Nuevo caso de corrupción en el PP: un juez investiga sobrecostes millonarios en las carreteras de la Diputación de Valencia

El área de Carreteras de la Diputación de Valencia es una de las más golosas para los políticos. El presupuesto anual se acerca a los 30 millones de euros y el titular del área puede repartir inversiones por toda la provincia y hacerse fotos cortando cintas. Alfonso Rus convirtió este departamento en estratégico y en plena crisis fue de los pocos que lanzaron importantes obras públicas. Ahora, la gestión del que fuera presidente de la Diputación de Valencia entre 2007 y 2015 está bajo la lupa de la justicia. 

El juzgado de Instrucción número 19 de Valencia ha abierto una investigación por posibles sobrecostes y adjudicaciones fraudulentas en el área de Carreteras de la Diputación de Valencia durante la etapa de Alfonso Rus. De momento, el juez no ha imputado a nadie, pero sí que ha requerido al ente provincial abundante documentación sobre los procesos de licitación y los pagos a las contratistas.

En concreto, el juez ha requerido una treintena de expedientes de obras en carreteras de la provincia de Valencia en los años 2014, 2015 y uno cerrado en 2016, pero cuyo proceso de adjudicación se realizó en etapa popular. También pide un certificado del periodo en que ejerció de jefe de carreteras un funcionario de la Diputación de Valencia. 

La investigación se abrió hace varias semanas después de que la denuncia inicial, presentada en el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, les llegara por reparto del decanato. El juez del caso Taula derivó esta denuncia a otro juzgado al entender que no tiene ninguna relación con la causa que se investiga tras el escándalo de la empresa pública Imelsa y donde ya está imputado Alfonso Rus y parte de su equipo de gestión en la Diputación de Valencia.

Durante la etapa de Enrique Crespo, condenado a diez años de prisión en el caso Emarsa, al frente del negociado de carreteras, la oposición denunció numerosas irregularidades. Fue el caso, por ejemplo, de una empresa que recibió —sin contrato, ni certificación de los trabajos realizados y mediante pequeñas cantidades abonadas mensualmente— 56.484 euros por el mantenimiento de la rotonda Manises-Paterna de la CV-371. Un servicio que correspondía al Ayuntamiento. La etapa de Crespo, sin embargo, no está siendo investigada dado el tiempo transcurrido. 

Según denunció entonces la representante de EU en la institución provincial, Rosa Pérez Garijo, “el área de carreteras que dirigía Enrique Crespo tenía un descontrol similar al de Emarsa y el control brillaba por su ausencia”. En su comparecencia del pasado diciembre en la comisión de investigación del caso Taula en las Corts Valencianes, Pérez Garijo lamentó que “determinadas piezas no se estén investigando”.  Sin embargo, el área de carreteras queda ahora bajo la lupa del juez. 

Por lo tanto, esta investigación del juzgado de Instrucción número 19 no es una pieza separada del caso Taula, sino un causa nueva, que pasa a engrosar el listado de las que ya están abiertas por la gestión del PP. Otros 13 juzgado de los 21 de Instrucción de Valencia tienen abiertas causas contra miembros o antiguos miembros de la formación conservadora.