que se tome caerá sobre las espaldas del partido socialista”.

Romero ha insistido en esta cuestión ya que “el Gobierno socialista aprobó la DIA de 2007 con la ministra Narbona, una declaración que fue criticada por el grupo socialista del Ayuntamiento de València, y si se aprueba esta segunda fase de la ampliación caerá sobre las espaldas del PSPV, por lo que este asunto merece una reflexión muy seria”.

El catedrático ha comentado que su exposición es algo que ha traslado personalmente “al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y al alcalde de València, Joan Ribó”.

Para Romero, “no deberíamos estar hablando de si es necesaria una DIA porque eso significaría que no hay vuelta atrás y para mí sí la hay. Debería haberse abierto un debate anterior sobre el modelo de ciudad que queremos, si queremos hacer de esta cuestión una oportunidad para mejorar las potencialidades de esta ciudad”.

En su opinión, “esta ciudad debería paralizar la ampliación, así de claro. Aún es posible, no hay que devolver indemnizaciones y se debería ir por ese camino. Yo defiendo ese modelo, estamos a tiempo de cambiar de rumbo. Sería una buena decisión para esta ciudad, igual que en su día se apostó por un jardín en el viejo cauce del Turia”.

Según el catedrático, “si quienes toman la decisión política deciden que se debe ampliar el Puerto, hay que explicarlo con más claridad y transparencia que es lo que falta a mi juicio. Sé que hay intereses multimillonarios, pero hay casi dos millones de ciudadanos del área metropolitana sobre los que va a repercutir esta decisión en materia de salud que no tienen voz”.

En materia de contaminación ha asegurado que no se está contando la verdad: “la segunda empresa de toda Europa que más contamina es MSC a la que se le va a adjudicar el proyecto. 147 cruceros contaminan como 28 millones de coches utilitarios”.

Además, ha advertido de que “la construcción de los nuevos muelles implican una nueva conexión por el norte, pasaremos de los 7.000 camiones al día actuales a 12.000 ó 13.000 y la solución ferroviaria no sirve porque solo por cada vagón solo se puede cargar un contenedor”.

Según Romero, sobre el acceso norte “el único documento que existe sobre el coste del túnel submarino viene por el que se está haciendo Dinamarca que vale 400 millones por kilómetro y aquí estamos hablando de un túnel de 7 kilómetros; si luego se quiere hacer un acceso provisional en superficie por Port Saplaya, nos están contando una historia con el túnel porque la realidad es que quieren meter 12.000 camiones por un espacio que acaban de declarar patrimonio de la humanidad como es el sistema de huerta”.

Romero ha explicado que “tampoco se ha explicado la incidencia en las playas, en 2005 una experta ya dijo que las playas del sur iban a desaparecer y el nuevo proyecto de ampliación modificado aún se las va a comer más y también va a afectar a las del norte”.

Por último, el catedrático ha comentado que “en el caso de que se apostara por la ampliación, pese a que hasta ahora está poco meditado, entraría la tercería cuestión sobre si es necesaria una nueva DIA, que por supuesto que es necesaria, sin duda alguna”.

Además, ha aventurado que “si no toman la decisión de una nueva DIA la ampliación acabará en los tribunales empantanada como la ZAL” y ha insistido en que “esta decisión deja en un lugar muy desairado al PSPV porque es responsable de la ampliación en 2007 y en 2019, con la diferencia de que ahora hay un cambio de paradigma, hemos incorporado la emergencia climática en el Estado, hace meses en la Generalitat y hace un mes en Europa. Las ciudades estarán obligadas o establecer espacios de bajas emisiones. No podemos establecer un espacio que aumente las emisiones”.

Por último, ha comentado que pediría a los políticos “que no piensen en las próximas elecciones, que piensen en sus hijos”.

Por su parte, Luis Felipe Martínez, ha analizado aspectos más técnicos y económicos del puerto y su ampliación. Sobre su capacidad actual que está en 5 millones de contenedores al año, ha comentado que el puerto sin la ampliación podía llegar a tener “un 30% más”.

Martínez ha advertido de que “no es posible realizar la ampliación sin acceso norte. Si ahora entran 6.000 camiones es imposible que quepan todos los que vendrían, no se puede separar. Los puertos actúan a hechos consumados, consiguen una cosa y eso automáticamente implica la otra”.

Luis Felipe ha afirmado que “las obras son imposible de financiarse y la ley de puertos dice que todo lo que haga el puerto debe ser autofinanciable, no puede costar dinero al Estado. El puerto solo puede gastarse 80 ó 90 millones al año. Aún con créditos del Banco Europeo de Inversiones sería complicado, tienen que ser autosuficientes por ley”.

Por último ha asegurado, que “la única que tienea capacidad para parar la ampliación es la Generalitat Valenciana con sus representantes en el Consejo de Administración, no el Ministerio de Fomento”.

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