“En diez años como jueza he visto una denuncia falsa por violencia de género”

Lara Esteve es magistrada especializada en violencia de género en el juzgado de instrucción número 3 de Carlet. Doctora con calificación cum laude en derecho penal-violencia de género, con la tesis “Violencia de género en el código penal español. Análisis del artículo 172 ter” por la Universidad CEU-Cardenal Herrera.

Esteve lleva diez años ejerciendo la judicatura en constante formación y desde su posición en una localidad periférica reclama que se dote al sistema judicial de medios para poder llevar a cabo su trabajo como la ley y las víctimas exigen. La magistrada reivindica la necesidad de formación de los funcionarios de justicia y los cuerpos policiales, tal como recogen los convenios internacionales, para hacer efectiva la prevención de los delitos.

¿Cómo es el día a día en un juzgado de violencia de género?

Yo estoy en juzgado mixto, llevo tanto Penal como Civil y, de forma exclusiva, Violencia de Género y Familia. Mi día a día es realizar juicios civiles alternados con cuestiones de menores y divorcios, delitos leves y servicios de guardia. Llevo la guardia de todos los casos de violencia de género del partido judicial, que comprende unos siete municipios. Llegan de uno a tres casos al día. El volumen de trabajo es elevado porque comprende unos delitos que, aunque procesalmente no son muy complicados, sí que necesitan mucho tiempo y dedicación. Muchas veces las mujeres acuden al juzgado cuando acaban de suceder los hechos, muy afectadas, acompañadas de menores o testigos familiares que también están afectados. Hay que trabajar con ellas previamente, estabilizarlas... 

Cuando tengo conocimiento del hecho de violencia, bien sea por atestado o porque la persona acude al juzgado, llamo a las partes a declarar, a la forense para que valore a la mujer, se hacen inspecciones oculares en el domicilio por la Guardia Civil, he resolver la situación personal del denunciado, pronunciarme sobre los menores... El año pasado instruí 1.100 asuntos penales y el 70% eran casos de violencia de género. Todo eso compaginado con otras actuaciones de juzgado mixto y con la complejidad de estos asuntos.

Hace unos meses, varias compañeras de Castellón pidieron el traslado señalando que no podían con la carga de trabajo y pensaban que no podían dar una buena atención. Con ese volumen de casos... ¿A los jueces les da tiempo a hacer bien su trabajo?

Las personas que trabajamos en justicia estamos desbordadas. Sé que es recurrente decir que faltan medios, pero es así. No se puede dar una respuesta adecuada. Es fantástico que haya tantas leyes [de protección], pero la realidad es que no se da abasto. Los funcionarios están trabajando, tienen que explicar a las víctimas qué sucede, el proceso... Alguien que no ha ido nunca al juzgado, al que no le explican que esa señora que le habla es una jueza... Es traumático, le ha podido hacer daño posiblemente la persona en la que más confía. Y de repente, con gente que no conoce, tiene que explicar su intimidad con prisas porque detrás hay esperando otras dos personas.  Gran parte del movimiento de juzgado a juzgado es porque la carga de trabajo no sale.

Son reivindicaciones compartidas con la Policía...

Sucede lo mismo, en especial en los municipios. Puede ser que en Valencia, al ser la capital, sea maravilloso, pero la mayoría somos los de la periferia. A lo mejor, cuando hay un caso de violencia de género, a la víctima la lleva normalmente la Guardia Civil al médico y al juzgado. Si una patrulla está haciendo labor de acompañamiento, que lo dice la ley, y el pueblo solo tiene una patrulla..., el pueblo se queda sin patrullar. Luego hay unidades de Policía Local o Guardia Civil que no tienen a nadie especializado en violencia de género, o solo hay una persona, que también tiene derecho a descansar... Si esa persona no está, vuelves a quedarte cojo. Ellos son los primeros que tienen contacto con la víctima, que le dan o no confianza, y su formación es fundamental.

¿Ven a muchas mujeres echarse atrás en el proceso porque no confían en la justicia o la policía?

La teoría de la ley es preciosa, da muchos recursos para la protección integral de la víctima, señala que garantiza los derechos de la mujer en todos los ámbitos. Ese mecanismo, a la hora de llevarlo a la práctica, está cojo. Hay juzgados en los que una mujer está esperando a ser atendida y se cruza en el pasillo con el agresor o su familia. Con esa situación ¿qué respuesta le estamos dando? 

Sobre las medidas de protección, yo he tenido contacto con cuerpos policiales fantásticos, dan de sí más de lo que por profesión tendrían que dar, es algo personal, pero es cierto que si no hay medios y recursos una labor de acompañamiento y protección de la mujer no se puede hacer como toca. Entiendo que hay mujeres que se sientan desprotegidas.

A nivel judicial, vamos tan cargados de trabajo que se puede perder la perspectiva del drama personal y familiar por el que pasa una víctima. A veces mecanizamos el proceso y no nos damos cuenta de que esa mujer no tiene por qué haber tenido contacto con la justicia y conocer el procedimiento. Algo tan sencillo como saber quién es quién cuando se toma declaración, explicar eso... Puede que no se haga y es intimidante. El estatuto de la víctima del delito permite que entre acompañada siempre que no sea por un testigo -para no contaminar el testimonio- para tener cerca a alguien que le dé confianza. Eso no cuesta dinero y se puede hacer.

Sobre formación de los jueces, el convenio de Estambul recoge algunas recomendaciones. ¿Qué falta por incorporar en España?

Hay que partir de una idea, y es que un juez es una persona que crece en una sociedad patriarcal, como todos. Es algo estructural y está reconocido por organismos internacionales, no por cuatro asociaciones. Sacamos la oposición como en cualquier profesión y tenemos que seguir formándonos, uno no aprueba y se jubila sin aprender nada. La necesidad de formación no es una exigencia sólo a nivel interno. Viene del Convenio de Estambul, de la Cedaw (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) a raíz del caso González Carreño, que exigió a España que se formara, también lo hizo el Comité de Europa. No es solamente que haya temario en las oposiciones, sino también en la formación posterior de la escuela judicial, complementado con la necesidad de que para acceder a los juzgados de violencia de género se hagan pruebas de especialización. Ahora se accede por escalafón.

Siguiendo esta línea... Cuando se habla de justicia patriarcal se apela a casos mediáticos en los que los jueces, por poner un ejemplo,  preguntan por cómo iba vestida la víctima o hacen este tipo de declaraciones... ¿Son una excepción o realmente es un problema común?

Yo no sé lo que hacen mis compañeros. Son comportamientos que flaco favor nos hacen a la judicatura. Estos comportamientos sirven para llamar la atención, poner el foco sobre la judicatura y que hagamos autocrítica. Con una repercusión como la que tenemos los jueces, tenemos que ser exquisitos en los fondos y las formas.

A raíz de casos como el de la Manada, que tuvieron tanta respuesta social, algunos censuraban que se criticara la sentencia y a los jueces como si eso pusiera en peligro el Estado de Derecho y la democracia.

Los jueces tienen independencia de criterio a la hora de evaluar una prueba y hacer una resolución, pero la sentencias son públicas y así lo reconoce la legislación. La sentencia tiene un relato de los hechos y a ese relato se asocia un tipo delictivo. Tu puedes estar de acuerdo o no, pensar que es otro tipo de delito y se puede decir. Sí que es cierto que históricamente las sentencias no eran criticadas ni comentadas, ahora sí se hace y con las nuevas tecnologías todo va más rápido, hay más publicidad de las resoluciones de justicia. No creo que sea malo. Es necesario que la ciudadanía participe del debate y que este sea fundado y con datos verdaderos.

Volviendo al trabajo del juzgado, ¿ven algún patrón en las agresiones sexuales?

Vemos que están aumentando, en el último año un 13%. Mayoritariamente se dan de hombres a mujeres. Hay que ir al caso concreto, que para eso estamos los jueces, pero se advierte una situación de discriminación y superioridad, de un abuso de poder. El Convenio de Estambul reconoce que la violencia de género no es solo aquella que se establece en el ámbito de la pareja, sino que también entiende que hay que ir un paso más allá y que la violencia de género comprende delitos que afecten de forma discriminada a la mujer. Es importante tener en cuenta la incidencia que tienen algunos delitos contra la mujer.

No soy experta en esta cuestión, pero por lo que he estudiado he visto un porcentaje importante de agresiones que suceden a edades muy tempranas. Ahí es muy importante la educación sexual y afectiva, ver los primeros contactos con las relaciones. Hay un estudio del ministerio, de 2015, que señala que solo el 12% de los menores conocen el sexo por explicación de sus familiares. ¿Qué pasa con el 88% restante? Muchos lo conocen por el porno. Si un menor no tiene el filtro para diferenciar la realidad de lo que no, si su experiencia no reproduce esa realidad puede producir frustración, violencia o agresividad. Creo que esa educación afectivosexual es fundamental.

Y aparte del acceso a la pornografía, ¿encuentran casos de violencia de género relacionados con las nuevas tecnologías?

Creo que son un aspecto importante en muchos delitos. Suponen una nueva forma de comunicación y de ver la vida y hay que entenderlo. En el ámbito de las relaciones, si no se ha aprendido a utilizarlas, se puede producir el riesgo de que se den comportamientos agresivos, de control o discriminación. He visto a chicas que tenían que mandarles a sus novios fotos de lo que hacían en ese momento, que por qué estás conectada a esta hora de la mañana... Se trata de cosas que no son constitutivas de delito, pero esos comportamientos, si se repiten de manera constante y componen una forma de llevar una relación, sí pueden dar lugar a comportamientos delictivos. No solo el acoso, el chantaje con fotos íntimas, también el acoso en los centros escolares. Antes acababa al llegar a casa o cambiar de centro, ahora no acaba al salir del colegio. Es constante, fácil de cometer y en algunos casos se conoce al emisor, pero el anonimato lo complica.  ¿Contra esto? Educación. Para saber utilizar las tecnologías y aprender a identificar estos comportamientos.

Me gustaría hablar de algunos mitos sobre la violencia de género. En casos de divorcio, ¿las denuncias se ponen en cuarentena?

Absolutamente, no. La violencia de género es una causa penal. Los juzgados de violencia de género tienen competencia en los casos de violencia y los asuntos familiares relacionados con violencia. Si comienza un juicio de familia y hay un episodio de violencia, el juzgado de violencia de género asume la competencia. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. 

En mi experiencia profesional, lo que me he encontrado son procedimientos de divorcio en los que una mujer ha sido víctima de violencia de género y no ha querido abrir esa vía. Ellas creen que es mejor para los menores y prefieren no hacerlo. Y no me ha pasado una vez.

Otra afirmación: Si llamas al 016, el denunciado se pasa la noche en el calabozo.

A ver, hay que dejar una cosa muy clara. El 016 no es un teléfono de denuncias. Es un teléfono de ayuda. Te puede acompañar, asesorar... No es solo para las víctimas, pueden llamar amigas, amigos, familia, alguien que ha visto algo por la calle... Cualquiera puede llamar. Aún llamando la víctima, si ella no quiere, el teléfono no va a avisar a la Guardia Civil o el juzgado. Otra cosa es que, puesta la denuncia y con indicios de que exista violencia de género, que el médico haya hecho el cribado y se vea situación de peligro, se actúa. Se llama a la víctima para que cuente lo que ha pasado y la Guardia Civil o la Policía tiene que citar al señor. Si entiende que los hechos son suficientemente graves, puede proceder a la detención o mandarle a declarar al juzgado. Es una decisión policial que evalúa el riesgo.

La última: que la Ley de Violencia de Género elimina la presunción de inocencia.

No sé que artículo de la ley habla de la inversión de la carga de prueba o de la presunción de inocencia. Tengo un doctorado en violencia de género, me la he leído. La presunción de inocencia es un derecho fundamental en el ámbito penal. Si esta ley pasara de ese precepto, no haríamos falta los jueces. Cuando se pone una denuncia, el denunciado es investigado, no culpable. Se realizan pruebas, se toman testimonios y al final del proceso se decide por el órgano competente si se ha cometido un delito o no. La presunción de inocencia acompaña a cualquier persona investigada hasta que se dicta lo contrario.

La Fiscalía señala que el 0'01% de denuncias son falsas, mientras que algunos grupos incluyen en esa categoría las sentencias absolutorias o las denuncias retiradas. 

Los datos son los que marcan la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial. Estos porcentajes no sé de dónde los sacan, porque el Consejo habla de las resoluciones oficiales, de los jueces que dictamos sentencia. Otra cosa distinta son los asuntos que acaban en archivo. Puede ser porque no exista prueba suficiente de que el investigado es culpable, que no significa que la víctima mienta, sino que no hay pruebas suficientes; como no se ha roto la presunción de inocencia, ante la duda, se beneficia al investigado. Por otro lado, tenemos los casos en los que la víctima se acoge a su derecho a no declarar, que suele ser la prueba de carga. Si no contamos con su declaración, puede faltarnos prueba. Tampoco significa que mienta, sino que tiene razones para no hacerlo.

Llevo 10 años de jueza y de denuncias falsas por violencia de género... creo que he visto una. Sin embargo, he tenido muchas denuncias falsas o simulación de delitos en caso de robo o hurto de móviles, de estafar a seguros... Podemos hablar de las denuncias falsas ahí. En el caso de violencia de género, se trata de datos oficiales, que son de organismos públicos e independientes.

¿Qué riesgos tendría volver a considerar la violencia de género como violencia doméstica?

Confío en que no se lleve a cabo. Sería ir en contra de 20 años de evolución legislativa. Hemos suscrito convenios internacionales y sería un gran paso atrás. Me sorprendería mucho que se derogara una ley orgánica, pero me preocupa que no haga falta. Puedes tener una ley y no dotarla. Si no hay presupuesto para el Observatorio, para el turno especializado, para los centros de mujer, la especialización en salud... Hay otras maneras de atacar las leyes: dejar que mueran.