El acuerdo de PP y Cs para la Diputación de Alicante: defensa de la unidad de España, ataque al Consell

El Partido Popular y Ciudadanos han escenificado en la mañana de este miércoles el pacto alcanzado para gobernar juntos la Diputación de Alicante. El futuro presidente del órgano provincial, Carlos Mazón, y el líder regional de Cs, Toni Cantó, han firmado en el Museo Escolar de Pusol de Elche el acuerdo que se materializará el próximo viernes en el pleno de investidura.

El PP, con Mazón, asumirá la presidencia mientras que Cs ostentará una de las dos vicepresidencias -en el anterior mandato había siete-. Los dos únicos diputados provinciales del partido naranja Cantó van a estar al frente de las áreas de Infraestructuras, Cultura, Turismo, Transparencia y Asistencia a municipios, ha explicado Cantó, quien ha avanzado que se creará una Dirección para velar por el cumplimiento de la ley de transparencia en cada población que garantice “que todos los recursos de la Diputación al servicio de los ayuntamientos se gestionarán sin ningún ápice de oscurantismo”.

Por su parte el PP explicará en los próximos días las funciones de sus 14 diputados provinciales. Lo que sí que está claro es que ambas fuerzas, PP y Cs, van a hacer de la Diputación de Alicante la pinza que contrarreste las políticas del gobierno valenciano. Así lo han dicho durante el acto y así lo refleja el documento conjunto de seis páginas en el que dedican buena parte a criticar al Consell al que llegan a achacar la ausencia de políticas sociales.

“Aquellos que venían a rescatar personas han dejado de ejecutar 1.022 millones de euros en políticas que afectan directamente al bienestar de las personas”, afirman. “Una de las prioridades de la Diputación en la próxima legislatura será la reivindicación política en nombre de todos los ayuntamientos de la provincia de Alicante con la exigencia a la Generalitat Valenciana de que cumpla con sus compromisos y obligaciones con todos los alicantinos”, insisten ambas formaciones.

Sobre políticas concretas, avisan que como hizo el PP en el anterior mandato de César Sánchez, se opondrán “a la política de mancomunidades de la Generalitat Valenciana, que implica la creación de nuevas estructuras administrativas con su respectivo aumento de personal a cargo de la administración”.

Argumentan que “estas entidades son una duplicidad de las funciones que ya realiza la diputación, pues los ayuntamientos ya tienen una relación directa con la diputación para colaborar en la prestación de servicios”. Las dos derechas también reflejan en el escrito que la política educativa del Consell durante esta última legislatura “ha obligado a la Diputación Provincial de Alicante a desarrollar una potente estrategia jurídica en defensa de la libertad educativa en términos de no imposición lingüística fundamentalmente”, por lo que seguirán en esa misma línea.

“Mientras siga este ataque a la libertad educativa, la Diputación Provincial mantendrá su posición”, sentencian. Unidad de España Ambas fuerzas también han reflejado en el acuerdo de gobierno la defensa desde la provincia de Alicante de la unidad de España y del estado de las autonomías. Con respecto a la primera promesa que alude a la situación de Cataluña, PP y Cs contemplan “la utilización de todos los instrumentos” del Estado “para hacer frente al separatismo y a cualquier amenaza hacia nuestra Constitución, así como para asegurar la convivencia, la protección de los derechos de todos los ciudadanos y la neutralidad de las instituciones y espacios públicos”.

Con respecto a la segunda, que responde a los anhelos de Vox de acabar con el estado autonómico, las dos formaciones afirman que las autonomías son “la garantía de un país de ciudadanos libres e iguales”. En esta declaración de intenciones no han faltado las menciones a las familias, a las que prometen “ampliar los beneficios reconocidos en nuestra provincia para las familias numerosas y monoparentales; a los autónomos, a los que la Diputación se compromete a pagar ”en un plazo máximo de 30 días“ o contra la corrupción.

A este respecto, ambos partidos se comprometen a cesar automáticamente en todos sus cargos y competencias a los cargos públicos que sean investigados por la justicia por delitos de corrupción en el seno de la administración hasta que se aclare su situación judicial y les obligarán a dejar su acta “en el momento en que sean procesados”.