Odusalud califica las políticas sanitarias del Gobierno como perjudiciales para la salud pública
Desde hace seis años, al menos un millón de personas han sido excluidas del sistema público de salud. El Observatorio del Derecho Universal a la Salud Pública de la Comunitat Valenciana ha iniciado una serie de reivindicaciones con motivo del aniversario del Real Decreto 16/2012 que retira el derecho a la atención sanitaria por la seguridad social a las personas migrantes en situación irregular. El observatorio, que aglutina a 90 entitades, se ha mostrado duro con este decreto desde su implantación.
El Gobierno ha ignorado las recomendaciones de los organismos de derechos humanos como el Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité europeo contra el reacismo y la intolerancia que consideran la medida como regresiva, grave, no justificada bajo criterios económicos y carente de ética, según explica Ana Pérez, directora del observatorio.
Pérez critica que el Ejecutivo trata de mercantilizar la sanidad y que “se pasa de un enfoque de derechos a un enfoque de asegurados”, aunque, explica, sí se reconoce la atención urgente, a las víctimas de trata, a niños y mujeres embarazadas. En definitiva, a personas con riesgo inmediato para su salud. No obstante, Pérez explica que pocas personas conocen el derecho y la medida tiene un efecto disuasorio: “ha generado rechazo a ir al centro de salud”.
El propio sistema se pone trabas a sí mismo. Para recibir atención provisional, en muchas ocasiones te piden el certificado de empadronamiento: “Cómo vas a estar empadronado si llegas en una patera”, reflexiona.
A ojos de la representante, las políticas del Gobierno pueden suponer un peligro para la sanidad. “Restringir el acceso a la atención primaria es perjudicial en largo plazo”, destaca. Como ejemplo, Pérez pone el sistema de vacunación, del que se está excluyendo a muchos niños migrantes porque las familias no saben si pueden o no asistir. Resulta irónico que con el empeño de algunos sectores sanitarios en reivindicar la necesidad de las vacunas frente a los colectivos de escépticos, sea el propio Gobierno quien fomente este abandono.
En la Comunitat Valenciana sigue vigente la instrucción de atender a todas las personas migrantes y que puedan acudir a los servicios sociales para obtener el permiso equivalente a un SIP provisional y no quedar fuera del sistema. La instrucción se ordenó con la suspensión cautelar de la Ley de Sanidad Universal y se reactivó con la sentencia del Tribunal Constitucional. Desde el colectivo valoran la iniciativa del Ejecutivo autonómico -“han escuchado nuestras reivindicaciones”- pero lamentan que la aplicación sea arbitraria en los centros de salud, en especial por el personal administrativo. En el territorio valenciano, se calcula que se ha retirado la tarjeta sanitaria a unas 80.000 personas.
Para el colectivo, esta medida incluye cierto tono xenófobo y se basa en argumentos falaces: “El mensaje del ministerio es que gracias al decreto el sistema es sostenible. Es una falacia, nunca se ha demostrado. Lo que es nuestro sistema es barato. Continúan en la línea de excusarse en el turismo sanitario”, además de favorecer la privatización del sistema, ya que esta atención, la de pago, sí puede ser prestada, concluye.
