El Estado ha “despilfarrado” más de 45.000 millones de euros en 20 años en infraestructuras innecesarias o infrautilizadas
Nueve expertos de diversas universidades españolas -Joan Romero (Universitat de València), Dolores Brandis (Universidad Complutense de Madrid), Carmen Delgado (Universidad de Cantabria), José-León García Rodríguez (Universidad de la Laguna), María Luisa Gómez Romero (Universidad de Málaga), Jorge Olcina (Universidad de Alicante), Onofre Rullán (Universitat de les Illes Balears), José Fernando Vera-Rebollo (Universidad de Alicante) y Joan Vicente Rufí (Universitat de Girona)- han publicado el informe 'Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas' en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles.
Este documento pretende servir como una “primera aproximación” a la dimensión del despilfarro de recursos públicos en infraestructuras desde 1995 hasta la actualidad. “Despilfarro significa estrictamente falta de eficiencia”, definen al asegurar que todo despilfarro público implica ineficiencias y sobrecostes, aunque puntualizan que hay que distinguir entre despilfarro y corrupción: “toda corrupción implica despilfarro pero no todo el despilfarro público es corrupción”.
Así, se han analizado la inversión y los sobrecostes -con cantidades comprometidas superiores a los 10 millones de euros)- en infraestructuras “innecesarias” del Gobierno central (ferrocarriles, autopistas y autovías, puertos y aeropuertos, desaladoras...) y las “infraestructuras, proyectos, eventos e inversiones fallidas, vacías o infrautilizadas” acometidas por las administraciones autonómicas y locales (centros educativos, hospitales, equipamientos culturales o científicos, parques y ciudades temáticas o inversiones para acoger grandes eventos...), incluidas aquellas cofinanciados por la Unión Europeos. Según explican, aunque el despilfarro, como tal, “no se considera delito”, sí que merece atención por su dimensión “(geo)política, económica, social, territorial y medioambiental”.
En las dos últimas décadas calculan que las administraciones públicas han comprometido más de 81.000 millones de euros en infraestructuras innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas, “una cantidad que puede superar los 97.000 millones en un futuro próximo si se suman las obligaciones ya adquiridas”. Estas cantidades son, a juicio de los expertos, “inferiores a las cantidades realmente malgastadas” porque solo se han seleccionado determinadas áreas; porque no se incluyen todos los “proyectos fallidos e inútiles” con presupuesto inferior a los 10 millones de euros, y porque hay compromisos de gasto público en “actuaciones innecesarias o con sobrecostes elevados, ya acabadas, que suponen en torno a 20.000 millones de euros adicionales en los próximos años”.
El estudio considera que en el periodo 1985-1995 se “dilapidó” el equivalente al 5% del Producto Interior Bruto (PIB) español, mientras que en el periodo del boom económico o “década dorada” (1996-2007) esta cifra se disparó hasta el 20% del PIB. “No es posible determinar con exactitud el montante preciso de esta cantidad que es atribuible directamente a la corrupción”, apuntan. Por lo que respecta a la “ineficiencia y despilfarro”, desde el inicio de la cisis económica hasta ahora, las cifran en un 3% del PIB.
De estos cerca de 81.000 millones comprometidos “de forma inadecuada” en infraestructuras entre 1995 y 2016, más de la mitad (45,920 millones) corresponden a la Administración central, mientras que por comunidades, la Valenciana se sitúa en tercera posición (5.936 millones) por detrás de Catalunya (9.160 millones) y Madrid (7.723 millones). Lejos se encuentran regiones como Aragón (2.978 millones), Andalucía (2.657), Asturias (2.380) o Castilla la Mancha (1.530).
La Administración General del Estado
Entre los ejemplos de despilfarro en las inversiones de la Administración General del Estado destaca la alta velocidad: “muchos de los proyectos acometidos, más allá de los casos de corrupción desvelados o desconocidos, no responden a los criterios de rentabilidad social exigibles”. “Demasiadas estaciones millonarias, líneas cerradas, tramos abandonadas a mitad, líneas innecesarias, sobrecostes desproporcionados y desfases bajo sospecha”, explican los expertos. Desde 1992 se han invertido 42.000 millones de euros en este tipo de infraestructuras de los que calculan que 26.240 millones se han despilfarrado debido a unas “perversiones” comunes a la hora de definir recorridos, emplazamientos de estaciones o los modelos de gestión.
En carreteras, los expertos calculan que se han producido sobrecostes por valor de 5.952,6 millones de euros. La mitad de esta cantidad corresponde a las carreteras radiales de Madrid, con ocho autopistas de peaje construidas a partir de 2000 (710 kilómetros en total) que desde 2012 presentan suspensión de pagos. En este sentido, recuerdan que el Tribunal de Cuentas Europeo, tras examinar 24 proyectos beneficiados con los fondos Feder, emitió un informe en el que hablaba de malas prácticas al no prestarse suficiente atención a la rentabilidad de los proyectos; presentar previsiones de tráfico sobreestimadas y elegir autopistas cuando este tipo de carretera no era la más adecuado, advirtiendo de un incremento del coste medio respecto al previsto en un 23%.
El informe alerta sobre la escasa rentabilidad de algunos de los aeropuertos construidos en los últimos años, con el riesgo de que algunas de estos aeródromos tengan que cerrar si no reciben ayudas públicas continuas. Un 28% de estas nuevas infraestructuras “no eran necesarias”, la mayoría sufrió sobrecostes, algunos tenían un tamaño excesivo y las previsiones de pasajeros eran “excesivamente optimistas”. En lo que a los puertos se refiere, llaman la atención sobre la gran inversión pública infrautilizada del puerto exterior de A Coruña o la ampliación del puerto del Musel en Gijón.
También tienen un apartado específico las desaladoras, entre las que se encuentran los sobrecostes en las plantas de Torrevieja (290 millones) o Alicante (77,8 millones), así como los 23,7 millones generados por gestión fraudulenta en la depuradora de Emarsa, en Valencia. De igual modo, advierten del coste de la ineficiencia de la desaladora de Moncofa (49,1 millones) y Oropesa (55,4 millones) -ambas instalaciones están paradas por ausencia de demanda y por estar inacabadas las conducciones-, además de los 200 millones generados por el trasvase Júcar-Vinalopó, “ejemplo de despilfarro de dinero público”. Otro proyecto energético que reflejan es el almacén de gas Castor, “tal vez el mejor ejemplo no solo de despilfarro sino de patologías institucionales”.
Las comunidades autónomas
En cuanto a las inversiones de las comunidades autónomas innecesarias o sobrevaloradas se encuentran desde líneas de tranvía insostenibles (Jaén, Vélez-Málaga, bahía de Cádiz, Parla...) a proyectos singulares (Ciudad del Medio Ambiente de Soria, Ciudad de la Luz de Alicante, Ciudad de la Justicia de Madrid, Ciudad del Circo de Alcorcón); pasando por aeropuertos regionales (Ciudad Real, Castellón, Lleida, Huesca...); auténticas “cajas vacías” como la Ciudad de las Artes y las Ciencias o la Marina de Valencia; parques temáticos como Terra Mítica; infraestructuras culturales infrautilizadas o con sobrecostes extraordinarios (Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid)...
Mención especial merecen comunidades como la Valenciana, que optó por el impulso de grandes eventos para “situarse en el mapa”: “Tras una inversión documentada de, al menos, 5.225 millones en proyectos ejecutados (IVIE, 2010), el balance es negativo en términos de rentabilidad económica y social”.
Prácticas clientelares
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifraba en 2015 el volumen de contratación pública en España en 194.000 millones de euros anuales, de los que estimaba un coste de 47.500 millones al año (un 4,5 % del PIB) en desviaciones al alza en contratos públicos. Los autores del informe consideran imprescindible “erradicar todo tipo de prácticas clientelares y trato de favor a determinados grupos de presión”.
“Prácticas, culturas y reglas de juego que privilegian a determinados sectores económicos, erosionan el sistema democrático, deterioran el buen funcionamiento de las instituciones y comprometen de forma indebida gran cantidad de recursos públicos”, concluyen.
