La Generalitat impulsará la exhumación de 300 fosas comunes con víctimas del franquismo
La Ley de Memoria Democrática impulsada por la Generalitat promoverá el reconocimiento social, el restablecimiento de la dignidad y el honor y la reparación moral a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. El texto, según su impulsora, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, acabará “con demasiados años de amnesia y olvido”: Los gobiernos autonómicos del PP nunca desarrollaron la ley de memoria histórica aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.
La ley entrará en vigor una vez sea aprobada por las Corts Valencianes previa consulta al Consell Jurídic Consultiu. En principio, a mediados de 2017. A partir de entonces, la Generalitat tendrá la obligación de “reconocer y reparar” a las víctimas de la guerra civil y la represión franquista. Ese mandato se desplegará en cuatro ámbitos: El derecho a la verdad, a la justicia, a la “memoria democrática valenciana” y al homenaje a las víctimas, que tendrán su día: el 28 de marzo, día del fallecimiento de Miguel Hernández, en 1942, encarcelado por el regimen franquista en Alicante.
Censo de víctimas valencianas
La ley compromete a la Generalitat a identificar a las víctimas del franquismo. Para ello, localizará las fosas comunes -unas 300 en la Comunidad Valenciana- y promoverá la “exhumación e identificación” de restos. También, siempre de acuerdo con las familias, financiará el trabajo y, si en el camino se advirtiera la comisión de un delito -ejecuciones clandestinas, por ejemplo- se denunciará en el juzgado. 11.000 personas murieron víctimas de las represalias durante la guerra civil y la posterior represión franquista.
La ley prohibirá “símbolos, vestigios y actos contrarios a la memoria democrática” y “actos públicos que supongan un menoscabo de la dignidad de las víctimas”. Se prevén sanciones de hasta 150.000 euros ante algunos incumplimientos. Según la consellera Bravo, la norma sienta “las bases de la convivencia en una sociedad que no quiere repetir” un periodo como el vivido entre 1936 y 1975. Además, acaba con la “apatía” de los gobiernos del PP en la materia y, a priori, garantiza que no habrá más casos como el de Teófilo Alcorisa.
