El Parlamento valenciano aprueba multar hasta con 120.000 euros las conductas vejatorias hacia el colectivo LGTBI

Las Corts Valencianes han aprobado este miércoles la Ley de Igualdad de las Personas LGTBI, que prohíbe las terapias de aversión para modificar la orientación sexual y prevé multas de hasta 120.000 euros por realizar o difundir estas prácticas.

Todos los grupos parlamentarios salvo el PP han apoyado la norma, recogida con un gran aplauso por decenas de representantes del colectivo presentes en la votación, como Guillem Montoro, primer hombre trans que asume una concejalía, o José de Lamo, director general de Igualdad en la Diversidad.

Los populares se han abstenido porque el resto de grupos no han incluido una enmienda que consideraban clave, en la que apelaban a la objeción de conciencia en los centros educativos. Concretamente, el texto dice lo siguiente: “Para garantizar que todas las personas que conforman la comunidad educativa puedan ejercer los derechos fundamentales que ampara la legislación, los centros educativos, respetando la legislación vigente y la libertad de cátedra y la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión y el ideario o carácter propio del centro”.

El objetivo de esta ley es prevenir agresiones y erradicar cualquier discriminación por cuestiones de orientación sexual, y es la primera norma española que dedica un capítulo entero a reconocer la situación especial y diversa de las personas con variaciones intersexuales.

Su articulado pretende convertir la lucha contra las agresiones en una disciplina transversal. Para ello, la norma establece medidas en el ámbito de la salud, que van desde la formación del personal sanitario para garantizar una atención respetuosa a todas las personas, servicios específicos para atender las necesidades particulares de las personas LGTBI o la garantía de acceso a las técnicas de reproducción asistida.

La norma crea el Espacio de la Memoria LGTBI, que albergará documentos relacionados con la represión del colectivo durante el periodo franquista, a las víctimas de la ley de vagos y maleantes, a los torturados y asesinados, especialmente en esta etapa.

Respecto a las sanciones, si las más llamativas son las que buscan frenar las terapias de aversión, se busca reducir la homofobia y el resto de comportamientos vejatorios desde su origen. Así, por ejemplo, se prevén multas de hasta 6.000 euros por “utilizar o emitir expresiones vejatorias por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar contra las personas LGTBI o sus familias, en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas, o en redes sociales”.