“Pretendemos fortalecer el sistema público de salud eliminando de la ecuación el beneficio empresarial”
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, pasará a la historia como la responsable política que devolvió al sistema público valenciano el hospital de Alzira, el primero de España privatizado durante la etapa del popular Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat. Un modelo de gestión que, después de tres años de pérdidas de Ribera Salud, empresa concesionaria, se extendió a toda la atención primaria del área de la Ribera y que los sucesivos gobiernos del PP implantaron en otros departamentos (Dénia, Elche, Torrevieja y Manises).
Sin embargo, después de más de un año de dificultades en los que se han afrontado y ganado hasta ocho recursos judiciales de la compañía para frenar la reversión, el próximo 1 de abril este centro hospitalario y todo su departamento que da servicio a una población aproximada de 257.000 habitantes volverá a depender de forma directa de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública tras 18 años en manos de la empresa Ribera Salud. La recuperación es produce en cumplimiento del compromiso del 'Pacte del Botànic' que sellaron PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos para formar el Gobierno del cambio.
Parece anómalo que una empresa que tiene cuatro contratos millonarios con la Generalitat, esté en una guerra abierta con la administración cuando no se le prorroga una concesión, es algo llamativo, ¿no?
Sí, porque es la finalización de un contrato, nada más que eso, y cuando se firma un contrato se sabe que la seguridad jurídica marca un determinado plazo. Después de 15 años de contrato en el hospital de Alzira se ha advertido con 18 meses de antelación, lo hizo el propio presidente de la Generalitat en las Corts Valencianes, y por tanto ha sido un proceso que ha estado planificado, ordenado, transparente y que no debería haberles pillado por sorpresa.
¿Entonces, esa reacción obedece a una guerra política en realidad?
No sabría calificarla, en todo caso sé que hay 190 millones de euros anuales que pagamos con dinero público y que al final supongo que es lo que le pesa a la empresa. Nosotros lo que pretendemos es gestionarlos de forma directa para poder fortalecer el sistema público porque eliminando de la ecuación el beneficio empresarial hemos podido no solamente mantener el personal y ampliarlo, sino también una inversión de 5,7 millones en el departamento que va a ayudar a mejorar la tecnología y a mejorar también los equipamientos. Lo que queremos es eso, una gestión pública directa para poder planificar mejor asistencialmente el conjunto de la sanidad valenciana.
El argumento que utilizan los defensores de las privatizaciones es que son más eficientes y más baratas. ¿Qué hay de verdad en eso?
Para la Generalitat es tarifa plana, siempre pagamos lo mismo porque pagamos en función de la cápita, son esos 190 millones de euros. Nosotros lo que ponemos en nuestros parámetros para medir la calidad es la salud y ellos están hablando de términos con la óptica de la empresa. Para un Gobierno la óptica económica es importante, pero no es la fundamental, nosotros queremos dar mejor calidad asistencial y cuando emprendemos medidas de eficiencia como hemos hecho esta legislatura, en la que se ha conseguido un ahorro de 240 millones de euros, lo hacemos en cuestiones que no afectan a los pacientes ni a los trabajadores. Por ejemplo en cuestiones como control de stock, compra centralizada, en ahorro energético, en control de concesiones y conciertos, pero no en aquellas cuestiones que tienen que ver con la calidad asistencial del paciente, ni con lo que respecta a los trabajadores, que es bien sabido que en el sector privado la masa salarial es más baja que en la pública.
Pero hay una especie de tópico o de argumento que dice que cuestan menos los trabajadores, trabajan más horas y dan más servicio que en la pública.
Pero ese no es el modelo que quiere la sanidad pública valenciana. Nosotros queremos ser eficientes, queremos tener rendimientos, pero tenemos un marco de respeto de los derechos de los trabajadores y tenemos un marco donde no está presente el minimizar costes en diagnósticos o tratamientos. Por tanto, nuestra obligación es favorecer la salud de las personas, y favorecer la salud de las personas es tener un ratio de profesionales adecuado y es también emplear aquellos recursos que son necesarios para conseguir la salud. Nosotros para el mes que viene ya tenemos programado todo el quirófano, por tanto, es la demostración de que el mismo rendimiento de quirófano que tiene una empresa es el rendimiento que vamos a tener nosotros.
Para hacerse cargo del área de salud, han tenido que hacer un diagnóstico de cómo están los ambulatorios y el hospital. ¿Qué conclusiones han sacado?
De esa auditoría que hemos hecho sobre equipamientos e infraestructuras, la conclusión que hemos sacado es que en el hospital de Alzira hay una obsolescencia tecnológica importante y por eso salieron hace unos días las licitaciones del Pet Tac, el acelerador lineal, de equipos ecógraficos de radiología. Se va a digitalizar el mamógrafo, en la parte oncológica, se van a digitalizar muchos equipos de radiología que están en atención primaria. Así que lo que venimos es a corregir esa obsolescencia tecnológica porque lo que preferimos es tener mejores equipamientos que nos van a dar más rapidez en el diagnóstico y un mejor diagnóstico, o un tratamiento mejor, que no estar pensando en el beneficio empresarial o en el coste económico que eso supone porque tenemos otros lugares de los que obtener ese ahorro sin que influya en las personas. En cuanto a personal, también hemos anunciado que vamos a ampliar la plantilla en 303 trabajadores. Esto es porque la plantilla no tiene un ratio similar al resto de la sanidad pública. Vamos a hacer un esfuerzo en la atención primaria. Ya se está viendo en Sueca o Cullera, que abrirán sus consultorios en Semana Santa, cuando la empresa no los abría. Hemos visto que es un sistema en el que había falta de personal y la tecnología necesitaba renovarse y eso es lo que vamos a empezar a modificar.
¿Esta obsolescencia que han detectado es lo que les ha llevado a hacer auditorías en el resto de concesiones?
Para hacer las liquidaciones y para hacer la labor de control que necesita la administración hay que tener las auditorías. Lógicamente, empezamos por Alzira, pero las licitaciones del resto de concesiones también han salido y vamos haciéndolas.
En otras concesiones hay empresas que no están actuando igual que Ribera Salud. Por ejemplo, llama la atención que en Dénia, donde la mayoritaria es DKV con Ribera Salud, DKV ha adoptado una postura más conciliadora.
Siempre hemos ofrecido diálogo por parte de la administración, diálogo y las cuentas claras es lo que queremos. Tener relaciones fluidas con las empresas que prestan servicios a la sanidad pública valenciana, pero cuando vienen a trabajar con la Conselleria tienen que saber que las reglas del juego son el cumplimiento estricto de la normativas, de las legislaciones y del control del dinero público. Por tanto, eso es lo que hay encima de la mesa y todo lo que se salga de ese marco produce las lógicas fricciones porque la administración del Gobierno del cambio no puede hacer y no está dispuesta a hacer lo que hizo el Gobierno del PP, que era laxitud, connivencia y tomar decisiones en órganos donde no habían competencias como las comisiones mixtas que favorecían el interés privado en detrimento del interés general. Y eso es lo que nosotros hemos cortado de raíz.
¿Esto marca una línea que por la que, salvo algún caso concreto que podría ser el de Dénia, el resto de concesiones se irán recuperando para el sistema público una vez finalicen los contratos?
Parece que es el camino jurídicamente más seguro y también más viable porque una expropiación o un rescate tiene sus problemas jurídicos y económicos y esta es la línea que estamos siguiendo. Finalizar los contratos y entre tanto extremar el control y la exigencia para ofrecer en esos departamentos la mejor calidad asistencial posible.
¿Ha sido la asimilación de los trabajadores de Ribera Salud una de las mayores dificultades?
Hemos sido de los que hemos abierto camino, pero la fórmula era muy clara. Hay una sucesión de empresas con subrogación de condiciones laborales. Así hemos aprobado el decreto y además manteniendo las retribuciones que tenían los trabajadores. Se ha solucionado ese problema, que fundamentalmente era un problema de dar continuidad asistencial porque son 1.400 trabajadores y para que de un día para otro siga todo igual se ha tomado esa decisión. También el 19 de febrero se ha activado la bolsa y se han ido haciendo los llamamientos de los 250 contratos que tienen que hacerse nuevos para que a partir del 1 de abril entren en vigor. Creo que la junta de personal y el comité de empresa están conformes, hemos estado dialogando con ellos mucho durante los últimos dos años y es la solución más beneficiosa, la más segura para los trabajadores y para esa continuidad asistencial.
Este reversión sienta un precedente. ¿Este modelo podría aplicarse en otros casos o habría que analizar cada uno de forma puntual?
Yo creo que sentamos precedente y que estamos abriendo camino. Baleares, por ejemplo, lo va a hacer con el servicio de transporte sanitario y alguna otra comunidad autónoma nos ha preguntado cómo lo estamos haciendo. Yo creo que es la demostración de que las privatizaciones no son para siempre. Con buena gestión y voluntad política se puede devolver a lo público lo que es de todos, y eso es lo que estamos haciendo. Y abrimos camino igual que en la universalidad de la salud, en las ayudas al copago, porque este Gobierno ha actuado de forma contundente y valiente en todo lo que implica reconocer la salud como derecho. Eso es lo que hay detrás de todas nuestras acciones, reconocer la salud como derecho.
¿Por qué ha elegido a la directora general de Alta Inspección, Isabel González, como responsable del área de salud de La Ribera?
Por muchos motivos. Ella tiene muchas condiciones para este reto. Una es que ya tiene experiencia porque ha sido gerente en el hospital de Sant Joan, pero también ha estado pilotando el proceso de las normas de reversión durante el último año y, además, conoce in situ a todos los jefes de servicio, a todos los trabajadores, a la junta de personal, al comité de empresa, a los alcaldes y ha mantenido reuniones con asociaciones de pacientes Hemos querido que el diálogo fuera la clave de la explicación de esta transición. Ella ha estado reuniéndose con los jefes de servicio y con ellos ha planificado el quirófano para el próximo mes, han organizado los turnos de todos los profesionales para todo el año, casi 2.000 que habrá, ha organizado con los coordinadores de atención primaria todas las infraestructuras de primaria que hay que arreglar, desde pequeñas rampas en los consultorios que no estaban adaptados hasta otras cosas como la digitalización de los equipos de radiología. Es la personas que en estos momentos conoce el corazón del hospital y del departamento, así que creo que lo va a hacer muy bien como todas las tareas que le hemos ido encomendando.
¿Esperan alguna traba o sorpresa de última hora de Ribera Salud antes de la reversión o en los primeros días?
Tenemos plan de contingencia para varias situaciones, pero también la empresa está en la oportunidad de demostrar la seriedad que quiere plasmar y el diálogo de la Conselleria siempre está abierto, siendo conscientes de que tenemos un marco que es cumplir la legalidad, la normativa, exigir los controles y desde luego ser muy exigentes con el control del dinero público.
¿La Conselleria adoptará medidas legales por el presunto borrado de datos de Ribera Salud?
Ahí hay una denuncia de los trabajadores en comisaría puesta en conocimiento del comisionado. Nosotros hacemos lo que debemos hacer, que es enviar a los inspectores y levantar acta de lo que allí está sucediendo y ahora estamos en ese momento en que desde el servicio de inspección se debe elaborar informe para decidir si hay base para emprender otro tipo de medidas o de acciones.
¿Qué cambios o mejoras va a experimentar el paciente a partir del 1 de abril?
Por ejemplo, si es un paciente de Cullera o Sueca va a poder ir al centro de salud que antes no se abría, pero si necesita hospitalización, va a llegar a un hospital donde el parking va a ser público. Si es un paciente oncológico, por ejemplo de mama, va a tener ese mamógrafo digital que es mucho más beneficioso para diagnóstico que el que había, o el acelerador lineal con la última tecnología para realizar los tratamientos. Si es un paciente en silla de ruedas, cuando se adapten los baños podrá entrar. En fin, se van a reforzar los servicios, la urgencia, la atención primaria y la hospitalización a domicilio que para determinados pacientes de avanzada edad crónicos resulte más sensato, si es posible, atenderlos a domicilio. Estoy muy convencida de que este cambio de visión que pone al paciente en el centro de la ecuación y despeja el interés económico va a redundar en una mejor asistencia para los pacientes.
Además de poner al paciente en el centro de la ecuación, están dando cumplimiento a un compromiso adquirido con la ciudadanía en las pasadas elecciones.
Así es, estamos en un tiempo en el que a veces es difícil dar credibilidad a la política porque muchas veces se dice una cosa y se hace la contraria. Esto es el ejemplo práctico de que un Gobierno de cambio apostó por devolver la sanidad a lo público, se comprometió con el departamento de Alzira y va a ser una realidad. Esto también crea cierto orgullo y satisfacción de poder comprometer la palabra y cumplirla.
